martes, 31 de mayo de 2011

¿Ciudad Heroica?




Francisco Rivas Linares

Ciudad Heroica es un título honorífico que se concede a las urbes, cuya población se caracterizó por actos de resistencia que rayaron en la proeza; oposición valiente para rechazar a los invasores que pretendieron someterlos a explotaciones y sufrimientos.
La inscripción de ciudades heroicas la han merecido Cartagena de Indias, Colombia; Veracruz, México; Tacna, en Chile; las doce ciudades rusas que se opusieron al dominio nazi de las huestes de Hitler; la tres veces heroica ciudad de Zitácuaro, Michoacán; Tlaxiaco, en Oaxaca; Chiclayo, en Perú, entre otras más.
La población de las ciudades que alcanzaron el galardón en comento, ha sido la principal protagonista en las luchas sociales, en la persistencia de conquistar su liberación rompiendo las ataduras de la discriminación y los tratos humillantes para recuperar su dignidad.
A Ciudad Juárez, Chihuahua se le ha concedido tal designación honorífica. En un dejo de cinismo, las autoridades de los tres niveles la han condecorado como heroica; por lo que en lo sucesivo se le conocerá como Heroica Ciudad Juárez
El decir oficial que dan por fundamento, es la resistencia encomiable a los embates de la delincuencia organizada. Sin embargo es evidente que la población vive subyugada no sólo por los criminales, sino incluso por las propias fuerzas policiales. La población ha demostrado capacidad de aguante, más que de resistencia.
Aguante al menosprecio, a la indiferencia, a la indolencia de las autoridades y políticos que humillan con la espera de una justicia ausente. Y por eso resulta cínica la decisión oficialista de etiquetarla como heroica.
Enero de 1993 marca el inicio de una cadena de crímenes cometidos en la población femenina. La primera víctima fue una niña de nombre Alma Chavira. Luego han seguido muchas otras mujeres asesinadas, violadas y/o desaparecidas.
Sus cuerpos destrozados, con el rictus del dolor de la tortura a que fueron sometidas, fueron apareciendo en serie en lugares distintos: Lote Bravo, colonia La Nueva Hermila, en las faldas del Cerro del Cristo Negro, Granjas Santa Elena y el Puente Libre que une a Juárez con el Paso Texas.
Sólo en el 2010 se sumaron 3,100 mujeres asesinadas, y 300 en el primer mes y medio del presente año. Sin embargo se supone mayor el número, por lo que la cifra resulta controvertida.
Las autoridades –como ya es su naturaleza- han sido omisas. No atienden con prontitud las denuncias y la impunidad campea en este girón patrio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha responsabilizado al Estado Mexicano de una falta de investigación adecuada.
Por cuanto a los crímenes cometidos por la delincuencia organizada y que son atribuidos específicamente a los cárteles del narcotráfico, la estadística precisa que una de cada tres personas muertas en este tipo de hechos perdió la vida en Ciudad Juárez. Por cada 100 mil habitantes la tasa de homicidios es de 229. Ahí se localiza la tasa de ejecución de menores más alta del país. Los menores se han transformado en las víctimas colaterales de esta guerra loca. Y por eso se le conoce como la ciudad más violenta del mundo.
La población se ha encarado a las autoridades en un reclamo sostenido por la investigación de los hechos y su penalización correspondiente. Más lo único que ha obtenido, es un escenario fingido en el que intervienen policías federales y el ejército, sin que se tengan resultados fehacientes de la aplicación de la justicia.
Ciudad Juárez no reclama título honorífico alguno derivado de conductas cínicas. Lo que demanda es la presencia de una justicia ausente.

sábado, 21 de mayo de 2011

El caso del "Colegio San Felipe" de Oaxaca

Felipe Canseco, abogado defensor del menor abusado sexualmente en el Instituto San Felipe de Oaxaca habla sobre lo que, a su dicho, son inconsistencias que influyeron en la resolución de la SCJN en torno al caso del menor.

