Extraviado en la nostalgia del sistema hegemónico-autoritario que predominó durante la época del priato, Felipe Calderón ha decidido invadir nuestra entidad con fuerzas policiacas y castrenses, pretextando combatir al crimen organizado.
En el agobio de los operativos y su correspondiente difusión profusa en los medios nacionales e internacionales, subyace la satisfacción de un ego mesiánico que raya en los afanes demenciales de verse reconocido como el “héroe” de los rancios pasquines de su infancia.
Y así lo ha calificado Anthony Placido, Director de Operaciones de Inteligencia de la DEA, al extender constancia de la erosiva respuesta que el hombre de los Pinos ha dado al asedio de los delincuentes, sin importarle el debate sobre los puntos diferenciales de tal estrategia equivocada.
Los veneros financieros que alimentan al crimen organizado no han sido tocados. El cálculo de no molestar a la banca que los resguarda para no entrar en conflicto con intereses extranjeros, domina en sus decisiones y opta por romper la tranquilidad social con el tránsito y el accionar de pujanzas policiacas y castrenses, aún a costa de violentar los derechos humanos y las garantías individuales que nos asisten constitucionalmente.
El análisis crítico está ausente en los parlamentos del gabinete presidencial. Tal parece que el ejercicio de la racionalidad se ha cancelado en aras de ofrecer incienso al tlatoani sexenal. Y la rudeza, producto de una relación de fuerza, se antepone al actuar inteligente.
Oponernos a la ruptura arbitraria del pacto federal es una demanda de conciencia. Frenar los ímpetus tiránicos constituye un factor de ética y decoro nacional, evitando así la ruptura de la estabilidad social que ya se vislumbra.
Reclamamos el retorno a los cuarteles de la milicia. Rechazamos su uso utilitario para la vanagloria de un personaje que en su shock demencial se adjetiva como salvador de la humanidad.
El combate al crimen organizado deberá darse en paralelo con el de la corrupción que impera en las corporaciones policiales y otros ámbitos.
¡Basta de ventear miedos!
¡No más exaltación de la fuerza!
¡Contra la perversidad del centralismo del régimen!
Morelia, Mich., julio de 2009
Francisco Rivas Linares
jueves, 30 de julio de 2009
miércoles, 22 de julio de 2009
Mentir para gobernar
En nuestro país se ha instalado la mentira compulsiva. Mienten los gobernantes, los comunicadores, los funcionarios, los sacerdotes, los empresarios y todos aquellos que de alguna manera ejercen cualquiera de las formas de poder o dominio.
La mentira se esgrime para ordenar, influir, anunciar, explicar, informar, rendir cuentas, desahogar, convencer, contagiar; o simple y llanamente por ingenuidad, impotencia, costumbre o rito.
Los políticos mienten para satisfacer sus afanes de sustituir lo patético de la realidad a la que nos han conducido, por un mundo fantástico de felicidad milagrosa. En el primer sexenio panista nos construyeron “foxilandia”. En el transcurso del presente, ya transitamos por los caminos optimistas de “calderolandia” en donde se erigen escenografías de buenas noticias para ocultar el monto escandaloso de la deuda pública, la sustantiva pérdida del empleo, el aumento de las estadísticas de la pobreza, y las brutales ejecuciones sin esclarecimiento ni castigo.
Los funcionarios y políticos nos expresan las mentiras de manera deliberada, consciente y sistemática para hacernos vivir un país de simulación. No les importa que sean corrosivas, duras o amargas. Lo que importa es mentir para justificar su irresponsabilidad y salvar “el hueso”.
El Secretario de Gobernación declaró que el gobierno no pactaba con delincuentes. Sin embargo, trata con testigos protegidos que en buena medida son delincuentes quienes a cambio de información buscan ser beneficiarios en la condonación parcial o total de sus condenas.
Hemos escuchado grabaciones telefónicas que evidencian la ejecución de algún delito (el caso Lydia Cacho es paradigmático). Pero por conveniencia política se pacta y la impunidad deja sin castigo al o los delincuentes.
El Colegio de México ha publicado el resultado de su investigación sobre la pobreza, concluyendo que en los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón ésta se incrementó a niveles de riesgo, pues toca ya los dinteles de los 80 millones de habitantes en tal situación. Más el Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, ha declarado que “pese al incremento en el número de pobres, vamos por el camino correcto”.
Y así se extravían en una verborrea cantinflesca, cuya lucidez se obscurece por la pobreza de sus premisas. Hay inconsistencia, hipocresía y falsedad. Todo por los afanes de engañar para deslizarse sobre el piso de las mentiras. Todo por sostenerse en una chambonería como broza descerebrada.
Reafirmamos la aseveración de la escritora Sara Sefchovich: “LA FORMA DE GOBERNAR EN NUESTRO PAÍS CONSISTE EN MENTIR”.
Finalmente haré un comentario breve sobre la imagen que hoy se difundió en los medios televisivos en cadena nacional, donde se aprecia la arrogancia del Secretario de Gobernación Gómez Mont contrastando con la de un gobernante humillado (Leonel Godoy Rangel) y a quien como escolar regañado lo pusieron a leer lo que seguramente no sucedió en el cónclave secreto.
Felipe Calderón con sus operativos fandango ha puesto a los michoacanos de rodillas. Es tal su resentimiento que ha decidido gobernarnos para satisfacer sus ansias de venganza.
miércoles, 15 de julio de 2009
Hacia un Estado fallido
La falta de efectividad en el ejercicio del gobierno, siempre deviene en Estado fallido. La significación exacta del concepto pudiéramos centrarla en la debilidad que denota el Estado por cuanto a la conducción de los asuntos inherentes al buen régimen.
Ante la sumatoria de los acontecimientos que se han venido engarzando desde que inició el sexenio del señor Calderón, cobra fuerza la impresión de que nos encontramos en un navío sin horizontes definidos cuyo capitán adolece de un estupor catatónico; es decir, es resistente a lo que ocurre en su entorno, puesto que no sabe dar lectura a lo que demandan sus gobernados.
Los niveles óptimos de violencia; la impunidad que se concede a quienes han tejido redes de complicidad por el ejercicio del poder; el incremento desproporcionado de los índices de la pobreza extrema; la inflación que se deja caer sobre los productos de la canasta básica; la incapacidad del gobierno para liberarse de los poderes factuales y su ineptitud para proporcionar a su pueblo los espacios temporales de tranquilidad para tomar sus respiros necesarios, son condiciones particulares de lo que se conoce como Estado fallido.
Agreguemos otras que -como complemento a las enunciadas- ya se les reconoce su existencia en algunas regiones del país, principalmente en zonas indígenas declaradas en rebeldía. Estas son las milicias privadas o guardias blancas y los grupos paramilitares.
Si bien no nos comparamos con regiones como Somalia, Afganistán, Sudán o el Congo, no debemos tampoco trivializar la crisis que estamos viviendo y a la que nos han llevado los pésimos gobernantes de los últimos 20 años.
Tenemos que aceptar nuestra verdad por dolorosa que nos parezca, esa verdad que nos golpea cotidianamente y que se manifiesta en gobiernos endebles ante las fuerzas del crimen y los intereses particulares. Gobiernos que nos han sembrado penurias y que demuestran incapacidad para proporcionarnos justicia pronta y expedita.
En la aceptación de tal verdad, irá implícita nuestra toma de conciencia para sentir la necesidad de organizarnos, a fin de sacudirnos la rémora de políticos que se niegan a construir una agenda social y únicamente piensan en términos de procesos electoreros. Ahora viviremos la contienda por la sucesión del 2012.
No quiero concluir sin antes expresar mi enojo por la insensibilidad con que se han conducido todos los niveles de gobierno, ante la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Cuando fue secuestrado y asesinado el hijo de un prominente empresario, se convocó a la sociedad a manifestarse multitudinariamente, vestidos de blanco y con velas y antorchas.
La República sesionó en pleno en el Palacio Nacional. Los tronantes reclamos al gobierno rayaron en el pedimento de su renuncia. Y en el oropel de la pompa, se desgarraron las vestiduras y se marcaron plazos.
Ahora la tragedia se cebó en las familias de trabajadores. La negligencia quedó descubierta y se tradujo en un horrendo infanticidio múltiple. Mas el desdén de las autoridades resulta tan doloroso como el crimen mismo. Todas las puertas están cerradas para la justicia que se reclama. Y en el colmo, los ministros de la Suprema Corte optaron por su jolgorio vacacional, hundiendo en la humillación de la espera la impartición de la justicia.
(Bien lo dice Lourdes Aguirre Beltrán Beltrán, lectora del diario La Jornada, en una Décima publicada como comentario a tal noticia y misma que transcribo:
Hoy ninguno es responsable/ todos se echan la pelota/ que por la atmósfera flota/ La justicia ya no es viable/ La Corte, en forma execrable/ se retira a descansar/ Los padres pueden gritar/ pueden llorar su dolor/ La Corte, sin pundonor/ se ha ido a vacacionar.)
Conviene recordar lo que nos cuestan estos once ministros: Su salario actual es de 347 mil 647 pesos mensuales. Además, reciben una prima quincenal y vacacional, equivalente al 50 por ciento de diez días de sueldo base. Tienen 40 días de aguinaldo; ayuda para anteojos y pagos por defunción; dos vehículos a su disposición; teléfono celular; internet móvil; gastos de alimentación; seguros de vida colectivo, de retiro, de gastos médicos mayores y de separación individualizado; estímulos de jubilación y antigüedad; estímulo del día de la madre, en su caso; y tres bonos trimestrales con un mes de sueldo cada uno. El Ministro Ortiz Mayagoitia recibe además compensación por ejercer la presidencia y Mariano Azuela pensión por decanato.
¿Y para qué nos sirven? ¡Ah…! Pobre de mi país con su sistema costoso, asfixiante, inefectivo y torpe!
miércoles, 8 de julio de 2009
¿Dónde quedó la transición?
Felipe Calderón entra a la segunda mitad de su sexenio, con una realidad estrujadora y humillante para todos los mexicanos. Cual aprendiz de brujo, la patria se le va deshaciendo entre las manos. Aquí algunas referencias:
De conformidad con los datos expuestos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nuestro país ocupa el último lugar en crecimiento económico, con una tasa anual de menos 1.2 por ciento, lo que constituye el peor resultado en los últimos 80 años.
A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nos ha anunciado que en el presente año nuestra economía sufrirá un desplome por el orden del 8% con las repercusiones drásticas -por obvias- en la población cautiva de las decisiones erráticas de este gobierno panista.
Por cuanto a educación se refiere, ha quedado demostrado ante las instancias internacionales el modelo excluyente que domina este servicio. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, resalta que el 50por ciento de los mexicanos que tienen edad para cursar el nivel básico y el bachillerato están fuera del sistema. Vaticinan que para superar tan escandaloso rezago, nos llevaría cien años.
En lo que se refiere a la seguridad pública y justicia penal, Amnistía Internacional ha declarado que México es un país de leyes sin justicia, porque las instituciones responsables para tal propósito, han estado siendo utilizadas de manera facciosa. En el informe de este organismo, se denuncia que “en casi todo el país se registran detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura, y no obstante que los detenidos son presentados ante el juez con signos evidentes de golpes y maltrato, así se les condena”.
Agreguemos a lo anterior las 11 mil 125 ejecuciones que en tres años se han consumado, como resultado de una guerra loca declarada contra el crimen organizado, sin considerar sus condiciones expansionistas territoriales, aún allende las fronteras.
Ahora bien. Una de las consecuencias derivadas de los privilegios fiscales proporcionados al gran capital, es el hoyo en la hacienda pública equivalente a los 300 mil millones de pesos para este año, declaración hecha por el propio gobierno federal. Y se nos amenaza que será peor para el año 2010.
Naturalmente que para paliar parcialmente este escollo económico, vuelve a ventilarse la idea de aplicar el impuesto al valor agregado tanto a los alimentos como las medicinas; es decir, al pueblo se le endosa el pago de la factura de tal complicidad gubernamental.
Por eso cuando José Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, aseveró que la economía de nuestro país era un desastre y una demolición, nadie lo desmintió puesto que las evidencias están expuestas.
La corrupción galopa en caballo de hacienda. El desempleo en aumento sostenido. Un gobierno chaperón de los bancos usureros. Emigración constante de nuestros connacionales que van en busca de mejor futuro para sus familias, perdiendo la vida muchos miles en su osadía. Impunidad para los delincuentes de cuello blanco. Explotación infantil en aumento… En fin, esta es nuestra realidad de espanto.
¿Y la transición dónde quedó?
martes, 30 de junio de 2009
ISSSTE, nueva jurisprudencia
(El presente artículo fue publicado en el diario La Jornada del día 6 de junio de 2009, cuya autoría corresponde al analista Arturo Alcalde Justiniani. Se reproduce para información y reflexión de los visitantes a este blog.)
