Francisco Rivas Linares
Tres expresiones de preferencia
marcada se suelen escuchar en declaraciones de políticos y gobernantes: Estado
de derecho, Todo el peso de la ley y Asumimos los costos políticos.
Para justificar sus decisiones
que lleven implícitos perjuicios en contra de ciudadanos, se asumen como, los
fieles de la balanza y aseguran estar actuando conforme al Estado de derecho;
es decir, apegándose al gobierno de las leyes.
Sin embargo la realidad
observable no coincide con tal sentido. El sistema de justicia de México ha
sido motivo de censura y observaciones por parte de organismos nacionales e
internacionales por la manera de proceder en la aplicación de las leyes.
Selectividad, interpretación arbitraria, torcedura de las leyes (mejor conocida
como “chicanadas”), aplicaciones coyunturales, etc.
Amnistía Internacional ha
declarado al sistema de justicia penal mexicano en situación de crisis.
Califica de graves las deficiencias de los sistemas de seguridad pública y de
justicia penal, en virtud de las diferencias enormes que existen entre los
principios jurídicos y la protección efectiva, las irregularidades de la
detención preventiva, la presentación de cargos falsos contra activistas
políticos y defensores de los derechos humanos y la ausencia del principio de
presunción de inocencia.
El profesor-investigador del
Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Sergio Aguayo, en
una de las mesas de análisis que promueve la periodista Carmen Aristegui,
caracterizó de manera atinada a nuestro sistema de justicia concediéndole tres
cualidades: Ser lenta, corrupta e impredecible. Estas tres condiciones son
cabalmente opuestas a las que demanda Amnistía Internacional, que son: Justicia
penal fuerte, imparcial y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Otro referente que nos obliga a
consultar, es el publicado por la organización multinacional “Proyecto Mundial
de Justicia” a raíz de una investigación realizada en 97 países sobre la calidad de aplicación de la
ley. México ocupó el lugar 91 “por irregularidades en sus sistemas de
investigación y adjudicación, discriminación rampante contra grupos vulnerables,
corrupción entre jueces y procuradurías y violación de los derechos de debido
proceso de los acusados.” Y es más, México quedó por debajo de naciones que
viven peores condiciones económicas como Tanzania, Senegal, Etiopía y Malawi. Y
un dato que no deja de sorprendernos.
De manera que ¿a qué Estado de
derecho se referirán quienes ejercen el poder? Seguramente al propio.
El enunciado Todo el peso de la
ley, me hace recordar la frase juarista célebre: “A mis amigos, justicia y
gracia; a mis enemigos, justicia a secas”, una expresión que rompe de hecho con
la vinculación que debe existir entre el Derecho y la Ética. Lo cierto es que quienes ostentan el poder al exclamar “todo el
peso de la ley” aplica sólo para sus opositores y/o enemigos, en ellos se ceban
y cumplen a cabalidad con la expresión juarista aplicando literalmente la ley
bajo un solo sustento, la voluntad particular, en franca contradicción al
paradigma que dice “la ley es la expresión de la voluntad esclarecida de la
soberanía popular.”
Finalmente, asumir los “costos
políticos” sobre una decisión que va en perjuicio de las mayorías, es una
retórica falsa y huera. Se curan en salud anticipándose al repudio a que se
harán acreedores, cuando saben de antemano que el control de daños lo tienen
asegurado en la cualidad desmemoriada del pueblo y su habilidad manipuladora de los procesos electoreros.
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