Los delirios privatizadores de los gobiernos surgidos del PRI y del PAN, provocaron el desmantelamiento de las instituciones paraestatales que fueron la garantía de nuestra soberanía alimentaria.
Tal es el caso de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), cuya desaparición gradual se dio en el contexto de la economía nacional que predominó en la década de los noventas: Las reformas y la liberalización comercial.
La CONASUPO, como bien recordamos, proporcionaba apoyos a los campesinos para el almacenamiento y la comercialización de sus cosechas de maíz y frijol concediéndoles un precio de garantía, además de los apoyos crediticios indispensables. A cambio, obteníamos el aseguramiento del abasto nacional.
Otras empresas desincorporadas vía privatización, fueron:
Trigo Industrializado Consupo (TRICONSA), dedicada a la elaboración de pan.
Industrias Consupo (ICONSA), que procesaba aceite comestible, jabones, galletas y pasta para sopa.
Maíz Industrializado Consupo (MICONSA), elaboradora de harina de maíz.
Leche Industrializada Consupo (LICONSA), privatizando sus compañías adherentes, tales como la Operadora de Lácteos Delicia, la Operadora Metropolitana de Lácteos y la denominada empresa Llanura. Pese a su debilitamiento, sobrevive, aunque de manera modesta, y continúa distribuyendo lechea precios accesibles, apoyando la alimentación y nutrición de las familias en condiciones de pobreza.
Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), creado para financiar a los cafeticultores a través de las Unidades Económicas de Producción y Comercialización.
Citaré otras por sus siglas: TABAMEX, CONAFRUT, ANAGSA, ALBAMEX, CONADECA, FERTINAL, FERTIMEX, BANRURAL, todas brindando a los productores subsidios para contribuir a su competitividad y suficiencia productiva, con lo que se abastecía al 80 por ciento de nuestras necesidades.
A esta venta de garage en que se debate nuestra Patria, habremos de agregarle la creación en 1993 del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE, por sus siglas), previa modificación al artículo 27 constitucional, obligando a los campesinos a producir individualmente y no en conjunto como lo hacían tradicionalmente. Ellos, al no contar con las capacidades técnicas para realizar las actividades agrícolas de manera individual, terminaron por rentar, vender o abandonar las tierras de cultivo, emigrando a los Estados Unidos o a los centros urbanos.
Ahora que el fantasma de la crisis alimentaria mundial nos amenaza, nos encontramos cautivos de nuestras carencias y desprotección. Frente a ello, la presidencia de la república anuncia una serie de medidas que bien pudiéramos calificarlas de demagogas y electoreras. Veamos por qué:
La eliminación de aranceles (o pago de tarifas de aduanas) para las importaciones de maíz, trigo, arroz y soya, así como la eliminación de impuestos a las importaciones de fertilizantes y abonos, beneficiará enormemente a los clásicos acaparadores y empresas trasnacionales. No olvidemos que la empresa Kellogg’s es una de las dominantes en el arte de la acumulación ilegal.
La apertura de créditos para pequeños agrícolas no es más que un paliativo por su temporalidad. La certidumbre de su adquisición disminuida frente al burocratismo imperante y su temporalidad limitada, hace nugatoria la operatividad de la estrategia. Volvemos, pues, a recordar los cambios al artículo 27 en los tiempos del salinismo.
Repartir el dinero entre las familias más pobres no implica la satisfacción sostenida a sus necesidades alimentarias. El problema sustantivo radica en el desempleo y el raquitismo salarial que agobia al grueso de la población.
De manera que sólo podemos concluir que la pretensión de quien habita la residencia de Los Pinos, no es más que congraciarse a la ciudadanía mediante la simulación, puesto que su meta está fijada en ganar la mayoría de diputados en las elecciones del año próximo (2009) y seguir haciendo sus fechorías privatizadoras sin oposición y con mayor comodidad.
