La represión que viene

Epígrafe: “Un revolucionario sin educación política,
así esta sea elemental, es sólo un delincuente”.
Luis Spota. “El rostro del sueño”

Cuando los grupos sociales se constituyen en fuerzas de reclamo para impedir que los gobernantes se asuman como los dueños absolutos del destino de los individuos, éstos instrumentan diversos estilos de represión para evitar que se consoliden aquéllos en favor de la sociedad.

A efecto de impedir el ejercicio de las libertades democráticas, se adjudican el derecho legal de la violencia como axioma de sus facultades normativas. Cárcel, persecución, tortura física y psicológica, desaparición, secuestro y exilio, son algunas de las aberraciones que los gobernantes aplican como escarmiento a quienes osen resistir a sus imposiciones.

Sin importarles los derechos humanos, la ruptura ni el torcimiento de las leyes, conceden a las fuerzas policiales y/o castrences atribuciones para golpear, detener y sancionar de manera selectiva y arbitraria. Guadalajara en 2004, Atenco y Oaxaca en 2006 son ejemplos para el tema.

La justicia es lerda cuando de castigar a los delincuentes concretos de la oligarquía se trata. Más aún si quienes inciden son los malhechores hacinados en el sistema mismo. Pero cuando se trata de opositores al régimen, entonces los medios arman un escándalo de gitanos en obediencia a la clase gobernante para criminalizarlos y ponerlos a raya.

La fabricación de delitos con siembra de pruebas, son de los actos preferenciales por el poder para eliminar a los incómodos. Cuando un dirigente o líder se atreve a confrontarse con el “tlatoani” o sus “vacas sagradas”, corre el alto riesgo de convertirse en víctima de burócratas entrenados en el arte de la represión.

Y a efecto de alcanzar el éxito en la flagelación, se trazan una línea ejecutoria: Primero, convencer a la ciudadanía que están ejerciendo el poder con responsabilidad para el beneficio común, y crearse en el imaginario popular la estampa de protectores benévolos de la paz social.

Luego prorratean las culpas para aligerar las propias. Desdeñan las protestas y no las atienden pues de provocar enojos se trata. Suponen que ceder implica la claudicación del poder. Y para justificar la gravedad de su oficialidad frívola, utilizan una expresión gozne para la manipulación: “Están politizando la protesta”. Y se salen por peteneras. Así tensan el reclamo y aplican la represión, la que se puede traducir en operativos policiales o la siembra de la difamación para emprender una persecución penal en contra de los dirigentes o líderes.

El gobierno del estado ha sido omiso en el planteamiento de sustituir a la actual Secretaria de Educación, mismo que fue propuesto por los integrantes de la Sección XVIII de la CNTE desde el momento mismo en que se dio su designación.

Hasta la saciedad se han expuesto razones, predominando las que sustentan la existencia de intereses facciosos de índole tribal-partidista. Sin embargo, la réplica oficial la soportan en una cuestión de veleidades surgidas al calor de las pugnas intestinas del mismo gremio. Por eso la descalifican circunscribiéndola a los factores preferenciales de “me gusta o no me gusta”.

Creada la imposibilidad de unir los contrarios (gobierno-sección XVIII) se esboza la represión. ¿Cómo?

La educación es un tema hipersensible a la sociedad. Entonces, ante las deficiencias del servicio, encuentran la oportunidad de endosarle al magisterio democrático las culpas atribuibles a sus luchas de protesta. La ventolera y difusión de las descalificaciones estarán a cargo de los mercenarios de la noticia, quienes las editorializan con tal rigor que prenden una animadversión en contra de los docentes, haciéndoles quedar como los perversos del drama. De este modo la inquina y el rechazo quedan sembrados.

Pero es insuficiente. El acoso a los líderes para provocar deserciones en los grupos organizados, les parece necesario. Y entra en acción la sosedad de los enjuagues administrativos -vía auditorías o difamaciones llanas- para distraerlos y mantenerlos en un hito para procesos penales.

Quienes han soltado el cacareo de la posible denuncia contra Ortiz y Espinal, son quienes decidieron tomar los caminos de la claudicación a las causas populares. Y bajo el amparo placentario de los emperadores de la decadencia Morón-Pérez, se disponen para dar servicio al gobierno que en su comienzo declaró: “Yo voy a impulsar sin duda, la construcción de la democracia participativa en Michoacán”, porque “… la sociedad exige otras políticas y otro tipo de políticos. Que cumplan lo que ofrecen, que sean congruentes, honestos, eficientes…” (La Jornada de Michoacán. 16 de febrero de 2008)

¿Será? Lo que si es seguro es que el grito de estos sinodales vociferantes tendrá su respuesta en la fuerza del movimiento.