Por Francisco RIVAS LINARES
“La razón arrogante es una
forma de la ignorancia.”
Carlos Pereda.
“La educación es como la joya de la corona de mi gobierno”, presumió Leonel Godoy el 15 de febrero de este año, en su informe regional celebrado en la ciudad de Apatzingán.
La aseveración derivó otro alarde, tal vez más atrevido, pues ubicó a nuestro estado como el único que por ley está garantizando una educación gratuita, laica, obligatoria y de calidad, desde la básica hasta la universidad. Y remató: “Somos punta de lanza en el país, incluso, estamos más allá de lo que dispone la Constitución.”
Un día después, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico declaró: “México necesita medio siglo para alcanzar niveles como los de Corea del Sur o Finlandia”, países cuya calificación los ubica como los de mayor logro educativo entre los 34 países que integran la OCDE.
José Narro, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró a su vez que el requerimiento para alcanzar los niveles educativos deseados, deberían estimarse, para nuestro alivio, sólo tres lustros.
Los quince o cincuenta años que nos distancian de la calidad educativa, no constituyen un aliento para presumir el servicio como la joya de la corona, ni aún pretendiéndolo establecer como el fiel de la balanza en el contorno mediocre que avasalla a la educación en el país. Ser el mejor entre los mediocres, no resulta alentador.
El desvarío de marras se reduce a una propaganda estratégica para consumo doméstico. Si la calidad educativa exige, además de suficientes y actualizados docentes, de recursos necesarios para el manejo de contenidos de enseñanza pertinentes, ninguno de los rubros señalados se cumple como para caer en petulancias inútiles.
Ejercitando la memoria, recordamos que cuatro meses después de rendir protesta como gobernador del estado, la propia SEE denunció, a través de su delegado administrativo Noé González Guzmán, la existencia de más de 7 mil aviadores a los que llamó con el eufemismo de extraviados, cifra a la que se le agregarían mil 185 comisionados y que sumadas ambas llegaban a constituir el 12% del total de trabajadores de la educación.
Tal era la causa por la que un sinnúmero de grupos escolares estuvieran careciendo de la atención de un profesor, en perjuicio –obvio- de la calidad en el servicio. Y aunque si bien les fuera designado posteriormente, las semanas y/o meses que no lo tuvieron les ocasionó un rezago que difícilmente lo llegaron a superar.
Pero el gobierno optó por fingir demencia y no volvió a tratar el escabroso asunto. Todo por evitar confrontarse con las diferentes expresiones sindicales, principales beneficiarios de tales pifias administrativas. De manera que debemos inferir que el problema persiste.
La gratuidad del servicio constituye otra afirmación acelerada. Si bien la reforma al artículo 138 de la Constitución Política estatal, plasma que el estado y sus municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior de manera gratuita, la realidad es que las escuelas no cuentan con recursos propios para su cabal cumplimiento, por lo que tienen la necesidad de idear formas de evadir el ordenamiento.
Las sociedades de padres de familia constituyen el instrumento clave para tal propósito. Tratándose de asociaciones civiles no lucrativas, no quedan sujetas a disposiciones oficiales; y ante la evidencia de las necesidades materiales de la escuela a la que asisten sus hijos, optan por solicitar cuotas al momento de la inscripción y allegarse fondos con actividades diversas durante el año escolar, tales como rifas, bailes, kermés, etc.
Por cuanto a las instituciones media superior y superior, sus ingresos los procuran en la expedición de documentos como credenciales, constancias, duplicados, etc. cuyos montos resultan onerosos.
Y las autoridades tienen el entero de todo lo expuesto pero son permisivas, pues saben que ello constituye un paliativo a las necesidades apremiantes de las escuelas, haciendo nugatorio el ordenamiento de la gratuidad. De manera que calificar al servicio educativo como punta de lanza y joya de la corona resulta una exageración.
Un servicio muy festejado fue el establecimiento del Telebachillerato. Lo montaron sobre la estructura deficiente de la telesecundaria. Cuando la actual secretaria de educación hizo un comentario sobre el decreto presidencial que establecía la deducción de gastos en colegiaturas, declaró que dicho subsidio únicamente beneficiaría al 10% de la población, en tanto que “…permanecen fuertes necesidades de inversión como en infraestructura de telesecundaria”.
Tal reconocimiento nos lleva a cuestionar: ¿Por qué si las telesecundarias adolecen de severas carencias estructurales, se les monta el sistema de telebachillerato que reclama para sí una mayor y complicada infraestructura? Los materiales tuvieron que importarlos del estado de Veracruz y los docentes no cuentan con plazas definitivas porque no han sido creadas, siendo contratados por tiempos limitados.
Sí, les ganó el entusiasmo para cacarear el huevo. Les interesó la estadística aunque no la calidad. Con el optimismo de la voluntad pretenden borrar el pesimismo de la realidad. Y ahora el problema se lo endosarán al próximo gobernante, aplicándole la filosofía popular del dicho que dice: que arrié el que viene atrás.
POR UNA SOCIEDAD SIN AGACHADOS: ¡NO MÁS SANGRE! ¡BASTA DE SANGRE!
No hay comentarios:
Publicar un comentario