No debemos creer en la hipocresía del señor Calderón, quien en su perversidad no sólo hace el ridículo, sino que nos arrastra a los 105 millones de mexicanos a la desolación de la injusticia.
Tal es el caso de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), cuya desaparición gradual se dio en el contexto de la economía nacional que predominó en la década de los noventas: Las reformas y la liberalización comercial.
La CONASUPO, como bien recordamos, proporcionaba apoyos a los campesinos para el almacenamiento y la comercialización de sus cosechas de maíz y frijol concediéndoles un precio de garantía, además de los apoyos crediticios indispensables. A cambio, obteníamos el aseguramiento del abasto nacional.
Otras empresas desincorporadas vía privatización, fueron:
Trigo Industrializado Consupo (TRICONSA), dedicada a la elaboración de pan.
Industrias Consupo (ICONSA), que procesaba aceite comestible, jabones, galletas y pasta para sopa.
Maíz Industrializado Consupo (MICONSA), elaboradora de harina de maíz.
Leche Industrializada Consupo (LICONSA), privatizando sus compañías adherentes, tales como la Operadora de Lácteos Delicia, la Operadora Metropolitana de Lácteos y la denominada empresa Llanura. Pese a su debilitamiento, sobrevive, aunque de manera modesta, y continúa distribuyendo leche
Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), creado para financiar a los cafeticultores a través de las Unidades Económicas de Producción y Comercialización.
Citaré otras por sus siglas: TABAMEX, CONAFRUT, ANAGSA, ALBAMEX, CONADECA, FERTINAL, FERTIMEX, BANRURAL, todas brindando a los productores subsidios para contribuir a su competitividad y suficiencia productiva, con lo que se abastecía al 80 por ciento de nuestras necesidades.
A esta venta de garage en que se debate nuestra Patria, habremos de agregarle la creación en 1993 del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE, por sus siglas), previa modificación al artículo 27 constitucional, obligando a los campesinos a producir individualmente y no en conjunto como lo hacían tradicionalmente. Ellos, al no contar con las capacidades técnicas para realizar las actividades agrícolas de manera individual, terminaron por rentar, vender o abandonar las tierras de cultivo, emigrando a los Estados Unidos o a los centros urbanos.
Ahora que el fantasma de la crisis alimentaria mundial nos amenaza, nos encontramos cautivos de nuestras carencias y desprotección. Frente a ello, la presidencia de la república anuncia una serie de medidas que bien pudiéramos calificarlas de demagogas y electoreras. Veamos por qué:
La eliminación de aranceles (o pago de tarifas de aduanas) para las importaciones de maíz, trigo, arroz y soya, así como la eliminación de impuestos a las importaciones de fertilizantes y abonos, beneficiará enormemente a los clásicos acaparadores y empresas trasnacionales. No olvidemos que la empresa Kellogg’s es una de las dominantes en el arte de la acumulación ilegal.
La apertura de créditos para pequeños agrícolas no es más que un paliativo por su temporalidad. La certidumbre de su adquisición disminuida frente al burocratismo imperante y su temporalidad limitada, hace nugatoria la operatividad de la estrategia. Volvemos, pues, a recordar los cambios al artículo 27 en los tiempos del salinismo.
Repartir el dinero entre las familias más pobres no implica la satisfacción sostenida a sus necesidades alimentarias. El problema sustantivo radica en el desempleo y el raquitismo salarial que agobia al grueso de la población.
De manera que sólo podemos concluir que la pretensión de quien habita la residencia de Los Pinos, no es más que congraciarse a la ciudadanía mediante la simulación, puesto que su meta está fijada en ganar la mayoría de diputados en las elecciones del año próximo (2009) y seguir haciendo sus fechorías privatizadoras sin oposición y con mayor comodidad.
No debemos creer en la hipocresía del señor Calderón, quien en su perversidad no sólo hace el ridículo, sino que nos arrastra a los 105 millones de mexicanos a la desolación de la injusticia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario