miércoles, 8 de mayo de 2013

Cisma: La Reforma Educativa III



Francisco RIVAS LINARES


La educación es el tema que nos ha ocupado en las últimas columnas políticas. En la primera de ellas me referí a las etapa por las que ha transitado el servicio y que se identifican como periodo de institucionalización (1920-1940), periodo de crecimiento (1940-1980) e ingresar a los tiempos dominados por tecnócratas conocidos como Chicago Boys (chicos de Chicago), término con el que se denominaron a los economistas neoliberales cuyas políticas la sustentaron en la economía de mercado. Cité también los quince compromisos que el gobierno firmó con la OCDE al momento de ingresar a ese club de países ricos; compromisos para liberar capitales y servicios figurando, entre ellos, el de educación. A esta etapa se le conoció como la Modernización Educativa.

 

En la anterior columna política, se expuso lo que se debería entender por calidad. Dejé establecido que esta iba ligada a la o las cualidades que el producto o servicio debería tener para calificarla como de calidad. Las cualidades sirven para establecer modelos. Ya aplicada a la educación cité los dos modelos educativos que se ofrecen: el que busca capacitar a los educandos para investigar, analizar y cuestionar. Mientras que el otro modelo pretende formatear a los educandos para la obediencia, que acaten órdenes sin cuestionar y que acepten las estructuras existentes.

 

Ahora hablaré sobre la privatización del servicio educativo, meta ambicionada por los gobiernos tecnocráticos.

 

Dice un dicho: Si se ve como pato, si camina como pato y si grazna como pato, pues es pato. Así la educación. Si los políticos alientan, promueven y subsidian a la educación privada, más que al servicio público, la tendencia es, obviamente, privatizadora.

 

Me explico: Desde antes de 1987 los políticos del PRI y del PAN han estado presentando por separado iniciativas de ley para subsidiar fiscalmente a la educación privada. Este asunto lo concretó Felipe Calderón firmando un decreto el 13 de febrero de 2011, mediante el cual permite a las familias que tienen a sus hijos en escuelas privadas a deducir de su ingreso gravable el pago de las colegiaturas, beneficiando no sólo a los sectores de la población con mayores ingresos, sino a las empresas de educación privadas.

 

Trece mil millones de pesos fue la cantidad que el señor Calderón destinó para el subsidio. Trece mil millones de pesos que fueron desviados de programas sociales prioritarios. Trece mil millones de pesos que debieron beneficiar a las destartaladas escuelas públicas de las zonas rurales e indígenas, donde las condiciones de infraestructura son pésimas y que sin embargo se canalizaron a las escuelas particulares, esas mismas que hacen un negocio jugoso cobrando cuotas de inscripción, reinscripción, mensualidades elevadas, venta de uniformes, material escolar, libros y conexos.

 

El sector privado obviamente aplaudió sin rubor dicha acción presidencial, ese mismo sector que cuando se destinan subsidios para beneficiar a las clases marginadas, las critican calificándolas de “populistas”.

 

Ahora se ventila la idea de un bono educativo, el que se daría a los padres de familia que inscriban a sus hijos en escuelas privadas estimulando la demanda por este tipo de educación la cual no es por sí mejor que la pública. Ciertamente hay escuelas privadas excepcionales, pero en promedio las escuelas privadas no tienen mejores resultados que las escuelas públicas.

 

Lucrecia Santibáñez, investigadora en temas de educación y miembro de la Corporación Investigación y Desarrollo (RAND corporation) cuestionando esta política de subsidios a la educación privada, afirma: “Todos los mexicanos merecen una educación de calidad: desde la familia de clase media urbana hasta el indígena en la sierra de Oaxaca y el hijo de Carlos Slim. La cuestión no es quien la merece más, sino quien la necesita más. Es ahí donde debería estar la prioridad gubernamental.” Y no en los subsidios a particulares en beneficio de las empresas de educación privada.

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