Aun cuando la legislación laboral ha cambiado poco los últimos años, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito ha sido prolífica, convirtiéndose en un medio cada vez más importante para la interpretación y aplicación de criterios en materia de trabajo. Por su carácter obligatorio para los juzgadores y siendo casi equiparables a una ley, es fundamental conocerlas y promover que en su proceso de creación se escuche la opinión ciudadana y de los foros especializados.
La segunda sala del máximo tribunal recientemente dictó dos jurisprudencias de gran trascendencia en favor de la democratización sindical, referidas a la obligatoriedad del voto secreto en los recuentos sindicales y a un mejor sistema de conteo para determinar el sindicato ganador de dicha consulta. En contraste, es de lamentar una reciente jurisprudencia que lesiona el derecho a la pensión de millares de trabajadores del sector burocrático.
En sesión celebrada el pasado 6 de mayo se emitió la jurisprudencia 41/2009, la cual fija un nuevo criterio para el cobro de las pensiones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se trata de un tema de gigantesca importancia, toda vez que los servidores públicos afiliados a esta institución sufren la contradicción entre el salario o la remuneración percibida durante su vida activa y el monto de la pensión que se les cubre.
Esta incongruencia se origina en una política presupuestal diseñada por el gobierno federal que omite cubrir al ISSSTE las cuotas de seguridad social sobre la base de las percepciones reales del trabajador, o sea, tan sólo paga por una parte.
El salario del trabajador al servicio del Estado se compone, generalmente, de tres renglones: el salario base, el sobresueldo y la compensación garantizada. En algunas dependencias, los pagos adicionales tienen nombres tales como quinquenio, prima de antigüedad o apoyo al trabajo universitario; es amplia la gama de denominaciones entre una y otra, creadas con la evidente intención de omitir el cumplimiento de las obligaciones laborales y el costo de la seguridad social, siguiendo una política de simulación, ya que sólo se paga considerando el salario base y no el resto de las prestaciones. Por lo que se refiere al concepto compensación garantizada, la afectación es de dimensiones mayores, tomando en cuenta que su relación con respecto al monto del salario base suele ser de una cuantía hasta 10 veces superior.
Al final de la vida laboral los trabajadores se enfrentan a la triste realidad de que sus pensiones se limitan al reducido monto del sueldo base. El ISSSTE se justifica señalando que el cálculo lo realiza con base en las cuotas aportadas por la dependencia; esto es, las mismas se reducen al salario base sin tomar en cuenta el resto de elementos integrantes del salario; consecuentemente, la pensión se limita al monto de lo aportado.
Los trabajadores afiliados al ISSSTE se encuentran en estado de indefensión frente a esta injusta política que los priva de un derecho fundamental, ya de por sí acotado a un máximo de 10 salarios mínimos mensuales. Para defenderse, han acudido a juicios ante los tribunales con el fin de que su pensión se ajuste al salario real, considerando especialmente el monto de la compensación garantizada.
Se trata de juicios largos, de varios años, triste realidad de nuestra justicia, pero finalmente eran resueltos en favor del pensionado. Esta alternativa, aunque difícil, se apoyaba en la jurisprudencia 126/2008, dictada hace tan sólo nueve meses por la misma segunda sala. Conforme a este criterio aplicable a los trabajadores afiliados antes del 31 de marzo de 2007 (toda vez que la nueva ley entró en vigor al día siguiente), se obligaba al ISSSTE a calcular el monto de las pensiones considerando el sueldo, el sobresueldo y la compensación; correspondía obviamente a este instituto cobrar al gobierno federal-patrón el diferencial en el monto de las cuotas no cubiertas.
El criterio sostenido en la jurisprudencia 126/2008 era congruente con la ley y también con la interpretación del pleno de la Suprema Corte contenido en la sentencia dictada en 2008, con motivo de los miles de amparos promovidos por servidores públicos en contra de la nueva ley del ISSSTE del 2 de abril de 2007. En la misma, dejó claro que el salario de los trabajadores al servicio del Estado debe integrarse con el salario base, el sobresueldo y las cantidades adicionales cubiertas al trabajador como compensación.
El giro expresado en la jurisprudencia 41/2009 incrementa en términos prácticos la indefensión de los servidores públicos y fortalece la impunidad con la que actúa el gobierno federal como patrón al negarse a cumplir con la ley. En efecto, los trabajadores ya no podrán acudir a los juicios que les permitían corregir su pensión atendiendo a su salario real.
El cambio de opinión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia seguramente estuvo sustentado en el argumento del ISSSTE que sostiene carecer de recursos económicos para pagar las pensiones a las que era condenado por los tribunales. En efecto, a dicha institución, al no recibir las cuotas correctas, se le genera un déficit. El punto era definir por cuál vía corregir este incumplimiento, si castigando a los servidores públicos impidiéndoles el derecho a reclamar ante ese instituto sus pensiones correctas u obligar al gobierno federal a pagar integralmente las cuotas en términos de ley. Se optó por el primer camino, en contravención a los principios que rigen nuestra legislación laboral. El violador de la ley resulta ahora premiado.
Nuevamente los trabajadores al servicio del Estado tendrán que rediseñar sus estrategias políticas y legales para hacer cumplir la ley, a pesar de esta jurisprudencia. Nunca ha sido fácil la defensa de sus derechos, pero seguramente encontrarán la vía para que el responsable de este entuerto, el gobierno federal, respete la ley.
Aun cuando la legislación laboral ha cambiado poco los últimos años, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito ha sido prolífica, convirtiéndose en un medio cada vez más importante para la interpretación y aplicación de criterios en materia de trabajo. Por su carácter obligatorio para los juzgadores y siendo casi equiparables a una ley, es fundamental conocerlas y promover que en su proceso de creación se escuche la opinión ciudadana y de los foros especializados.
La segunda sala del máximo tribunal recientemente dictó dos jurisprudencias de gran trascendencia en favor de la democratización sindical, referidas a la obligatoriedad del voto secreto en los recuentos sindicales y a un mejor sistema de conteo para determinar el sindicato ganador de dicha consulta. En contraste, es de lamentar una reciente jurisprudencia que lesiona el derecho a la pensión de millares de trabajadores del sector burocrático.
En sesión celebrada el pasado 6 de mayo se emitió la jurisprudencia 41/2009, la cual fija un nuevo criterio para el cobro de las pensiones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se trata de un tema de gigantesca importancia, toda vez que los servidores públicos afiliados a esta institución sufren la contradicción entre el salario o la remuneración percibida durante su vida activa y el monto de la pensión que se les cubre.
Esta incongruencia se origina en una política presupuestal diseñada por el gobierno federal que omite cubrir al ISSSTE las cuotas de seguridad social sobre la base de las percepciones reales del trabajador, o sea, tan sólo paga por una parte.
El salario del trabajador al servicio del Estado se compone, generalmente, de tres renglones: el salario base, el sobresueldo y la compensación garantizada. En algunas dependencias, los pagos adicionales tienen nombres tales como quinquenio, prima de antigüedad o apoyo al trabajo universitario; es amplia la gama de denominaciones entre una y otra, creadas con la evidente intención de omitir el cumplimiento de las obligaciones laborales y el costo de la seguridad social, siguiendo una política de simulación, ya que sólo se paga considerando el salario base y no el resto de las prestaciones. Por lo que se refiere al concepto compensación garantizada, la afectación es de dimensiones mayores, tomando en cuenta que su relación con respecto al monto del salario base suele ser de una cuantía hasta 10 veces superior.
Al final de la vida laboral los trabajadores se enfrentan a la triste realidad de que sus pensiones se limitan al reducido monto del sueldo base. El ISSSTE se justifica señalando que el cálculo lo realiza con base en las cuotas aportadas por la dependencia; esto es, las mismas se reducen al salario base sin tomar en cuenta el resto de elementos integrantes del salario; consecuentemente, la pensión se limita al monto de lo aportado.
Los trabajadores afiliados al ISSSTE se encuentran en estado de indefensión frente a esta injusta política que los priva de un derecho fundamental, ya de por sí acotado a un máximo de 10 salarios mínimos mensuales. Para defenderse, han acudido a juicios ante los tribunales con el fin de que su pensión se ajuste al salario real, considerando especialmente el monto de la compensación garantizada.
Se trata de juicios largos, de varios años, triste realidad de nuestra justicia, pero finalmente eran resueltos en favor del pensionado. Esta alternativa, aunque difícil, se apoyaba en la jurisprudencia 126/2008, dictada hace tan sólo nueve meses por la misma segunda sala. Conforme a este criterio aplicable a los trabajadores afiliados antes del 31 de marzo de 2007 (toda vez que la nueva ley entró en vigor al día siguiente), se obligaba al ISSSTE a calcular el monto de las pensiones considerando el sueldo, el sobresueldo y la compensación; correspondía obviamente a este instituto cobrar al gobierno federal-patrón el diferencial en el monto de las cuotas no cubiertas.
El criterio sostenido en la jurisprudencia 126/2008 era congruente con la ley y también con la interpretación del pleno de la Suprema Corte contenido en la sentencia dictada en 2008, con motivo de los miles de amparos promovidos por servidores públicos en contra de la nueva ley del ISSSTE del 2 de abril de 2007. En la misma, dejó claro que el salario de los trabajadores al servicio del Estado debe integrarse con el salario base, el sobresueldo y las cantidades adicionales cubiertas al trabajador como compensación.
El giro expresado en la jurisprudencia 41/2009 incrementa en términos prácticos la indefensión de los servidores públicos y fortalece la impunidad con la que actúa el gobierno federal como patrón al negarse a cumplir con la ley. En efecto, los trabajadores ya no podrán acudir a los juicios que les permitían corregir su pensión atendiendo a su salario real.
El cambio de opinión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia seguramente estuvo sustentado en el argumento del ISSSTE que sostiene carecer de recursos económicos para pagar las pensiones a las que era condenado por los tribunales. En efecto, a dicha institución, al no recibir las cuotas correctas, se le genera un déficit. El punto era definir por cuál vía corregir este incumplimiento, si castigando a los servidores públicos impidiéndoles el derecho a reclamar ante ese instituto sus pensiones correctas u obligar al gobierno federal a pagar integralmente las cuotas en términos de ley. Se optó por el primer camino, en contravención a los principios que rigen nuestra legislación laboral. El violador de la ley resulta ahora premiado.
Nuevamente los trabajadores al servicio del Estado tendrán que rediseñar sus estrategias políticas y legales para hacer cumplir la ley, a pesar de esta jurisprudencia. Nunca ha sido fácil la defensa de sus derechos, pero seguramente encontrarán la vía para que el responsable de este entuerto, el gobierno federal, respete la ley.
lunes, 22 de junio de 2009
La sordidez de la jodienda
En estos tiempos de miseria democrática, la demanda de justicia social es el grito sostenido de las víctimas de la desigualdad. Un grito desgarrador. Grito de reclamo, de impotencia y odio.
El cinismo y la indiferencia de quienes afirman gobernar para el pueblo, nos ha generado una relación traumática hundiéndonos -día a día- en la vorágine de la pobreza, fracturando el equilibrio social y exponiéndonos a una lucha fratricida con las consecuencias funestas que conllevan el dolor y la muerte.
Citemos algunos datos para confirmar la injusticia en la que nos debatimos.
El trabajo es la expresión suprema de nuestra dignificación. Desempeñarnos en actividades ocupacionales que nos otorguen los recursos suficientes para satisfacer decorosamente nuestras necesidades primarias, constituye una demanda ancestral y
Más esto no constituye novedad alguna. Menos aún el que logrados sus propósitos de ocupar solios, escaños o curules olvidan los compromisos y las promesas, actuando preferentemente conforme al interés personal o de facción.
Recién se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Ahí se registra que 8 millones 300 mil personas que trabajan en restaurantes, hoteles, transportes, servicios financieros y profesionales como los vendedores de seguros, y hasta en instituciones de gobierno “…no perciben un salario, sino que perciben otras formas de pago como propinas o comisiones”.
Lo anterior significa que tanto el gobierno como la iniciativa privada tomaron la decisión de endosarnos a todos nosotros, el pago y/o manutención de este número importante de trabajadores y sus familias.
A lo anterior debemos agregar que 15 millones 300 mil trabajadores reciben entre uno y dos salarios mínimos, equivalentes a 54 pesos con 80 centavos y 109 pesos con 60 centavos diarios, lo que resulta insuficiente para el sostenimiento de una familia.
Además, el 63% de todos los trabajadores de la república no cuentan con acceso a las instituciones de salud y carecen de contrato laboral. De manera que frente a una enfermedad grave su opción única es… ¡el deceso voluntario!
Por cuanto al desempleo, Felipe Calderón recibió una tasa de desempleo equivalente a un millón 593 mil personas. Hasta abril del presente año, la tasa subió a dos millones 373 mil personas desocupadas.
En el lado opuesto de esta realidad precaria
Mientras tanto, ratifico mi decisión de asistir el próximo 5 de julio a nulificar la boleta electoral. Así no daré oportunidad de manipularla a contentillo por los partidos y de expresarles mi desprecio a esta caterva de políticos que se han graduado como maestros del engaño y la indecencia.
sábado, 20 de junio de 2009
Voto anulado: lo bueno y lo malo
En los últimos días el debate sobre si es útil o no anular el voto en las elecciones en caso de no querer entregarlo a cualquiera de las opciones políticas en México, ha cobrado mucha fuerza.
Más que hacer una recomendación, en este espacio queremos agrupar algunos de los argumentos a favor y en contra que han dado algunos expertos.
A FAVOR DE LA ANULACIÓN DEL VOTO:
- Congruencia. Tu voto irá en relación a lo que realmente sientes. Si no hay una opción política que represente tus intereses, lo más congruente sería su anulación.
- Legitimidad. José Antonio Crespo, académico del CIDE, por ejemplo, ha sido un fuerte impulsor del voto anulado porque afectaría la legitimidad de quienes gobiernan. Sólo mermando qué tan legítimos son para gobernar, los partidos tomarán decisiones que en verdad vayan en beneficio de la sociedad, reflexiona Crespo.
- Reforma electoral. En uno de los mejores escenarios posibles, la anulación del voto podría llevar a pensar en que se haga una verdadera reforma electoral, que vaya a favor de los intereses ciudadanos y no necesariamente de los partidos. La posibilidad de que en el futuro se haga una reforma que permita que existan candidatos independientes, por ejemplo, o que los votos en blanco puedan contabilizarse y afectar al financiamiento de las campañas políticas como ocurre en España, Argentina y Chile, entre otros países, sería un sueño ciudadano que podría ganar fuerza al haber una buena cantidad de votos nulos.
- Mostrar el poder de la ciudadanía. Para Leo Zuckermann, nunca antes se había visto que la ciudadanía se agrupara de esta manera alrededor de una decisión electoral. Buena parte de los foros donde se genera el debate y donde el voto duro se promueve o sataniza según sea el caso, están en internet. El académico ve en la posibilidad de anulación una gran oportunidad para mostrar a los partidos el desacuerdo de una ciudadanía unida.
EN CONTRA DE LA ANULACIÓN DEL VOTO:
- No cuenta. Si bien es cierto que habría maneras de saber cuántos votos fueron anulados (Sergio Aguayo, por ejemplo, propone votar por "Esperanza Marchita" y posteriormente solicitar al IFAI copia de las boletas electorales, con el propósito de contabilizar el número de votos dados al personaje ficticio), la realidad es que el voto anulado, no tendrá repercusión en el conteo final.
- Se fortalece el voto duro. Al anularse los votos fluctuantes o de aquellos ciudadanos que razonan en función de lo que creen mejor, votan por uno u otro partido dependiendo qué se elige, se da espacio para que sobrevivan sólo aquellos votos que siempre son emitidos a favor de uno u otro partido, también llamado "voto duro".
- Es una decisión irresponsable. Este argumento ha sido esbozado en su mayoría, por políticos que evidentemente resultan afectados con el voto anulado. Personas tan opuestas como Martha Sahagún y Andrés Manuel López Obrador, pasando por el presidente del IFE Leonardo Valdés, entre muchos otros, han encontrado en la campaña contra el voto nulo un punto de coincidencia.
En lo personal, me he decidido por la anulación del voto. Veo difícil que la cámara de diputados pueda cambiar algo sustancialmente sea cual sea la configuración que tenga después de esta votación. Ni qué decir de los delegados, por quienes también votaremos en el DF (en los estados donde se elige gobernador, quizá el razonamiento no aplica, pero sí se podría hacer un voto diferenciado). Lamentablemente así suele ocurrir cuando la gestión presidencial está en su última etapa, como ahora ocurrirá con Felipe Calderón. Dentro de aproximadamente un año y medio o dos, el tema caliente serán las elecciones presidenciales y evidentemente para entonces, los partidos estarán tomando decisiones electoreras que suelen alejarse de los intereses de la sociedad.
Por eso, ahora prefiero sacrificar mi voto. Nunca antes había tenido la oportunidad de formar parte de un voto unido de desencanto de tal magnitud que pueda llevarnos a la construcción de una mejor democracia y por consecuencia, de un mejor país. (Cabe aclarar que por el significado que pueda tener ese voto, no es lo mismo anular que abstenerse, lo cual puede ser interpretado convenientemente por los partidos como apatía).
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