Hugo Aboites* La Jornada 12 octubre 2013
Una vez que la representación de la cúpula empresarial (Mexicanos Primero) controla la agenda de cambios en la educación (incluyendo los constitucionales y legales), el medio es el mensaje. Es decir, que la manera como este cambio ocurrió y las mismas leyes aprobadas ofrecen una primera e importante visión de lo que significa la calidad para los empresarios.
1. Para empezar, la forma en que con la colaboración del Congreso se impuso el nuevo orden jurídico nacional de la cúpula empresarial está diciendo que una educación de calidad ciertamente no es un conjunto de prácticas y contenidos resultado de un proceso escalonado de participación, diálogo y consensos entre maestros, estudiantes y padres, comunidades, especialistas, autoridades y Congreso, ni tampoco compromisos verdaderamente democráticos (y por eso mismo más eficaces), sino lo que se genera a partir de una decisión impuesta desde arriba, sin titubeos, ni concesiones. Acostumbrados a ser obedecidos sin chistar, el planteamiento autoritario de los empresarios incluso incorpora expresiones propias de ofensiva militar o una cruzada y se habla de “tomar la plaza” (presidente de Mexicanos Primero) para imponer así la ley y el orden de la calidad.
2. No es sorpresa entonces el mensaje que envían las leyes secundarias: además de imposición, la calidad es algo que requiere de una autoridad exigente dotada de la mayor discrecionalidad posible. Por esta razón, con la reforma, los maestros quedaron fuera del marco de salvaguardas que establece el artículo 123 constitucional y la ley federal de trabajadores al servicio del Estado, y por eso la autoridad educativa puede ahora imponerles evaluaciones a los maestros y, a partir de éstas, dar por concluidos sus servicios, mediante despido, readscripción o retiro (artículo 53 del servicio profesional docente, SPD). Ahora en cualquier momento y sin razón alguna la autoridad puede declarar probable infractor a un docente y eventualmente sancionarlo (artículo 75, SPD). Puede también despedirlo fulminantemente en caso de tres faltas de asistencia (artículo 76, SPD) o por no presentarse a las evaluaciones y cursos de capacitación, entre otras (artículos 69 y 74, SPD). En todos estos trances el maestro, además, se enfrentará solo a todo el poder del Estado: se suprime la bilateralidad y la participación del sindicato en su defensa.
3. El mensaje es también que la calidad no tiene significado igual para todos. En efecto, en el caso de las escuelas públicas las sanciones y despidos se presentaron como parte indispensable para garantizar el logro de la calidad. Sin embargo, cuando se trata de escuelas privadas, ahí es otra historia: “Para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por particulares, las autoridades educativas… evaluarán el desempeño de los maestros” de estas instituciones con fines de capacitación y certificación, pero nada de sanciones o despidos (artículo 21, ley general de educación), para no afectar a prepas como las del ITESM y similares. Evaluación no punitiva también para los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (artículo 20 transitorio, SPD), gracias a la gestión de su directora, y exención total a los universitarios, por un obvio cálculo político y la autonomía (artículo 1º, SPD). La calidad se descubre así como un concepto-arma de clase de empresarios, específicamente contra los maestros de las escuelas públicas. Un trato que indigna a docentes y padres de los niños y jóvenes que en su mayoría son atendidos por trabajadores públicos. A éstos, todo el peso de la calidad; a los otros, gracia.
4. Calidad puede significar además que se diluyan de la educación pública los contenidos que resulten inapropiados al nuevo ambiente empresarial. Por ejemplo, cuando se quiera definir la calidad como formación ciudadana, cuidado con hacer referencia a la participación en procesos de radical transformación social, o siquiera a planteamientos del propósito de la educación del tercero constitucional. En el Proyecto Bolonia, la visión empresarial optó por entender compromiso ciudadano vagamente como el interés por el bienestar común y esto medido con la participación en eventos deportivos o culturales (Beneitone, 2007:85). Pero acá, en un contexto de mayor y más burda exigencia empresarial (Mexicanos Primero, Televisa a la cabeza), hasta podríamos ver qué calidad y ciudadanía significan algo así como ver jugar al América y aportar al Teletón.
Sí, la reforma se aprobó, pero su legitimidad sigue cayendo: maestros, padres y estudiantes no sólo toman escuelas, sino se niegan a ser inventariados (censo de escuelas, maestros y alumnos) como elementos del capital humano de la gran empresa que comienza a ser la educación.
*Profesor-investigador, Departamento de Educación, UAM-X
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