Michoacán con sus violencias

Dos conflictos que rayan en la violencia se ventilan actualmente en nuestra entidad: El que controla el régimen federal en su lucha contra la delincuencia organizada, y el que libra el gobierno del estado en el ámbito educativo. Ambos se han posicionado de manera preponderante en pláticas de corrillos, familiares o de café. Temas controvertidos, sin duda alguna, cuando no hasta de fricción entre los opinantes.

Hablemos del segundo caso. Lamentablemente cuando se violentan los elementos en conflicto, la primera víctima es la verdad. Cada quien maneja la propia. En tanto que algunos la reducen a una negativa de los estudiantes para recibir los conocimientos del idioma inglés y de computación, cuando lo cierto es que se trata de posponer por un año los cambios al plan de estudios, otros la enervan a una tentativa oficial por socavar los cimientos de las escuelas normales en el país, a partir de la aceptación de un modelo administrativo autoritario sustentado en el sistema empresarial de las competencias con enfoque productivista.

La educación es un territorio en disputa, como bien lo dice el Maestro en Ciencias Políticas José Enrique González Ruíz: el Estado la quiere conducir para controlar a la población; y la población la quiere conducir para amarrar las manos al Estado. Y en esta pugna de propósitos, se dirime actualmente el conflicto con los normalistas.

El asunto se agrava más aún, cuando intervienen otros factores de poder con enfoques diversos a partir de las consecuencias que va propiciando el conflicto por sí. La clase empresarial lo enfoca en el detrimento de sus ganancias económicas. El gobierno lo calibra en término de “costos políticos”. Y los estudiantes lo circunscriben al campo de lo académico. Conciliar los tres será el punto clave del asunto.

Para ello, debemos aceptar en principio que la juventud siempre se ha caracterizado por su condición rebelde contra todo dictado del poder autoritario. Todo lo que se imponga a nivel central. La juventud desea participar en las decisiones que les afecten su futuro. Y esto no es una cuestión privativa de nuestro estado. Ahí están los estudiantes chilenos, los manifestantes en Londres, los indignados en España, el movimiento Yo Soy 132, los jóvenes activistas en Israel, Túnez, Siria, Libia, etc.

Más aún. Si nos remontamos a nuestra historia, muchos de los que se encuentran actualmente en la función pública, llegaron a participar en actos de protesta y rebeldía durante su vida estudiantil.  Llegaron a lapidar el frente del palacio de gobierno, incendiaban las motocicletas del departamento de tránsito que solían estacionarse sobre la avenida Madero. ¿Ya se olvidaron cuando en grupo llegaban a destruir el exterior del colegio Valladolid por considerarlo emblema de la burguesía? ¿O cuando hacían destrozos en el interior del Instituto Mexicano-Norteamericano, con quema de la bandera de los EEUU incluida, en protesta por el bloqueo económico que éste país imponía a Cuba? ¿O cuando llegaban a destruir las rotativas de un diario local, sólo por considerarlo proclive al gobierno?

El gobierno represor llegó a sacar al ejército de sus cuarteles, para sofocar su rebeldía. Y hubo muerto. Y hubo heridos. Y se escuchaban las mismas expresiones oficiosas que hoy repiten: Respeto al estado de derecho y aplicación estricta de la ley.

De ninguna manera pretendo justificar lo que ha ocurrido en las normales del estado. Sólo demando que nos expliquemos con criterios de causalidad el conflicto que se vive. Que nos ubiquemos en el contexto justo tratando de identificar la fuente de la posición radicalista. Si se globaliza el libre mercado, ¿por qué no globalizar la protesta? Lejos de aplicar la pedagogía del escarmiento, hay que retirarnos del encono y tratemos de dirimir el entuerto a partir de nuestra racionalidad, absteniéndonos de utilizar el lenguaje maldito de la condena.