Posicionamiento de "La Palabra y El Hombre"

Extraviado en la nostalgia del sistema hegemónico-autoritario que predominó durante la época del priato, Felipe Calderón ha decidido invadir nuestra entidad con fuerzas policiacas y castrenses, pretextando combatir al crimen organizado.

En el agobio de los operativos y su correspondiente difusión profusa en los medios nacionales e internacionales, subyace la satisfacción de un ego mesiánico que raya en los afanes demenciales de verse reconocido como el “héroe” de los rancios pasquines de su infancia.

Y así lo ha calificado Anthony Placido, Director de Operaciones de Inteligencia de la DEA, al extender constancia de la erosiva respuesta que el hombre de los Pinos ha dado al asedio de los delincuentes, sin importarle el debate sobre los puntos diferenciales de tal estrategia equivocada.

Los veneros financieros que alimentan al crimen organizado no han sido tocados. El cálculo de no molestar a la banca que los resguarda para no entrar en conflicto con intereses extranjeros, domina en sus decisiones y opta por romper la tranquilidad social con el tránsito y el accionar de pujanzas policiacas y castrenses, aún a costa de violentar los derechos humanos y las garantías individuales que nos asisten constitucionalmente.

El análisis crítico está ausente en los parlamentos del gabinete presidencial. Tal parece que el ejercicio de la racionalidad se ha cancelado en aras de ofrecer incienso al tlatoani sexenal. Y la rudeza, producto de una relación de fuerza, se antepone al actuar inteligente.

Oponernos a la ruptura arbitraria del pacto federal es una demanda de conciencia. Frenar los ímpetus tiránicos constituye un factor de ética y decoro nacional, evitando así la ruptura de la estabilidad social que ya se vislumbra.

Reclamamos el retorno a los cuarteles de la milicia. Rechazamos su uso utilitario para la vanagloria de un personaje que en su shock demencial se adjetiva como salvador de la humanidad.

El combate al crimen organizado deberá darse en paralelo con el de la corrupción que impera en las corporaciones policiales y otros ámbitos.

¡Basta de ventear miedos!
¡No más exaltación de la fuerza!
¡Contra la perversidad del centralismo del régimen!

Morelia, Mich., julio de 2009


Francisco Rivas Linares

Mentir para gobernar

En nuestro país se ha instalado la mentira compulsiva. Mienten los gobernantes, los comunicadores, los funcionarios, los sacerdotes, los empresarios y todos aquellos que de alguna manera ejercen cualquiera de las formas de poder o dominio.

La mentira se esgrime para ordenar, influir, anunciar, explicar, informar, rendir cuentas, desahogar, convencer, contagiar; o simple y llanamente por ingenuidad, impotencia, costumbre o rito.

Los políticos mienten para satisfacer sus afanes de sustituir lo patético de la realidad a la que nos han conducido, por un mundo fantástico de felicidad milagrosa. En el primer sexenio panista nos construyeron “foxilandia”. En el transcurso del presente, ya transitamos por los caminos optimistas de “calderolandia” en donde se erigen escenografías de buenas noticias para ocultar el monto escandaloso de la deuda pública, la sustantiva pérdida del empleo, el aumento de las estadísticas de la pobreza, y las brutales ejecuciones sin esclarecimiento ni castigo.

Los funcionarios y políticos nos expresan las mentiras de manera deliberada, consciente y sistemática para hacernos vivir un país de simulación. No les importa que sean corrosivas, duras o amargas. Lo que importa es mentir para justificar su irresponsabilidad y salvar “el hueso”.

El Secretario de Gobernación declaró que el gobierno no pactaba con delincuentes. Sin embargo, trata con testigos protegidos que en buena medida son delincuentes quienes a cambio de información buscan ser beneficiarios en la condonación parcial o total de sus condenas.

Hemos escuchado grabaciones telefónicas que evidencian la ejecución de algún delito (el caso Lydia Cacho es paradigmático). Pero por conveniencia política se pacta y la impunidad deja sin castigo al o los delincuentes.

El Colegio de México ha publicado el resultado de su investigación sobre la pobreza, concluyendo que en los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón ésta se incrementó a niveles de riesgo, pues toca ya los dinteles de los 80 millones de habitantes en tal situación. Más el Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, ha declarado que “pese al incremento en el número de pobres, vamos por el camino correcto”.

Y así se extravían en una verborrea cantinflesca, cuya lucidez se obscurece por la pobreza de sus premisas. Hay inconsistencia, hipocresía y falsedad. Todo por los afanes de engañar para deslizarse sobre el piso de las mentiras. Todo por sostenerse en una chambonería como broza descerebrada.

Reafirmamos la aseveración de la escritora Sara Sefchovich: “LA FORMA DE GOBERNAR EN NUESTRO PAÍS CONSISTE EN MENTIR”.

Finalmente haré un comentario breve sobre la imagen que hoy se difundió en los medios televisivos en cadena nacional, donde se aprecia la arrogancia del Secretario de Gobernación Gómez Mont contrastando con la de un gobernante humillado (Leonel Godoy Rangel) y a quien como escolar regañado lo pusieron a leer lo que seguramente no sucedió en el cónclave secreto.

Felipe Calderón con sus operativos fandango ha puesto a los michoacanos de rodillas. Es tal su resentimiento que ha decidido gobernarnos para satisfacer sus ansias de venganza.

Hacia un Estado fallido

La falta de efectividad en el ejercicio del gobierno, siempre deviene en Estado fallido. La significación exacta del concepto pudiéramos centrarla en la debilidad que denota el Estado por cuanto a la conducción de los asuntos inherentes al buen régimen.

Ante la sumatoria de los acontecimientos que se han venido engarzando desde que inició el sexenio del señor Calderón, cobra fuerza la impresión de que nos encontramos en un navío sin horizontes definidos cuyo capitán adolece de un estupor catatónico; es decir, es resistente a lo que ocurre en su entorno, puesto que no sabe dar lectura a lo que demandan sus gobernados.

Los niveles óptimos de violencia; la impunidad que se concede a quienes han tejido redes de complicidad por el ejercicio del poder; el incremento desproporcionado de los índices de la pobreza extrema; la inflación que se deja caer sobre los productos de la canasta básica; la incapacidad del gobierno para liberarse de los poderes factuales y su ineptitud para proporcionar a su pueblo los espacios temporales de tranquilidad para tomar sus respiros necesarios, son condiciones particulares de lo que se conoce como Estado fallido.

Agreguemos otras que -como complemento a las enunciadas- ya se les reconoce su existencia en algunas regiones del país, principalmente en zonas indígenas declaradas en rebeldía. Estas son las milicias privadas o guardias blancas y los grupos paramilitares.

Si bien no nos comparamos con regiones como Somalia, Afganistán, Sudán o el Congo, no debemos tampoco trivializar la crisis que estamos viviendo y a la que nos han llevado los pésimos gobernantes de los últimos 20 años.

Tenemos que aceptar nuestra verdad por dolorosa que nos parezca, esa verdad que nos golpea cotidianamente y que se manifiesta en gobiernos endebles ante las fuerzas del crimen y los intereses particulares. Gobiernos que nos han sembrado penurias y que demuestran incapacidad para proporcionarnos justicia pronta y expedita.

En la aceptación de tal verdad, irá implícita nuestra toma de conciencia para sentir la necesidad de organizarnos, a fin de sacudirnos la rémora de políticos que se niegan a construir una agenda social y únicamente piensan en términos de procesos electoreros. Ahora viviremos la contienda por la sucesión del 2012.

No quiero concluir sin antes expresar mi enojo por la insensibilidad con que se han conducido todos los niveles de gobierno, ante la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Cuando fue secuestrado y asesinado el hijo de un prominente empresario, se convocó a la sociedad a manifestarse multitudinariamente, vestidos de blanco y con velas y antorchas.

La República sesionó en pleno en el Palacio Nacional. Los tronantes reclamos al gobierno rayaron en el pedimento de su renuncia. Y en el oropel de la pompa, se desgarraron las vestiduras y se marcaron plazos.

Ahora la tragedia se cebó en las familias de trabajadores. La negligencia quedó descubierta y se tradujo en un horrendo infanticidio múltiple. Mas el desdén de las autoridades resulta tan doloroso como el crimen mismo. Todas las puertas están cerradas para la justicia que se reclama. Y en el colmo, los ministros de la Suprema Corte optaron por su jolgorio vacacional, hundiendo en la humillación de la espera la impartición de la justicia.

