viernes, 29 de agosto de 2008
La Respuesta
La entrevista que el Lic. Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional de nuestro estado, concedió al periodista Martín Diego Rodríguez, misma que fue publicada en el diario La Jornada de Michoacán el día 26 de agosto pasado, requiere de la pertinencia aclaratoria en algunos puntos que con énfasis señalara el entrevistado.
El marasmo discursivo que se trasluce en la exposición, denota una ambigüedad en las ideas, un lamento pródigo ante la incompetencia de consolidar un programa educativo que venga a poner en ruta la solución a la crisis en que se encuentra inmersa la educación.
Su apología: “… los grupos magisteriales derrochan su energía o la encauzan a la confrontación en vez de ayudar a que la educación pública salga de la crisis en que se encuentra…” no le excluye de la responsabilidad divisionista que ha puesto en práctica como estrategia desde los tiempos en que se desempeñó como Secretario de Gobierno de Cárdenas Batel. Sí, conservamos memoria de sus acuerdos subrepticios con Elba Esther Gordillo y sus afanes por estimular divisionismos al interior de la sección XVIII.
Las condiciones de confronta en que nos debatimos con su gobierno, ha estado alentado por el engaño en que frecuentemente incurre, haciendo suponer, bajo el embozo de una democracia pseudo-participativa, que la designación de la funcionaria central de la SEE responde a la demanda cabal del magisterio.
Lo anterior constituye un asunto esencial si consideramos la ingerencia de una de las “tribus” del PRD. Nos referimos a la Alianza por la Unidad Democrática en cuyos integrantes encontró la posibilidad de fracturar la concordancia de nuestro gremio. Así, al otorgar facultades al binomio Morón-Pérez para designar los funcionarios de la SEE no sólo saldaba sus compromisos electoreros con personajes inventariados en la AUD, sino alcanzaba sus propósitos de malquistar a ciertos indolentes enquistados en nuestra CNTE.
La politización de la problemática educativa proviene desde el gobierno mismo. Al resistirse a escuchar nuestros argumentos planteados con seriedad pedagógica, Leonel Godoy denota un énfasis en sostener la preeminencia de intercambios políticos con la AUD; con lo que, al igual que los grupos “charriles”, intenta la destrucción conceptual y material de la educación pública a fin de disponer de sus recursos para el reclutamiento, previo obsequio, de propulsores de sufragios inducidos.
Y en el intervalo político el declarante se define: “Para nosotros está claro que la educación privada no tiene problemas en Michoacán, quien tiene problemas es la educación pública…” Por eso le otorga a la educación privada lo que le niega a la educación pública: el respeto. Sin embargo, finge demencia queriendo ignorar que el debate de la educación privada es el lucro, la enajenación de las conciencias y la estratificación del acceso a la educación.
Cuando reconoce la necesidad de construir un modelo educativo, tal reconocimiento lo convierte en un valor meramente declarativo al acotar “…nosotros no somos una ínsula, no estamos aislados del modelo educativo y del modelo de educación pública principalmente básica del país”, en obvia referencia a la Alianza por la Calidad de la Educación firmada por Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo.
La centralidad del ordenamiento, inspirado en la obediencia a mandatos de los organismos financieros internacionales (BM, FMI, OCDE y el Consenso de Washington) tiene visos impositivos al no mediar consultas a las bases trabajadoras. Pero alentado por cuidar más el futuro político personal, el gobierno optó por disfrazar su aplicación a través de un bodrio denominado “Acuerdo Educativo por el Derecho Social a la Educación Pública de Alta Calidad”; y levantando un set mediático, lo rubrica colectivamente con miembros de la AUD y organizaciones adherentes al Frente Amplio de Izquierda Social, otra de las tribus perredistas.
Así, al dicho del gobernador, pretenderá llevar a los educandos michoacanos a la obtención de lo que “está de moda”: el capital del conocimiento. Sí, la educación ha resultado ser, ahora, un asunto de “modas”.
El gobierno navega por el mundo de las interpretaciones. Por eso, donde percibe una posición política -¿o de “gusto”?-, en este caso nuestra demanda de separar a los funcionarios de la SEE, no es más que la ratificación de las decisiones a palo dado. No hay voluntad para atender lo que se le demanda, acaso por indolencia, tal vez por capricho o por mantener las ataduras comprometidas con facciones partidarias de donde proviene.
