viernes, 29 de agosto de 2008

La Respuesta


La entrevista que el Lic. Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional de nuestro estado, concedió al periodista Martín Diego Rodríguez, misma que fue publicada en el diario La Jornada de Michoacán el día 26 de agosto pasado, requiere de la pertinencia aclaratoria en algunos puntos que con énfasis señalara el entrevistado.

El marasmo discursivo que se trasluce en la exposición, denota una ambigüedad en las ideas, un lamento pródigo ante la incompetencia de consolidar un programa educativo que venga a poner en ruta la solución a la crisis en que se encuentra inmersa la educación.

Su apología: “… los grupos magisteriales derrochan su energía o la encauzan a la confrontación en vez de ayudar a que la educación pública salga de la crisis en que se encuentra…” no le excluye de la responsabilidad divisionista que ha puesto en práctica como estrategia desde los tiempos en que se desempeñó como Secretario de Gobierno de Cárdenas Batel. Sí, conservamos memoria de sus acuerdos subrepticios con Elba Esther Gordillo y sus afanes por estimular divisionismos al interior de la sección XVIII.

Las condiciones de confronta en que nos debatimos con su gobierno, ha estado alentado por el engaño en que frecuentemente incurre, haciendo suponer, bajo el embozo de una democracia pseudo-participativa, que la designación de la funcionaria central de la SEE responde a la demanda cabal del magisterio.

Lo anterior constituye un asunto esencial si consideramos la ingerencia de una de las “tribus” del PRD. Nos referimos a la Alianza por la Unidad Democrática en cuyos integrantes encontró la posibilidad de fracturar la concordancia de nuestro gremio. Así, al otorgar facultades al binomio Morón-Pérez para designar los funcionarios de la SEE no sólo saldaba sus compromisos electoreros con personajes inventariados en la AUD, sino alcanzaba sus propósitos de malquistar a ciertos indolentes enquistados en nuestra CNTE.

La politización de la problemática educativa proviene desde el gobierno mismo. Al resistirse a escuchar nuestros argumentos planteados con seriedad pedagógica, Leonel Godoy denota un énfasis en sostener la preeminencia de intercambios políticos con la AUD; con lo que, al igual que los grupos “charriles”, intenta la destrucción conceptual y material de la educación pública a fin de disponer de sus recursos para el reclutamiento, previo obsequio, de propulsores de sufragios inducidos.
Y en el intervalo político el declarante se define: “Para nosotros está claro que la educación privada no tiene problemas en Michoacán, quien tiene problemas es la educación pública…” Por eso le otorga a la educación privada lo que le niega a la educación pública: el respeto. Sin embargo, finge demencia queriendo ignorar que el debate de la educación privada es el lucro, la enajenación de las conciencias y la estratificación del acceso a la educación.

Cuando reconoce la necesidad de construir un modelo educativo, tal reconocimiento lo convierte en un valor meramente declarativo al acotar “…nosotros no somos una ínsula, no estamos aislados del modelo educativo y del modelo de educación pública principalmente básica del país”, en obvia referencia a la Alianza por la Calidad de la Educación firmada por Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo.

La centralidad del ordenamiento, inspirado en la obediencia a mandatos de los organismos financieros internacionales (BM, FMI, OCDE y el Consenso de Washington) tiene visos impositivos al no mediar consultas a las bases trabajadoras. Pero alentado por cuidar más el futuro político personal, el gobierno optó por disfrazar su aplicación a través de un bodrio denominado “Acuerdo Educativo por el Derecho Social a la Educación Pública de Alta Calidad”; y levantando un set mediático, lo rubrica colectivamente con miembros de la AUD y organizaciones adherentes al Frente Amplio de Izquierda Social, otra de las tribus perredistas.

Así, al dicho del gobernador, pretenderá llevar a los educandos michoacanos a la obtención de lo que “está de moda”: el capital del conocimiento. Sí, la educación ha resultado ser, ahora, un asunto de “modas”.

El gobierno navega por el mundo de las interpretaciones. Por eso, donde percibe una posición política -¿o de “gusto”?-, en este caso nuestra demanda de separar a los funcionarios de la SEE, no es más que la ratificación de las decisiones a palo dado. No hay voluntad para atender lo que se le demanda, acaso por indolencia, tal vez por capricho o por mantener las ataduras comprometidas con facciones partidarias de donde proviene.

Pero si para el gobernador no tiene nada de malo que Aída Sagrero, su secretaria de educación de facto, pudiera representar a Elba Esther Gordillo, para nosotros sí, porque nunca hemos estado dispuestos a tranzar con la expresión deleznable del charrismo, con la habitante de las más pestilentes cañerías de la política sindical. Y para mantener la humorada de sostenerla, no le es necesario invocar a facultades constitucionales, pues le basta el imperativo de la testosterona.

También diremos que discrepamos de la clasificación que hace de los grupos político-magisteriales: grandes, medianos y chiquitos. La presencia de los grupos se debe apreciar por cuanto a la solidez de sus planteamientos y la fuerza de sus argumentos, no por su densidad.

Más utilizando su personal jerga y para efectos de que nos entienda, le diremos que los agremiados al magisterio democrático de la CNTE no es ni grande, ni mediano, ni chiquito, sino grandotote, pues aquí militamos los obreros educativos que cultivamos el pensamiento libre, quienes estamos dispuestos a romper con funcionarios que, con su desdén, no dan cauce.

Al concluir, le expresamos al gobierno que nos alienta el deseo de que pronto logremos trazar las coordenadas necesarias para superar nuestros diferendos, ya que –citando a Nietzsche- despreciamos a los políticos que “parecen estar moldeados por la mentira”.

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