“Hoy estoy en huelga de hambre para que mañana nuestros hijos no tengan hambre”. Al cobijo de esta lapidaria expresión se encuentran en huelga de hambre noventa y tres trabajadores de la extinta compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, demandando la recuperación de su fuente de trabajo, sustentado en la figura legal del Patrón Sustituto.
Destaca el ingeniero Cayetano Cabrera Esteva por sus ochenta y tres días en tal situación, encontrándose en alto riesgo su vida. El reclamo, la demanda estridente y el exhorto a la desobediencia civil han sido los únicos recursos de lucha de 16 mil trabajadores que se niegan al acatamiento de un atropello surgido desde el ejercicio del autoritarismo, dejando en el desamparo laboral a más de cuarenta y cuatro mil obreros de la industria eléctrica.
Un personaje siniestro ha destacado en este escenario: Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social. Formado en los ámbitos de la ultraderecha, se ha instalado –sin que nadie se lo confiriera- como el depositario de la razón jurídica. Bajo los auspicios de su jefe Felipe Calderón, ha desplegado un abanico de provocaciones que van desde la violencia verbal hasta la ejecución de tropelías. Todo en perjuicio de la clase trabajadora del país.
Este último juicio lo expreso considerando que el personaje al que aludo, no sólo ha procedido en contra de los electricistas del SME. Recordemos su actitud chicanera ante el conflicto de los mineros, favoreciendo al grupo empresarial denominado Grupo México, el cual está dominado por la familia Larrea; destacando, por su fortuna, Germán Larrea, considerado como el segundo hombre más rico del país con una fortuna que se cuantifica en más de 8 mil millones de dólares.
Pero regresando al tema central. El empeño por desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y consecuentemente al Sindicato Mexicano de Electricistas, ha sido calificado en las instancias nacionales e internacionales como una embestida contra el sindicalismo de México, marcando un retroceso tan drástico que nos ubica en los albores del siglo XX, previo a la eclosión revolucionaria.
La inclinación demostrada por el gobierno federal en beneficio del capital y en perjuicio de la clase obrera, estimula un estado de conflictividad social de alto riesgo. Más aún, el acicate esgrimido por los ministros de la Suprema Corte negándoles a los trabajadores el amparo correspondiente, da por legalizado el embate contra el sindicalismo independiente y abre los caminos para la restricción de los contratos colectivos y la eliminación de los derechos laborales.
Quienes frecuentemente se rasgan las vestiduras ante los asuntos tiránicos que se ventilan en otros países, no deberían callar frente los actos despóticos de un gobierno impuesto por el poder económico. Debemos cerrar oídos a los mensajes que pretenden manipular la opinión pública, mismos que buscan hacernos creer en la culpabilidad de los trabajadores frente a la ineficiencia de los servicios de energía eléctrica, ocultando mañosamente la miseria estructural con la que se encuentran laborando y la mediocridad de los órganos administrativos.
La experiencia nos dice que cuando el gobierno pretende privatizar servicios, le basta recortarles recursos de mantenimiento, desplegar un embate mediático para la manipulación y estimular la permanencia de líderes “charros” para controlar la reacción de los trabajadores.
Vamos a negarnos a ser cómplices de este poder arbitrario. Basta de ser permisivos en la imposición de actos personalísimos en beneficio de una minoría con complejos caciquiles. Son tiempos de resistencia contra la razón arrogante.
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