Entre el poder real y el poder formal

Negociar en colaboración es una estrategia que se recomienda a quienes ejercen gobierno en beneficio de la sociedad. Al buscar de manera conjunta las soluciones que resolverán los conflictos originados por aquellas decisiones impuestas desde las jerarquías, evita el estallido de las inconformidades y la pérdida del equilibrio social que devendría en anarquía y desorden.
Pero en el espectro del ejercicio del poder, se distinguen los que lo ejercen formalmente de quienes lo aplican realmente. En el peculiar estilo democrático liberal que nos potencia, hemos comprobado que los ciudadanos no elegimos, únicamente sufragamos o votamos. Y hasta ahí es la permisividad que nos otorgan.
En una contienda electoral quienes resultan favorecidos en el proceso asumen el poder formal; sin embargo, quienes lo ejercitan realmente son aquellos que ostentan el dominio económico. Los primeros sólo estarán prestos a proteger los intereses monetarios y cumplir los deseos de las élites. Por eso la ejecutoría de acciones plasmadas en decretos, reformas, licitaciones o contratos, se hacen bajo la anuencia previa de los poseedores del poder fáctico a fin de privilegiar sus canonjías.
Seguramente han escuchado la expresión “poderes fácticos”. La palabra fáctico significa lo que de hecho es, lo que tiene condición de existente. Aquí encontramos a los dueños del capital, a quienes dominan el imperio de las comunicaciones, a las empresas trasnacionales, a quienes dominan los recursos estratégicos y que tienen la posibilidad de controlar al gobierno y a la sociedad.

Agreguémosle a lo anterior los intereses políticos de quienes gobiernan. Ambiciosos de escalar los niveles altos del poder público, se someten alborozados a lo que les dictan los poderes fácticos sin importarles los perjuicios que puedan ocasionar a sus gobernados.
¿Por qué las peticiones reiterativas de retirar a Juan Luis Calderón Hinojosa de la dirección de la institución paramunicipal denominada Ooapas, no han tenido respuesta? Pues, porque se trata del hermano del Presidente de la República y eso lo hace inamovible, ya que existen intereses políticos de por medio.
¿Por qué se decreta el cambio de Área Natural Protegida a la Loma de Santa María, a pesar de la oposición de grupos ambientales como el Consejo Estatal de Ecología y el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Autónoma de México? Me respondo: Porque existen intereses económicos en beneficio del complejo inmobiliario y comercial elitista, denominado Desarrollo Altozano.
¿Por qué no se ha cancelado definitivamente el programa de verificación vehicular, sustituyéndolo por otras opciones de mayor impacto en el control de la contaminación del medio ambiente? La respuesta sería idéntica a las anteriores: el predominio de los intereses económicos y políticos.
Esto significa que no hay intereses sociales. Es una mentira que los gobiernos se entronizan para beneficiar al pueblo. México está secuestrado por sus políticos y los capitalistas. Juntos definen el rumbo del desarrollo social con sus decisiones a conveniencia. Y cuando el poder formal se alía con el poder real, frecuentemente el resultado es la corrupción.
Por eso no les importa negociar. Sus hipócritas diálogos los emplean como tácticas dilatorias, a fin de ganar tiempo y mantenerse en sus decisiones “a palo dado”. Sí, estamos inmersos en la dictadura de la corrupción. Pero no basta reconocerlo, es necesario que luchemos contra ella. Es un deber obligado de todos los morelianos defender nuestros recursos ecológicos; y en este caso, la Loma de Santa María reclama de nuestra solidaria defensa.