Francisco RIVAS LINARES
La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se fundó en el año de 1961 con el
propósito de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de
las personas. Actualmente 34 países pertenecen a dicha organización, entre los
que se encuentra nuestro país, cuyo ingreso data de 1994.
Con regularidad publica el resultado
de investigaciones en campos diversos, a fin de verificar si se cumplen o no
con sus recomendaciones y renovar sugerencias que permitan a los países
miembros alcanzar con las metas propuestas.
Las calificaciones que otorga a
nuestro país, constituyen un parámetro rector en las decisiones que toma el
gobierno federal desde el sexenio de Miguel de la Madrid; decisiones cuyo
espíritu está definido por una economía de libre mercado.
Las consecuencias están a la
vista: desigualdad, pobreza, marginación, desempleo, corrupción, afianzamiento
del poder capitalista, predominio de la iniciativa privada sobre el interés
público, etc.
Las exposiciones calificadoras
que reiteradamente da a conocer la OCDE sobre nuestro país, son profundamente
lamentables. Expondré algunos de ellos, siempre en el marco referencial de los
34 países miembros:
Último lugar en educación; primer
lugar en salarios bajos; primer lugar en la desigual distribución de ingresos;
primer lugar en corrupción; primer lugar en impunidad; el menos transparente en
el manejo de recursos; primer lugar en bullyng o acoso escolar; primer lugar en
empleo informal; somos el país con mayor riesgo en empobrecimiento; primer
lugar en feminicidios con un promedio de 6.4 asesinatos de mujeres por día;
último lugar en expectativa de graduación en bachillerato; tercer lugar en
cuanto al mayor número de ninis, sólo
superado por Turquía e Israel; México, califica la OCDE, es el país con mayor
desempleo entre los más educados (los grados académicos dejaron de ser garantía
de movilidad social); segundo lugar en el gasto público más bajo para el sector
salud y educación.
En mayo del presente año, la OCDE
ubicó a México en el último lugar en seguridad con una calificación máxima de
siete puntos; baja calidad de vida que impiden el desarrollo de las personas; la
desaparición forzada registra cifras confusas por la perversidad oficial de
manipularlas, neutralizando con ello su importancia política y social, sin
embargo ocupa un lugar preponderante. Sólo en nuestro estado, Michoacán, en los
últimos ocho años se contabilizan 200 desapariciones, de las cuales 56
corresponden a la actual administración federal.
Lo mismo ocurre con las
ejecuciones extrajudiciales, cuya cifra oficial difundida se eleva a 70 mil; no
obstante, el cálculo es mucho mayor.
En fin. Esta es nuestra realidad
incómoda en el concierto de las naciones constitutivas de la OCDE. No centremos
la atención únicamente en el factor educativo, como lo ha pretendido la élite
del poder, en los afanes por desviarnos la atención de la integridad nacional.
Nuestra realidad no debemos fundarla en la realidad de los hipócritas. Nuestra
historia conlleva la tragedia de millones de mexicanos cuya esperanza ha sido
aplastada por el poder político-económico corrupto y corruptor. Preservemos la
memoria pues sin ella estaremos caminando eternamente en el círculo de la
recurrencia.
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