Cuando el gobierno utiliza medios ilegítimos para neutralizar las expresiones de protesta social, tales como el secuestro, la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales, recibe el nombre de terrorismo de Estado. También así se les identifican a las acciones que los gobernantes emprenden para sembrar el miedo entre la población, a fin de fomentarnos comportamientos de sumisión y obediencia ciega.
Si bien es cierto que nuestro país no ha sufrido los infortunios de dictaduras tan sangrientas como las de Pinochet en Chile, de Videla en Argentina, de Somoza en Nicaragua o Stroessner en Paraguay, sí debemos reconocer que hemos padecido actitudes autoritarias de gobernantes que nos han marcado para siempre.
Nuestra ciudad de Morelia se cimbró en 1963 y 1966 cuando el ejército ocupó los espacios universitarios a solicitud del gobierno reaccionario de Agustín Arriaga Rivera. El primero, por defender la permanencia del rector Elí de Gortari. El segundo, por protestar el alza en las tarifas del servicio público de transporte.
Manuel Oropeza García fue asesinado el 15 de marzo de 1963 y Everardo Rodríguez el 2 de octubre de 1966. Dos estudiantes que se encontraban en el crisol de la vida.
Estos dos movimientos estudiantiles fueron el preámbulo de la llamada “Guerra Sucia” que principió con la masacre de Tlatelolco en 1968 y se extendió por toda la década de los setentas.
Cientos de muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros en las mazmorras del Campo Militar Número 1 y de Lecumberri, fueron el resultado de este episodio negro de nuestra historia. Luchadores sociales arrojados desde aviones y helicópteros a las aguas del Pacífico para que fueran devorados por la fauna marina, quedaron registrados en situaciones de inexistencia.
El gobierno mexicano ha llegado a crear agrupaciones paramilitares para sembrar el terror. Citemos a Los halcones (1971), a La brigada blanca (1976) y al Batallón Olimpia (1968) como los más representativos.
Los oligarcas de la política cuando se sienten amenazados por la actitud viril y revolucionaria del pueblo oprimido, optan por emplear la figura de “razón de Estado” para mediante la fuerza policial o militar sofocarlos en sus movilizaciones. Atenco y Aguas Blancas son paradigmas de tal fuerza bruta.
No habrá que dejar de lado la oligarquía empresarial que explota el trabajo de los obreros. La actualidad nos lleva a la tragedia de Pasta de Conchos, la represión en Lázaro Cárdenas y los desalojos arbitrarios y violentos de las minas de Cananea. Nombres y apellidos de los protegidos por los gobiernos conservadores y reaccionarios: Germán Larrea, Alonso Ancira, Xavier Autrey, Rosendo Villarreal e Isidro López del Bosque, por citar algunos.
Los crímenes cometidos en los afanes de reprimir a las manifestaciones de la población que lucha por su bienestar gremial o social, siguen retozando en la impunidad. La historia oficial obvia estos procesos, quedando en lo que Walter Benjamín ha llamado “las ruinas de la historia”.
Por eso, nunca debemos reclamar el uso de la fuerza del Estado para reprimir tomas, marchas, cierres, cualquier manifestación social. Hacerlo es tanto como invocar el autoritarismo, a la brutalidad en aras de un supuesto orden y disciplina social. Exijamos, mejor, a los gobernantes y a sus funcionarios la pronta atención y solución a lo que demanda el pueblo. Porque para eso están, para servir al pueblo.
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