Pero si para el gobernador no tiene nada de malo que Aída Sagrero, su secretaria de educación de facto, pudiera representar a Elba Esther Gordillo, para nosotros sí, porque nunca hemos estado dispuestos a tranzar con la expresión deleznable del charrismo, con la habitante de las más pestilentes cañerías de la política sindical. Y para mantener la humorada de sostenerla, no le es necesario invocar a facultades constitucionales, pues le basta el imperativo de la testosterona.
También diremos que discrepamos de la clasificación que hace de los grupos político-magisteriales: grandes, medianos y chiquitos. La presencia de los grupos se debe apreciar por cuanto a la solidez de sus planteamientos y la fuerza de sus argumentos, no por su densidad.
Más utilizando su personal jerga y para efectos de que nos entienda, le diremos que los agremiados al magisterio democrático de la CNTE no es ni grande, ni mediano, ni chiquito, sino grandotote, pues aquí militamos los obreros educativos que cultivamos el pensamiento libre, quienes estamos dispuestos a romper con funcionarios que, con su desdén, no dan cauce.
Al concluir, le expresamos al gobierno que nos alienta el deseo de que pronto logremos trazar las coordenadas necesarias para superar nuestros diferendos, ya que –citando a Nietzsche- despreciamos a los políticos que “parecen estar moldeados por la mentira”.
domingo, 24 de agosto de 2008
El acuerdo de los delincuentes
El acuerdo firmado en Palacio nacional entre delincuentes de cuello blanco y del mundo de la política, les garantiza para sí el fortalecimiento de su impunidad. Entre el Partidor Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción nacional (PAN) han establecido una alianza para protegerse mutuamente a cambio de concesiones y prebendas que se dispensan.
México supura el cáncer de su corrupción: impunidad, indolencia, indiferencia, hipocrecía, cinismo...
viernes, 22 de agosto de 2008
Las "marihuanadas" de Elba Esther
Extraviada en su frenesí patológico, Elba Esther Gordillo Morales ha solicitado al habitante de Los Pinos de apellido Calderón, que cierre las Escuelas Normales Públicas y las convierta en escuelas para técnicos en turismo.
Con un aire de espectro eterno sentenció que “el sistema de normales ha sufrido un quiebre” y que por lo tanto se deben buscar “vocaciones más cercanas, en lugar de las licenciaturas en pedagogía”. El quiebre en cuestión lo sustenta en la falta de “mercado de trabajo”, como si el millón y medio de niños y jóvenes que se encuentran en rezago educativo no fueran suficientes para mantener dicho mercado.
Si las decisiones se tomaran a partir de esa lógica expresada por la señora Gordillo, entonces habría que clausurar todas las escuelas y facultades que preparan profesionistas y cuyos egresados, en estos tiempos aciagos de la economía, han tenido que padecer la restricción de su ámbito laboral, engrosando las filas de los desocupados y/o subempleados.
Se ha dicho hasta la saciedad que el problema de mayor envergadura por el que atraviesa nuestra economía, es el desempleo. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el día 17 del presente mes, refleja una realidad sumamente alarmante: Los desempleados en el país son un millón 593 mil personas, de las cuales más de la mitad son jóvenes entre los 14 y 29 años.
La indiferencia y la falta de compromiso de las autoridades económicas y laborales para ofrecer alternativas de trabajo, cuya oferta política fue hecha por el señor Calderón durante su campaña y quien ahora se encuentra más ocupado en cultivar condescendencia con los dueños de las grandes fortunas, es la causa principal de la debacle.
Desde siempre la señora Gordillo Morales ha tenido que cargar con una borrachera de poder que le ha hecho perder los estribos de la sensatez. A sus carencias múltiples antepone la ignorancia sobre la importancia de las instituciones públicas formadoras de docentes.
La educación normalista tuvo su origen en una política educativa revolucionaria y se ha sostenido como un proceso vital para la sociedad. Si entendemos que la educación formal impartida por los licenciados en pedagogía es lo que garantiza que se defina el estilo de vida de las generaciones adultas, no se pueden ofertar al mercado libre las funciones profesionales de la docencia.
Al igual que la familia, la religión y los medios electrónicos, la educación es considerada un aparato ideológico del Estado. Los maestros, enfrentados a contenidos programáticos, lineamientos burocráticos y patrones de enseñanza diseñados exprofesamente para adocenar a una población potencialmente libre, han tenido que mantenerse en disputa sostenida frente a un gobierno que bajo su disfraz de modernizador, oculta su carácter elitista y de traición a las capas populares.
Una permanente crisis educativa es la condición que subyace en la historia de la educación en México. Lo que estamos testimoniando, no es más que otro intento de acabar con las instituciones públicas formadoras de docentes, para dejarles el campo libre a la iniciativa privada y poder forjar a quienes habrán de constituirse en la fuerza de trabajo sumisa y obediente.
La educación siempre ha sido un campo explosivo donde se desarrolla la pugna ideológica. Cada grupo gobernante pretende implantar su propia reforma. Y todas nos dicen un mismo discurso: el deseo de consolidar y prolongar su propio dominio.
Para nuestra desgracia, el modelo educativo aliancista ha sido diseñado desde el exterior. Durante los días 26 y 27 de junio pasado, gobierno y sindicato se apersonaron en el Banco Mundial cuya sede se encuentra en Washington, para recibir línea por cuanto a: reforma educativa; incentivos para el rendimiento educativo; impacto en las tecnologías de la información y la comunicación; modelos de evaluación escolar; y profesionalización de los maestros.
Es en está última donde se encuadra la demanda de la desaparición de las escuelas normales públicas. El gobierno necesita modificar lo sustantivo de la educación para convertirla en un reducto de obediencia y, por lo tanto, habrá que clausurar las escuelas normales dejando sólo el sistema privado muy a tono a sus intenciones.
No es la primera vez que se intenta desde el gobierno acabar con el normalismo. Desde los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz se ha venido recrudeciendo tal embate. Sin embargo, la sociedad liberal no lo ha permitido y esta será otra ocasión para defender la educación pública.
De manera que lejos de cuestionar las luchas del magisterio democrático, habrá que fortalecerla para desterrar la perversidad de un gobierno que en alianza con la señora Elba Ester Gordillo pretenden arrastrarnos a la aventura impidiendo la cohesión social.
Esta es nuestra pena: vivir la tragedia de un gobierno chato y gris.
HABLÓ EL BUEY Y DIJO… ¡MUUUUUUU!
Sarbelio Molina Vélez, activista del Partido Nueva Alianza (Panal) y dirigente impuesto por Elba Esther Gordillo, saltó al tinglado para hablar por boca de ganso*: “Con o sin la autorización del gobierno, la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), buscará desaparecer las siete escuelas normales del estado a fin de transformarlas en escuelas técnicas”.
Y pontifica: Las normales rurales perdieron su rumbo, “se desvirtuaron, se convirtieron en semilleros del grupo democrático y de un partido político y nadie me puede decir que no es cierto, además de que son generadoras de desempleados” (La Jornada de Michoacán, 20/08/08).
Fiel a su espejo diario, Molina Vélez se confirma como el tutelado eterno: ayer de Carlos Jonguitud y Antonio Jaimes; hoy de Elba Esther Gordillo y Juan Manuel Macedo, tutelaje que se entiende por su personalidad anodina.
Y justamente sus exabruptos se dan en el contexto de la condecoración otorgada por la Organización Mundial de las Américas a la Escuela Normal de Educadoras de Michoacán el pasado mes de junio, misma que fue concedida por su excelencia educativa en América latina.
Además, denota total desconocimiento de las actividades pedagógicas de importancia nacional que han desarrollado las escuelas normales de Michoacán, tales como paneles, foros y coloquios en los que se disertan temas sobre ética profesional, sindicalismo y liderazgo social, formación docente, pensamiento y práctica social, etc.
Es tan brutal su tosquedad que sólo supone a las normales como instituciones que sirven para engrosar rebaños de partidos políticos, desconociendo programas curriculares que desarrollan actualmente en educación.
Su horizonte es corto, no le da para más; y tal vez eso es lo que le ha llevado a una insapiencia supina. Si, Sarbelio Molina Vélez es de los que necesitan asideros no para dirigir conformismos, sino para abrir sus propias cortinas mentales.
Y por eso bien pudiéramos decir: Habló el buey y dijo… ¡Muuuuuu!
Con un aire de espectro eterno sentenció que “el sistema de normales ha sufrido un quiebre” y que por lo tanto se deben buscar “vocaciones más cercanas, en lugar de las licenciaturas en pedagogía”. El quiebre en cuestión lo sustenta en la falta de “mercado de trabajo”, como si el millón y medio de niños y jóvenes que se encuentran en rezago educativo no fueran suficientes para mantener dicho mercado.
Si las decisiones se tomaran a partir de esa lógica expresada por la señora Gordillo, entonces habría que clausurar todas las escuelas y facultades que preparan profesionistas y cuyos egresados, en estos tiempos aciagos de la economía, han tenido que padecer la restricción de su ámbito laboral, engrosando las filas de los desocupados y/o subempleados.
Se ha dicho hasta la saciedad que el problema de mayor envergadura por el que atraviesa nuestra economía, es el desempleo. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el día 17 del presente mes, refleja una realidad sumamente alarmante: Los desempleados en el país son un millón 593 mil personas, de las cuales más de la mitad son jóvenes entre los 14 y 29 años.
La indiferencia y la falta de compromiso de las autoridades económicas y laborales para ofrecer alternativas de trabajo, cuya oferta política fue hecha por el señor Calderón durante su campaña y quien ahora se encuentra más ocupado en cultivar condescendencia con los dueños de las grandes fortunas, es la causa principal de la debacle.
Desde siempre la señora Gordillo Morales ha tenido que cargar con una borrachera de poder que le ha hecho perder los estribos de la sensatez. A sus carencias múltiples antepone la ignorancia sobre la importancia de las instituciones públicas formadoras de docentes.
La educación normalista tuvo su origen en una política educativa revolucionaria y se ha sostenido como un proceso vital para la sociedad. Si entendemos que la educación formal impartida por los licenciados en pedagogía es lo que garantiza que se defina el estilo de vida de las generaciones adultas, no se pueden ofertar al mercado libre las funciones profesionales de la docencia.
Al igual que la familia, la religión y los medios electrónicos, la educación es considerada un aparato ideológico del Estado. Los maestros, enfrentados a contenidos programáticos, lineamientos burocráticos y patrones de enseñanza diseñados exprofesamente para adocenar a una población potencialmente libre, han tenido que mantenerse en disputa sostenida frente a un gobierno que bajo su disfraz de modernizador, oculta su carácter elitista y de traición a las capas populares.
Una permanente crisis educativa es la condición que subyace en la historia de la educación en México. Lo que estamos testimoniando, no es más que otro intento de acabar con las instituciones públicas formadoras de docentes, para dejarles el campo libre a la iniciativa privada y poder forjar a quienes habrán de constituirse en la fuerza de trabajo sumisa y obediente.
La educación siempre ha sido un campo explosivo donde se desarrolla la pugna ideológica. Cada grupo gobernante pretende implantar su propia reforma. Y todas nos dicen un mismo discurso: el deseo de consolidar y prolongar su propio dominio.
Para nuestra desgracia, el modelo educativo aliancista ha sido diseñado desde el exterior. Durante los días 26 y 27 de junio pasado, gobierno y sindicato se apersonaron en el Banco Mundial cuya sede se encuentra en Washington, para recibir línea por cuanto a: reforma educativa; incentivos para el rendimiento educativo; impacto en las tecnologías de la información y la comunicación; modelos de evaluación escolar; y profesionalización de los maestros.
Es en está última donde se encuadra la demanda de la desaparición de las escuelas normales públicas. El gobierno necesita modificar lo sustantivo de la educación para convertirla en un reducto de obediencia y, por lo tanto, habrá que clausurar las escuelas normales dejando sólo el sistema privado muy a tono a sus intenciones.
No es la primera vez que se intenta desde el gobierno acabar con el normalismo. Desde los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz se ha venido recrudeciendo tal embate. Sin embargo, la sociedad liberal no lo ha permitido y esta será otra ocasión para defender la educación pública.
De manera que lejos de cuestionar las luchas del magisterio democrático, habrá que fortalecerla para desterrar la perversidad de un gobierno que en alianza con la señora Elba Ester Gordillo pretenden arrastrarnos a la aventura impidiendo la cohesión social.
Esta es nuestra pena: vivir la tragedia de un gobierno chato y gris.
HABLÓ EL BUEY Y DIJO… ¡MUUUUUUU!
Sarbelio Molina Vélez, activista del Partido Nueva Alianza (Panal) y dirigente impuesto por Elba Esther Gordillo, saltó al tinglado para hablar por boca de ganso*: “Con o sin la autorización del gobierno, la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), buscará desaparecer las siete escuelas normales del estado a fin de transformarlas en escuelas técnicas”.