(Bien lo dice Lourdes Aguirre Beltrán Beltrán, lectora del diario La Jornada, en una Décima publicada como comentario a tal noticia y misma que transcribo:
Hoy ninguno es responsable/ todos se echan la pelota/ que por la atmósfera flota/ La justicia ya no es viable/ La Corte, en forma execrable/ se retira a descansar/ Los padres pueden gritar/ pueden llorar su dolor/ La Corte, sin pundonor/ se ha ido a vacacionar.)

Conviene recordar lo que nos cuestan estos once ministros: Su salario actual es de 347 mil 647 pesos mensuales. Además, reciben una prima quincenal y vacacional, equivalente al 50 por ciento de diez días de sueldo base. Tienen 40 días de aguinaldo; ayuda para anteojos y pagos por defunción; dos vehículos a su disposición; teléfono celular; internet móvil; gastos de alimentación; seguros de vida colectivo, de retiro, de gastos médicos mayores y de separación individualizado; estímulos de jubilación y antigüedad; estímulo del día de la madre, en su caso; y tres bonos trimestrales con un mes de sueldo cada uno. El Ministro Ortiz Mayagoitia recibe además compensación por ejercer la presidencia y Mariano Azuela pensión por decanato.

¿Y para qué nos sirven? ¡Ah…! Pobre de mi país con su sistema costoso, asfixiante, inefectivo y torpe!

¿Dónde quedó la transición?

Felipe Calderón entra a la segunda mitad de su sexenio, con una realidad estrujadora y humillante para todos los mexicanos. Cual aprendiz de brujo, la patria se le va deshaciendo entre las manos. Aquí algunas referencias:

De conformidad con los datos expuestos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nuestro país ocupa el último lugar en crecimiento económico, con una tasa anual de menos 1.2 por ciento, lo que constituye el peor resultado en los últimos 80 años.

A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nos ha anunciado que en el presente año nuestra economía sufrirá un desplome por el orden del 8% con las repercusiones drásticas -por obvias- en la población cautiva de las decisiones erráticas de este gobierno panista.

Por cuanto a educación se refiere, ha quedado demostrado ante las instancias internacionales el modelo excluyente que domina este servicio. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, resalta que el 50por ciento de los mexicanos que tienen edad para cursar el nivel básico y el bachillerato están fuera del sistema. Vaticinan que para superar tan escandaloso rezago, nos llevaría cien años.

En lo que se refiere a la seguridad pública y justicia penal, Amnistía Internacional ha declarado que México es un país de leyes sin justicia, porque las instituciones responsables para tal propósito, han estado siendo utilizadas de manera facciosa. En el informe de este organismo, se denuncia que “en casi todo el país se registran detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura, y no obstante que los detenidos son presentados ante el juez con signos evidentes de golpes y maltrato, así se les condena”.

Agreguemos a lo anterior las 11 mil 125 ejecuciones que en tres años se han consumado, como resultado de una guerra loca declarada contra el crimen organizado, sin considerar sus condiciones expansionistas territoriales, aún allende las fronteras.

Ahora bien. Una de las consecuencias derivadas de los privilegios fiscales proporcionados al gran capital, es el hoyo en la hacienda pública equivalente a los 300 mil millones de pesos para este año, declaración hecha por el propio gobierno federal. Y se nos amenaza que será peor para el año 2010.

Naturalmente que para paliar parcialmente este escollo económico, vuelve a ventilarse la idea de aplicar el impuesto al valor agregado tanto a los alimentos como las medicinas; es decir, al pueblo se le endosa el pago de la factura de tal complicidad gubernamental.

Por eso cuando José Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, aseveró que la economía de nuestro país era un desastre y una demolición, nadie lo desmintió puesto que las evidencias están expuestas.

La corrupción galopa en caballo de hacienda. El desempleo en aumento sostenido. Un gobierno chaperón de los bancos usureros. Emigración constante de nuestros connacionales que van en busca de mejor futuro para sus familias, perdiendo la vida muchos miles en su osadía. Impunidad para los delincuentes de cuello blanco. Explotación infantil en aumento… En fin, esta es nuestra realidad de espanto.

¿Y la transición dónde quedó?