El 6 de febrero de 2007 la indígena náhuatl de 73 años, originaria de la sierra de Zongolica, Veracruz, fue violada y asesinada por varios militares del ejército. El suceso alcanzó resonancia mundial, afectando no sólo a los gobiernos municipal y estatal, sino incluso al federal.

La SEDENA y Felipe Calderón aducieron que su muerte había sido por causa natural, atribuído a una úlcera gástrica. Sin embargo, el médico forense, a pesar de las presiones que ejercieron para que modificara el certificado de defunción, siempre sostuvo que la indígena había sido víctima de una violación múltiple y asesinada.

Las consecuencias para el médico no se hicieron esperar y desde esa época ha sufrido una serie de agravios; a pesar de los cuales, sigue manteniendo su postura altamente ética.

En el número 1892 del semanario Proceso del 3 de febrero de 2013, el multicitado médico hace una denuncia pública en la sección "Palabras de Lector" sobre las amenazas que aún sobre él siguen ejerciendo.

A continuación, se transcribe la denuncia citada:

EL MÉDICO LEGISTA DEL CASO ASCENCIO SE DICE AMENAZADO POR AUTORIDADES.

Señor director:



Me dirijo a su atención para solicitarle de la manera más atenta publique en la sección Palabra de Lector de su prestigiada revista la carta abierta que envié al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a la opinión pública.

Soy el médico forense que realizó la necropsia de Ernestina Ascencio Rosario, indígena atacada sexualmente por militares y muerta en febrero de 2007. Pese a que fui suspendido de mi trabajo y amenazado por autoridades municipales, estatales y federales, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostuve mi diagnóstico.

Me dirijo a ustedes a fin de solicitar su intervención para que se me haga justicia y se evite un nuevo intento de fabricar delitos en mi contra.

Como es de dominio público, en enero de 2008 (precisamente a raíz del asunto de Ernestina Ascencio, y como represalia) fui injustamente suspendido de mi trabajo en el ayuntamiento de Orizaba, luego de 23 años, bajo un juicio laboral que desde esa fecha he venido enfrentando con los recursos legales a mi alcance. Con tal de someterme han hecho todo: una nueva acusación en 2009, el intento de inhabilitarme profesionalmente, amenazas de llevarme a la cárcel, etcétera.

Por fortuna he tenido a la ley de mi parte y todas las acusaciones fueron desechadas por falta de pruebas. Así, en agosto de 2011 terminó el juicio laboral número 482/08 a mi favor y el Tribunal Colegiado en Materia Laboral le ordenó al ayuntamiento de Orizaba que me pagara todas mis prestaciones, conforme a derecho. Hasta ahora no ha cumplido con este mandato. En enero de 2012 interpuso otra denuncia para no pagarme. Incluso me han amenazado con la cárcel si no renuncio a mis derechos; para ello están empeñados en fabricar delitos en mi contra.

Por lo anterior quiero difundir esta denuncia y hacerla del conocimiento de las autoridades mencionadas, a fin de lograr su ayuda y protección.

Atentamente

Doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez

C Poniente 7 26, U. Habitacional El Trébol 94348, Orizaba, Ver