Y pontifica: Las normales rurales perdieron su rumbo, “se desvirtuaron, se convirtieron en semilleros del grupo democrático y de un partido político y nadie me puede decir que no es cierto, además de que son generadoras de desempleados” (La Jornada de Michoacán, 20/08/08).
Fiel a su espejo diario, Molina Vélez se confirma como el tutelado eterno: ayer de Carlos Jonguitud y Antonio Jaimes; hoy de Elba Esther Gordillo y Juan Manuel Macedo, tutelaje que se entiende por su personalidad anodina.
Y justamente sus exabruptos se dan en el contexto de la condecoración otorgada por la Organización Mundial de las Américas a la Escuela Normal de Educadoras de Michoacán el pasado mes de junio, misma que fue concedida por su excelencia educativa en América latina.
Además, denota total desconocimiento de las actividades pedagógicas de importancia nacional que han desarrollado las escuelas normales de Michoacán, tales como paneles, foros y coloquios en los que se disertan temas sobre ética profesional, sindicalismo y liderazgo social, formación docente, pensamiento y práctica social, etc.
Es tan brutal su tosquedad que sólo supone a las normales como instituciones que sirven para engrosar rebaños de partidos políticos, desconociendo programas curriculares que desarrollan actualmente en educación.
Su horizonte es corto, no le da para más; y tal vez eso es lo que le ha llevado a una insapiencia supina. Si, Sarbelio Molina Vélez es de los que necesitan asideros no para dirigir conformismos
Y por eso bien pudiéramos decir: Habló el buey y dijo… ¡Muuuuuu!
jueves, 14 de agosto de 2008
Barruntos de violencia
Se ha instalado en la sensibilidad del pueblo la incertidumbre del destino. La orfandad de un liderazgo que nos conduzca a buen puerto, nos hace divagar en supuestos que resultan estremecedores.
Para muchos analistas el año fatídico será el 2010, en obvia remembranza a los acontecimientos de la insurgencia de independencia y de los revolucionarios maderistas. La realidad económica, jurídica, social, política, educativa y demás, conceden razones suficientes para lanzar augurios preocupantes y que conllevan propósitos meramente preventivos.
Pero tal parece que quienes gobiernan, además de ser genuinos “burriciegos”, padecen de una sordera que nada les concita. Siguen encaramados en su mundo autista que les hace repetir: “todo está bien”… “todo está bien”… “todo está bien”… como poseídos por una deformación cerebral adquirida cuando estaban en su existencia uterina.
Calderón en su berenjenal ya no encuentra la salida a los enredos. Los narcos se le convirtieron en secuestradores, los policías en delincuentes, los delincuentes en las glorias de la impunidad, los magistrados de la justicia en una caterva de chaperones, diputados y senadores en jilgueros de alpiste rancio, sus funcionarios en traficantes de influencias, la élite empresarial en expoliadores de la fuerza de trabajo de un pueblo que se hunde cada día más en la pobreza.
La carestía de los alimentos básicos, aunado al poder adquisitivo ostensiblemente disminuido, golpea de manera despiadada a más de 24 millones de mexicanos que sobreviven en la desnutrición, son mexicanos cuyo ingreso oscila entre cero y dos salarios mínimos.
Los programas asistenciales establecidos por el gobierno calderonista, obedecen únicamente a la coyuntura crítica que de ninguna manera resuelven de fondo el problema de la pobreza.
Por su parte la élite empresarial, lejos de constituirse en contribuyentes para atenuar la crisis, se resolvieron por mantener sus privilegios y canonjías. Así, los grandes consorcios mantienen su resistencia a pagar impuestos de conformidad a las ganancias obtenidas; y mediante trucos y engaños, ocultos bajo el disfraz de las ofertas y actos de filantropía ramplona, se cuelgan de la hacienda del estado para recuperar impuestos y recibir tratamientos fiscales selectivos.
Investigadores de la Universidad Autónoma de México, vaticinan: No tardan en levantarse las organizaciones campesinas y obreras del país... (se vislumbran) conflictos sociales por la carestía que no pueden sortear millones de mexicanos, principalmente en las periferias de las grandes ciudades y en las zonas indígenas rurales, donde se concentra la pobreza extrema”.
Creo que la presencia del ejército por tierra y aire, no sólo pretende combatir la delincuencia organizada, sino intimidar a las organizaciones sociales que se atrevan a levantarse en protesta enérgica y violenta en contra de los falsos gobernantes. Ojala me equivoque, porque darle a la institución más respetable del país un USO represivo, sería la denigración final del respeto que merece el pueblo.
Para muchos analistas el año fatídico será el 2010, en obvia remembranza a los acontecimientos de la insurgencia de independencia y de los revolucionarios maderistas. La realidad económica, jurídica, social, política, educativa y demás, conceden razones suficientes para lanzar augurios preocupantes y que conllevan propósitos meramente preventivos.
Pero tal parece que quienes gobiernan, además de ser genuinos “burriciegos”, padecen de una sordera que nada les concita. Siguen encaramados en su mundo autista que les hace repetir: “todo está bien”… “todo está bien”… “todo está bien”… como poseídos por una deformación cerebral adquirida cuando estaban en su existencia uterina.
Calderón en su berenjenal ya no encuentra la salida a los enredos. Los narcos se le convirtieron en secuestradores, los policías en delincuentes, los delincuentes en las glorias de la impunidad, los magistrados de la justicia en una caterva de chaperones, diputados y senadores en jilgueros de alpiste rancio, sus funcionarios en traficantes de influencias, la élite empresarial en expoliadores de la fuerza de trabajo de un pueblo que se hunde cada día más en la pobreza.
La carestía de los alimentos básicos, aunado al poder adquisitivo ostensiblemente disminuido, golpea de manera despiadada a más de 24 millones de mexicanos que sobreviven en la desnutrición, son mexicanos cuyo ingreso oscila entre cero y dos salarios mínimos.
Los programas asistenciales establecidos por el gobierno calderonista, obedecen únicamente a la coyuntura crítica que de ninguna manera resuelven de fondo el problema de la pobreza.
Por su parte la élite empresarial, lejos de constituirse en contribuyentes para atenuar la crisis, se resolvieron por mantener sus privilegios y canonjías. Así, los grandes consorcios mantienen su resistencia a pagar impuestos de conformidad a las ganancias obtenidas; y mediante trucos y engaños, ocultos bajo el disfraz de las ofertas y actos de filantropía ramplona, se cuelgan de la hacienda del estado para recuperar impuestos y recibir tratamientos fiscales selectivos.
Investigadores de la Universidad Autónoma de México, vaticinan: No tardan en levantarse las organizaciones campesinas y obreras del país... (se vislumbran) conflictos sociales por la carestía que no pueden sortear millones de mexicanos, principalmente en las periferias de las grandes ciudades y en las zonas indígenas rurales, donde se concentra la pobreza extrema”.
Creo que la presencia del ejército por tierra y aire, no sólo pretende combatir la delincuencia organizada, sino intimidar a las organizaciones sociales que se atrevan a levantarse en protesta enérgica y violenta en contra de los falsos gobernantes. Ojala me equivoque, porque darle a la institución más respetable del país un USO represivo, sería la denigración final del respeto que merece el pueblo.
jueves, 7 de agosto de 2008
miércoles, 6 de agosto de 2008
La opereta de la seguridad pública
Sabemos que la delincuencia organizada no sólo se manifiesta en cuestiones de índole criminal. La delincuencia organizada también se consolida entre quienes socavan los principios elementales de la ética política, sustrayendo capitales de las haciendas de los estados; o entre los acaparadores y encarecedores de los satisfactores básicos; también entre quienes se dedican al escamoteo mediante el agio; todos –sujetos actuantes- con la complacencia corresponsable de las autoridades que se conceden, y les otorgan, el beneficio de la impunidad.
Pero más grave aún el que en dichas organizaciones delictivas se encuentren aquéllos en quienes nosotros, los ciudadanos, les hemos entregado la defensoría de nuestra seguridad y el manejo honesto de las arcas hacendarias.
Esto confirma que la crisis institucional está llegando a niveles extremos que nos impide obsequiar confianza a los cuerpos castrenses o policiacos. Ahora debemos prepararnos para vivir como en los tiempos primitivos, retornando a la barbarie, a la justicia por mano propia; a menos que despertemos oportunamente de esta pesadilla de espanto.
No hace muchos años que leí en algún periódico que la Organización de las Naciones Unidas declaraba que México era un país de leyes pero no de justicia. La confirmación de lo expresado se ha convertido en nuestra cotidianidad.
Tenemos un número exagerado de leyes y reglamentos. Los menos están actualizados. Los más, datan de muchas décadas y que, por lo mismo, resultan inoperantes; sin embargo, éstos se mantienen vigentes porque facultan a quienes ostentan el poder para violentar los derechos del ciudadano. Que me baste un ejemplo: el Reglamento para los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública, data de 1946 y fue expedido por el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho.
Ahora bien. Los caminos de la justicia están torcidos. Tanto así, que tenemos las sensación que las leyes están hechas únicamente para aplicarlas a quienes carecen del dinero suficiente para “chicanearla”. Alfredo Méndez en un reportaje que publicó en La Jornada bajo el título “El laberinto de la Justicia Mexicana”, nos dice que en las cárceles del país hay 210 mil presos.
Cabrían las preguntas: ¿Cuántos de ese universo humano tendrán la capacidad económica para sufragar una buena defensoría? ¿Cuántos son delincuentes primarios que cometieron un delito obligados por la pobreza extrema en que se debaten? ¿Cuántos son inocentes que son juzgados por la impericia de las defensorías de oficio? ¿A cuántos se les habrá de decir que fueron encarcelados por error y que les dejan libres sólo con un “usted dispense”? Sé que no me equivoco si digo que la mayoría se encuentra en alguna de esas –u otras- desventajas.
Cuando los crímenes se cometen en perjuicio de los humildes, pasan sólo como nota roja en las noticias. No trascienden. Ahí tenemos a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Pero cuando el dolor toca a las puertas de los poderosos, no figuran como nota roja, sino como reclamo estridente y duelo oportuno para el lucimiento retórico y demagogo de la oligarquía y los políticos. Las policías actúan prontamente y se tienen resultados en tiempo breve.
Sí, nuestros gobernantes están despertando al México Bárbaro porque han perdido la noción de la decencia, por que han olvidado –o quieren olvidar- que los pobres no necesitan caridad, sino justicia.
Pero más grave aún el que en dichas organizaciones delictivas se encuentren aquéllos en quienes nosotros, los ciudadanos, les hemos entregado la defensoría de nuestra seguridad y el manejo honesto de las arcas hacendarias.
Esto confirma que la crisis institucional está llegando a niveles extremos que nos impide obsequiar confianza a los cuerpos castrenses o policiacos. Ahora debemos prepararnos para vivir como en los tiempos primitivos, retornando a la barbarie, a la justicia por mano propia; a menos que despertemos oportunamente de esta pesadilla de espanto.
No hace muchos años que leí en algún periódico que la Organización de las Naciones Unidas declaraba que México era un país de leyes pero no de justicia. La confirmación de lo expresado se ha convertido en nuestra cotidianidad.
Tenemos un número exagerado de leyes y reglamentos. Los menos están actualizados. Los más, datan de muchas décadas y que, por lo mismo, resultan inoperantes; sin embargo, éstos se mantienen vigentes porque facultan a quienes ostentan el poder para violentar los derechos del ciudadano. Que me baste un ejemplo: el Reglamento para los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública, data de 1946 y fue expedido por el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho.
Ahora bien. Los caminos de la justicia están torcidos. Tanto así, que tenemos las sensación que las leyes están hechas únicamente para aplicarlas a quienes carecen del dinero suficiente para “chicanearla”. Alfredo Méndez en un reportaje que publicó en La Jornada bajo el título “El laberinto de la Justicia Mexicana”, nos dice que en las cárceles del país hay 210 mil presos.
Cabrían las preguntas: ¿Cuántos de ese universo humano tendrán la capacidad económica para sufragar una buena defensoría? ¿Cuántos son delincuentes primarios que cometieron un delito obligados por la pobreza extrema en que se debaten? ¿Cuántos son inocentes que son juzgados por la impericia de las defensorías de oficio? ¿A cuántos se les habrá de decir que fueron encarcelados por error y que les dejan libres sólo con un “usted dispense”? Sé que no me equivoco si digo que la mayoría se encuentra en alguna de esas –u otras- desventajas.
Cuando los crímenes se cometen en perjuicio de los humildes, pasan sólo como nota roja en las noticias. No trascienden. Ahí tenemos a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Pero cuando el dolor toca a las puertas de los poderosos, no figuran como nota roja, sino como reclamo estridente y duelo oportuno para el lucimiento retórico y demagogo de la oligarquía y los políticos. Las policías actúan prontamente y se tienen resultados en tiempo breve.
Sí, nuestros gobernantes están despertando al México Bárbaro porque han perdido la noción de la decencia, por que han olvidado –o quieren olvidar- que los pobres no necesitan caridad, sino justicia.
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