Si
un gobernante es electo conforme a los requisitos que la ley establece, será un
gobernante legal. El número de sufragios a su favor que los ciudadanos hayan
depositado en las urnas, habrán de otorgarle la legitimación.
La
legalidad es pues todo lo que se apega a la ley. La legitimidad es lo
comúnmente aceptado; es decir, lo que le hace merecedor del reconocimiento.
Si
el aspirante a gobernar no obtiene el 50% más uno de los sufragios, será un
gobernante legal, pero no legítimo en virtud de no ser aceptado por la mayoría
de los ciudadanos.
Silvano
Aureoles se perfila como el virtual gobernador de nuestro estado. Después de
desahogar todas las impugnaciones que los opositores pudieran hacer, pasará a
ser el gobernador electo. Pero, ¿qué legitimidad tendría Silvano Aureoles si
apenas alcanzó el 36% de los votantes que emitieron el sufragio en su favor? O
visto desde el otro ángulo, ¿qué legitimidad tendría Silvano Aureoles si el 64%
de los votantes no lo eligieron para tal desempeño?
Dichos
porcentajes se reducirían aún más, si se tomaran en consideración los relativos
a votos nulos y abstencionismo, porcentajes que se han mantenido a buen
recaudo, para no hacer más pronunciada la crisis de legitimidad.
Sin
duda alguna que el próximo gobierno de nuestro estado, iniciará con una
condición de debilidad extrema no sólo por cuanto al apoyo de sus gobernados,
sino que también caminará el primer trienio con un congreso opositor.
¿Por
qué es necesario que un gobernante tenga la condición de ser legítimo? Para obtener
la lealtad de los gobernados. Para “justificar su autoridad de mandar y
reclamar obediencia a los gobernados, quienes estarán convencidos de que las órdenes dadas
por el gobernante son para beneficiar a todos y no por interés personal o de
grupo. Además, le concederá al gobernante la posibilidad de ejercer el
monopolio de la fuerza ante situaciones particulares de desobediencia a las
leyes.
Un
gobernante sin legitimidad podrá ejercer una relación de mando-obediencia, aunque
el pueblo acatará por miedo, o bien presentará resistencia extrema, deviniendo
en represión brutal. El ejemplo más claro lo tenemos en los gobiernos
autoritarios o en las dictaduras.
De
manera que el binomio legalidad-legitimidad es indispensable para quienes
aspiran a ejercer un gobierno de paz y prosperidad.
Al
respecto, cita el Doctor Ignacio Carrillo Prieto, investigador del Instituto de
Investigaciones de la Universidad Autónoma de México, al filósofo jurista
Norberto Bobbio, en los siguientes términos: “… un poder para ser justo debe
ser a la vez legítimo respecto al título y legal respecto al ejercicio”.
La
falta de legitimidad en los gobernantes ha sido una constante en el sistema
político mexicano. La resistencia a programar “segundas vueltas” entre los
contendientes que hayan obtenido el mayor número de votantes, a fin de alcanzar
ese 50% más uno, se ha constituido en una rémora que impide nuestro desarrollo
democrático. Y para mantenerse en el poder, prefieren mejor cobijarse en la
expresión vacua y cínica del “haiga sido como haiga sido”, dicha por el
tristemente célebre Felipe Calderón.
Los
primeros actos, las primeras decisiones que aplique el Ing. Silvano Aureoles,
marcará el camino hacia la conquista de su legitimidad o la pérdida del mínimo
con la que inicia. Los finales están en los principios.
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