Los secretarios "chatarra"

Francisco RIVAS LINARES

"Los niños están presionados por una industria publicitaria que se ceba sobre ellos, ante la mirada cómplice de las autoridades. Ellos están en una edad muy moldeable, que no saben que los refrescos les pueden ocasionar serios problemas a futuro y ¿qué va a pasar?, aunque los papás no les den dinero o les manden lonches nutritivos, como pretende la Secretaría, los niños van a seguir consumiendo estos productos porque van a seguir teniéndolos a la mano".Alejandro Calvillo, presidente de la organización El Poder del Consumidor.


El Instituto Nacional de Salud Pública es un organismo académico que tiene como fin primordial realizar investigaciones sobre problemas que repercuten en la salud de la población. Sus aportaciones al respecto, están dirigidas a prevenir y controlar enfermedades clasificadas como relevantes.

Consultando el Boletín de Práctica Médica Efectiva, el cual es editado por el Instituto de referencia, define la obesidad como “… una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se puede prevenir. Es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético.”

Dos ideas eje destacan en el texto: Reconocer el problema de la obesidad como crónico y complejo; y la segunda, precisando que es en la infancia y adolescencia donde se inicia dicha enfermedad.

En el mismo boletín se aborda en términos de porcentaje la obesidad, clasificándola como una epidemia ya presente en nuestro país. Literalmente asevera: “Estudios recientes demuestran que la incidencia y prevalencia de la obesidad ha aumentado de manera progresiva durante los últimos seis decenios y de modo alarmante en los últimos 20 años, hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la infancia, 30 a 40% en la adolescencia y hasta 60 a 70% en los adultos.”

Ante estos alarmantes datos, en enero del presente año el gobierno federal puso en marcha el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad”, fijándose como propósito revertir la tendencia al sobrepeso, cuyas consecuencias se manifestaban en la propensión a enfermedades como la hipertensión arterial, enfermedades vasculares, infartos, diabetes y cáncer de mama, esófago y riñón.

En la firma del acuerdo mencionado, Felipe Calderón instruyó al Secretario de Educación Pública a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para impulsar UNA MEJOR NUTRICIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES DEL PAÍS.

Luego llegaron foros y faramallas de políticos simuladores. Se decían preocupados de que la escuela fuera el principal espacio donde se originaba la epidemia de la obesidad, debido a la venta sin control de la comida chatarra en las cooperativas escolares. Los legisladores, incluso, aprobaron las reformas a los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud que prevé la prohibición de comida chatarra en las escuelas y la obligatoriedad de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico.

Pero el gozo se vino al pozo. Confiar en nuestras autoridades y nuestros políticos ya constituye el colmo de nuestra candidez. Resulta que las empresas refresqueras y botaneras, agrupados en el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, desplegaron una fuerte labor de presión y “convencimiento” entre los impulsores de tales medidas para que no fueran aplicadas, logrando su cometido.

La Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad, cuya sede se encuentra en Londres, Inglaterra, denunció ante la comunidad internacional el 4 de marzo del presente año que “… la falta de voluntad política por mejorar la sanidad pública y la complicidad de funcionarios con las empresas de productos chatarra han ocasionado que el problema de la obesidad infantil esté fuera de control en México.”

Ese es el dique que nos frena: “la complicidad de funcionarios con las empresas”. El sistema de poder que prevalece en nuestro país desde los años treinta, se ha fortalecido con el presidencialismo de derecha. La cúpula empresarial y financiera, así como los falsos liderazgos de sujetos sin escrúpulos, quienes bajo el compromiso de mantener controlados a los agremiados e incorporarlos a huestes partidistas a cambio de cuotas de poder y canonjías personales, son parte de esa red interventora que mantiene en cautiverio a la nación.

Alonso Lujambio fue impuesto por Elba Esther Gordillo para que mancornado con su yerno Fernando González, subsecretario de educación básica, pudiera mantenerse como gran cacica del sistema educativo. En consecuencia, no sería equívoca la suposición peticionaria de los interesados industriosos, a fin de que ejerciera influencia hacia el Secretario de Educación para que desistiera en sus propósitos primarios de retirar los productos chatarra de los estantes de las cooperativas.

De los otros dos secretarios, el de economía y el de salud, es obvio el comentario, pues todos son hermanos de la misma madriguera. La corrupción en México no tiene parangón en ningún otro país. Sapo y pedrada corren juntos.