Laura Poy, Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico
La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013
Jueves 15 de agosto de 2013
Las
iniciativas de leyes secundarias para la reforma educativa, presentadas por el
Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
establecen un cambio en el régimen jurídico y laboral de maestros, directores y
supervisores, desde prescolar hasta bachillerato, quienes podrán ser despedidos
de no aprobar las evaluaciones de desempeño, sin responsabilidad para el
Estado.
En el
caso de profesores activos, se establecen nuevos mecanismos de evaluación para
su desempeño y en caso de no aprobarlos en tres oportunidades serán reasignados
o podrán solicitar el retiro.
Para los
trabajadores de reciente ingreso hay nuevas reglas: evaluación permanente y
periodos de inducción de dos años, con apoyo de tutores, figura de nueva
creación, equivalente a un capataz, y de no aprobar esta etapa, saldrán del
servicio magisterial.
Se
incluye la creación de un Servicio Profesional Docente, el cual en un plazo no
mayor de mes y medio, luego de la entrada en vigor de la ley respectiva,
contará con un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), al que se facultará para vigilar el cumplimiento de las nuevas
disposiciones.
A pesar
de que estas propuestas han desatado el rechazo del magisterio disidente en
todo el país, y de una convocatoria de la Secretaría de Gobernación para
realizar foros de consulta donde se escucharían los planteamientos de los
profesores, los nuevos marcos normativos establecen profundas modificaciones a
las bases y procedimientos del desarrollo profesional docente, con funciones
directivas y de supervisión en la educación básica y media superior.
Entre las
medidas que podrían aprobarse en el próximo periodo extraordinario de sesiones
de ambas cámaras, del 21 al 23 de agosto, está el diseño de nuevos perfiles,
parámetros e indicadores de la labor docente, así como el impulso a una nueva
política administrativa de control de plazas.
Con la
creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente se determinan
ascensos por concurso de oposición para directores y supervisores, y un nuevo
programa de estímulos económicos, que sustituirá a la Carrera Magisterial.
Además,
habrá nuevas sanciones para quienes incumplan con la obligatoriedad de
participar en los procesos de evaluación, en los periodos de inducción y
programas de regularización y formación docente, que llegan a la pérdida de la
plaza de base, sin responsabilidad para la autoridad y sin necesidad de que
exista resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus
equivalentes en las entidades.
En las
otras dos iniciativas, la Ley General de Educación y Ley del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación, los maestros en servicio sólo podrán
garantizar su permanencia siempre y cuando se sujeten a los procesos de
evaluación de desempeño, que se aplicarán por lo menos una vez cada cuatro
años.
Los
profesores deberán someterse además a una evaluación interna, que estará a
cargo del director de la escuela y los profesores, la cual deberá ser
permanente, aunque no tendrá sanción ni consecuencias administrativas o
laborales.
También
se prohíben los cambios de adscripción voluntaria durante el ciclo escolar, a
fin de impulsar un reordenamiento de las plantillas docentes en las escuelas, y
su reasignación donde estén incompletas.
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