Link de la entrevista con Carmen Aristegui:

http://www.noticiasmvs.com/entrevistas/primera-emision-con-carmen-aristegui/felipe-canseco-con-carmen-aristegui-368.html

lunes, 9 de mayo de 2011

Por un México en paz con justicia y dignidad




Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.

Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente.

(...) La guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.

Frente a este escenario, el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública, no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles.

(...) Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta, es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos, generando 40 mil ejecuciones en lo que va del sexenio. Sólo en el mes pasado, en abril, se contabilizaron mil 427 asesinatos, considerando los cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país: más de 230 mil personas desplazadas, 10 mil huérfanos (la Redim calcula 30 mil aunque no es una cifra oficial), 10 mil secuestros de migrantes, más de 30 alcaldes asesinados.

(...) Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles.

(...) La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país: 98.3% de los delitos quedan impunes. Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.



II. Visión común con exigencias mínimas y compromisos



(...) Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad.

(...) A. Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad. (...) Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.

B. Exigimos a las autoridades estatales y federal (...) la resolución pública que presente (...) a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, entre ellos: la familia Reyes, (...) Marisela Escobedo y su hija Rubí, (...) Bety Cariño y Jiri Jaakola, (...) las niñas y niños de la guardería ABC, (...) la familia Le Barón, (...) los jóvenes de Villas de Salvárcar, (...) los jóvenes de Morelos.

C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olvidar y exigir justicia, colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.

2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.

A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos.

(...) B.I. Exigimos que antes de dos meses los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

B.II. Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

(...) 3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.

A. Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.

B. Exigimos que, en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y de crimen organizado.

4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.

A. La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de “protección” y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.

B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.

(...) 5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.

A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.

B. Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior; un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.

6. Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.

La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.

Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.

Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece, la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.



III. Para iniciar el camino



(...) Proponemos dos momentos para lograr esto: un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y en un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos, de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.

Este momento requiere la participación de todas y todos; el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional, para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación.

(...) El 10 de junio nos reuniremos en Ciudad Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los 6 puntos.

(...) Durante este periodo hasta el 10 de junio, las Comisiones, con las aportaciones del resto de la sociedad civil, irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia. Invitamos a toda la ciudadanía, en las comunidades, barrios, colonias, lugares de trabajo, a aportar en esta discusión y construir “espacios de reflexión y acción colectiva nacional” permanentes.

(...) Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero. l



Fragmentos del documento mediante el cual el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia convoca a la firma de un pacto nacional hacia la construcción de un México verdaderamente justo, digno y seguro.

Semanario "Proceso" 1801

Felipe Calderón: El "juntacadáveres"




Francisco Rivas Linares

“Por ética, uno tiene que ser responsable de sus acciones, y lo primero es aceptar un error. En este caso, se actúa contra la ética, cuando es evidente que la estrategia es equivocada y tiene grandes costos humanos; cuando el pueblo está clamando un cambio y la persona se enterca. A eso se le llama soberbia.” Teólogo Fr. Julián Cruzalta Aguirre, al referirse a Felipe Calderón como un gobernante que “no escucha, no evalúa, no mira…”



En 1964 el escritor uruguayo, Juan Carlos Onetti, publicó una de sus novelas bajo el título de Juntacadáveres (dos palabras simples unidas formando una palabra compuesta). El personaje central de la obra, cuyo nombre es Larsen, es un sujeto de nula moralidad que se dedica a enganchar prostitutas para instalar un burdel en su pueblo natal: Santa María, un lugar que transpira tristeza y pesimismo.

Las mujeres enroladas tenían como característica común la de ser mujeres añosas, llamándoles –por lo mismo- cadáveres. Su condición de adultas mayores era razón suficiente para ser rechazadas en otros prostíbulos, quedando a merced de Larsen, único proxeneta que las contrataba para que ofrecieran sus servicios en su negocio. Por eso se le conoció con el apodo de Juntacadáveres.

Me tomaré la licencia de utilizar la metáfora que el escritor Onetti aplica en la obra señalada, para disponer literalmente del apodo Juntacadáveres y endosarlo a quien, buscando su legitimidad, dio un escobazo al avispero y levantó la cuña de esta singular tragedia nacional que vivimos y padecemos.

Javier Sicilia, poeta, periodista y sufriente –además- del asesinato de su hijo Juan Francisco, declaró al iniciar la marcha por la justicia y la paz, que Felipe Calderón “no entiende y no ha entendido lo que es ser un representante ciudadano ni un presidente”. Aludía así a la insensibilidad del cuasigobernante que se ha negado reiteradamente a escuchar a la sociedad.

Sin que le fuera suficiente sentarse en las bayonetas para usurpar la presidencia de la república, Felipe Calderón ha enrolado a la población civil en una guerra a tontas y a locas, pues ni pensó en las consecuencias de su arrebato bélico ni planteó una estrategia paralela de justicia social.

Cuarenta mil muertos y se siguen exhumando difuntos de las fosas clandestinas. Diez mil desaparecidos y los secuestros cometidos por policías corruptos y sicarios se incrementan. Cada día, cada hora, cada minuto, la numeralia de asesinatos y desaparecidos está creciendo. Felipe Calderón se ha convertido en un Juntacadáveres.

Regularmente la presidencia se dirige a la población para dar pésames y condolencias. Para repartir culpas. Para reclamar la comprensión, la misma que ha negado a las familias dolientes en la pérdida de sus seres amados.

Retador, insolente y majadero, espetó el hombre el cinco de mayo: Hay quienes “de buena o mala fe, quisieran ver a nuestras tropas retroceder; a las instituciones bajar la guardia y darle simple y llanamente el paso a las gavillas de criminales; (pero) eso no puede y no va a ocurrir, porque tenemos la ley y porque tenemos la fuerza y vamos a ganar”.

¿Tenemos? ¿A quienes se refiere? ¿A los poderes fácticos? ¿A la oligarquía? Hay que recordarle a este aturdido el contenido del artículo 39 constitucional que dice: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

Y al citar al poeta y ensayista oaxaqueño Andrés Henestrosa, delató su problema sicológico al desearse héroe, apóstol, libertador, mártir, profeta y un “poeta que con su canto levanta murallas para defender a la patria”.

Contrasta lo anterior con la dramática petición que le hizo a Ratzinger en su visita al Vaticano. Le dijo con humildad: “Santo Padre, gracias por su invitación, gracias a usted y a la Iglesia. Le traigo una invitación del pueblo mexicano, de los mexicanos para que visite nuestro país que al momento sufre mucha violencia. Ellos le necesitan mucho, más que nunca, estamos sufriendo”.

Al final de este texto, se puede apreciar que utiliza la tercera personas del plural: Ellos le necesitan mucho, refiriéndose a sus gobernados, pues se deduce que él no lo necesita. Sin embargo concluye con la primera persona del plural: (nosotros) estamos sufriendo.

La antítesis (en este caso ellos-nosotros) es una figura que emplean regularmente los que trampean con el lenguaje pero que dejan entrever su personalidad persuasiva y engañosa.

Me pregunto, ¿qué pensará de sí mismo el señor Calderón, cuando todas las mañanas se mira al espejo? ¿Qué complejos ocultos le brotan cuando siente el poder de la ley y la fuerza para decidir el destino de 110 millones de mexicanos?

Desde el 16 de diciembre de 2006, Felipe Calderón lanzó al depósito de los trebejos sus compromisos de campaña, para convertirse en un tenebroso presidente juntacadáveres

¿Cuánta soledad, cuánto abandono, cuánto oprobio se habrá juntado en estos minutos que destino para escribir la presente colaboración?

POR UNA SOCIEDAD SIN AGACHADOS: ¡NO MÁS SANGRE! ¡BASTA DE SANGRE!