Francisco RIVAS LINARES
El Constituyente de 1917, al
discutir y redactar el artículo tercero de la Ley Suprema, relativo a la
educación, lo hizo bajo un principio rector: La educación será una responsabilidad
directa del Estado Mexicano.
Siendo la educación una de las
libertades ciudadanas de mayor importancia,
la inversión que se destine para garantizar la consolidación del
servicio, deberá ser considerado como gasto social. Entendido así, el Estado se
constituye en garante del sentido que habrá de prevalecer en dicho
ordenamiento: Laicidad y gratuidad.
La intromisión de organismos
internacionales y grupos de interés internos, a través de lineamientos
sugeridos o dictados sobre la materia,
contrastan con dicho principio original, pues el enfoque que pretenden instalar
en la educación es la de que ésta se traduzca en ganancias al comerciar con el
servicio.
El choque producido por este
binomio, la educación como bien comunitario y la competencia del mercado como
creador potencial de excelencia, es lo que constituye el fondo de la
resistencia en el magisterio.
La retórica que la iniciativa
privada, y de la cual hace eco el gobierno, es que la educación debe moverse en
torno a tres ideas sustantivas: Eficiencia, eficacia y calidad, conceptos
acuñados originalmente por el eficientismo industrial y que ahora, trasladados
al campo pedagógico, pretenden hacerlos medibles mediante pruebas estándar aplicadas
a los maestros.
La educación como negocio, es
excelente. Me bastarán dos ejemplos: los programas Enciclomedia y CompuApoyo.
El primero de ellos, operado a partir de 2004, aplicó una inversión inicial de
25 mil millones de pesos más los que requiriera el sistema para su mantenimiento
hasta el 2011.
Para el 2012 el gobierno
federal sustituyó Enciclomedia por el programa CompuApoyo que consistía
en obsequiar un apoyo de mil pesos a cada familia que, mediante crédito
Fonacot, decidiera adquirir una computadora. El beneficio previsto alcanzaría a
un millón 700 mil hogares.
Ambos programas fueron un
fracaso. El primero de ellos, Enciclomedia, había dejado de aplicarse
prácticamente desde 2010, pues el equipo consistente en una computadora, un
pizarrón electrónico y un proyector, quedaron inutilizados al no actualizar su
contenido conforme a la modificación de los contenidos de los libros de texto.
CompuApoyo corrió el mismo destino. Surgido en los meses previos a
las elecciones presidenciales, se utilizó como instrumento de propaganda
electoral en beneficio del PAN; por lo que, ya concluido el proceso, éste fue
cancelado abruptamente sin importar los miles de millones de pesos invertidos.
El interés académico no
predominó en ambos programas. Su interés radicó fundamentalmente en cuestiones
políticas y económicas, siendo sus beneficiarios directos los propios políticos
y las empresas privadas.
Ahora el gobierno actual afianza
su propio esquema para introducir la tecnología en las escuelas. Su programa se
denomina Computadoras para Todos y consiste en otorgar una computadora a
cada niño de cuarto y quinto grados de primaria, la cual ya vendrá cargada con
los contenidos académicos del grado específico. Su etapa inicial tendrá un
carácter experimental a partir de noviembre en los estados de Colima, Sonora y
Tabasco. Su calcula que serán repartidas 240 mil computadoras.
Privatizar algunos segmentos de
la educación, como los ejemplos citados, y contratar mayores servicios del
sector privado en la enseñanza pública, es el trasfondo de esta Reforma educativa.
La culminación de la misma estaría centrada en la operación de las escuelas
administradas por empresas privadas con recursos de la hacienda pública e
identificadas como Escuelas charter, un tema que abordaré en la columna política
del viernes próximo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario