La falta de efectividad en el ejercicio del gobierno, siempre deviene en Estado fallido. La significación exacta del concepto pudiéramos centrarla en la debilidad que denota el Estado por cuanto a la conducción de los asuntos inherentes al buen régimen.
Ante la sumatoria de los acontecimientos que se han venido engarzando desde que inició el sexenio del señor Calderón, cobra fuerza la impresión de que nos encontramos en un navío sin horizontes definidos cuyo capitán adolece de un estupor catatónico; es decir, es resistente a lo que ocurre en su entorno, puesto que no sabe dar lectura a lo que demandan sus gobernados.
Los niveles óptimos de violencia; la impunidad que se concede a quienes han tejido redes de complicidad por el ejercicio del poder; el incremento desproporcionado de los índices de la pobreza extrema; la inflación que se deja caer sobre los productos de la canasta básica; la incapacidad del gobierno para liberarse de los poderes factuales y su ineptitud para proporcionar a su pueblo los espacios temporales de tranquilidad para tomar sus respiros necesarios, son condiciones particulares de lo que se conoce como Estado fallido.
Agreguemos otras que -como complemento a las enunciadas- ya se les reconoce su existencia en algunas regiones del país, principalmente en zonas indígenas declaradas en rebeldía. Estas son las milicias privadas o guardias blancas y los grupos paramilitares.
Si bien no nos comparamos con regiones como Somalia, Afganistán, Sudán o el Congo, no debemos tampoco trivializar la crisis que estamos viviendo y a la que nos han llevado los pésimos gobernantes de los últimos 20 años.
Tenemos que aceptar nuestra verdad por dolorosa que nos parezca, esa verdad que nos golpea cotidianamente y que se manifiesta en gobiernos endebles ante las fuerzas del crimen y los intereses particulares. Gobiernos que nos han sembrado penurias y que demuestran incapacidad para proporcionarnos justicia pronta y expedita.
En la aceptación de tal verdad, irá implícita nuestra toma de conciencia para sentir la necesidad de organizarnos, a fin de sacudirnos la rémora de políticos que se niegan a construir una agenda social y únicamente piensan en términos de procesos electoreros. Ahora viviremos la contienda por la sucesión del 2012.
No quiero concluir sin antes expresar mi enojo por la insensibilidad con que se han conducido todos los niveles de gobierno, ante la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Cuando fue secuestrado y asesinado el hijo de un prominente empresario, se convocó a la sociedad a manifestarse multitudinariamente, vestidos de blanco y con velas y antorchas.
La República sesionó en pleno en el Palacio Nacional. Los tronantes reclamos al gobierno rayaron en el pedimento de su renuncia. Y en el oropel de la pompa, se desgarraron las vestiduras y se marcaron plazos.
Ahora la tragedia se cebó en las familias de trabajadores. La negligencia quedó descubierta y se tradujo en un horrendo infanticidio múltiple. Mas el desdén de las autoridades resulta tan doloroso como el crimen mismo. Todas las puertas están cerradas para la justicia que se reclama. Y en el colmo, los ministros de la Suprema Corte optaron por su jolgorio vacacional, hundiendo en la humillación de la espera la impartición de la justicia.
(Bien lo dice Lourdes Aguirre Beltrán Beltrán, lectora del diario La Jornada, en una Décima publicada como comentario a tal noticia y misma que transcribo:
Hoy ninguno es responsable/ todos se echan la pelota/ que por la atmósfera flota/ La justicia ya no es viable/ La Corte, en forma execrable/ se retira a descansar/ Los padres pueden gritar/ pueden llorar su dolor/ La Corte, sin pundonor/ se ha ido a vacacionar.)
Conviene recordar lo que nos cuestan estos once ministros: Su salario actual es de 347 mil 647 pesos mensuales. Además, reciben una prima quincenal y vacacional, equivalente al 50 por ciento de diez días de sueldo base. Tienen 40 días de aguinaldo; ayuda para anteojos y pagos por defunción; dos vehículos a su disposición; teléfono celular; internet móvil; gastos de alimentación; seguros de vida colectivo, de retiro, de gastos médicos mayores y de separación individualizado; estímulos de jubilación y antigüedad; estímulo del día de la madre, en su caso; y tres bonos trimestrales con un mes de sueldo cada uno. El Ministro Ortiz Mayagoitia recibe además compensación por ejercer la presidencia y Mariano Azuela pensión por decanato.
¿Y para qué nos sirven? ¡Ah…! Pobre de mi país con su sistema costoso, asfixiante, inefectivo y torpe!
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