Francisco RIVAS LINARES
Cuatro
flagelos inciden en la presunción de
ingobernabilidad que priva en gran parte del territorio nacional: corrupción, impunidad,
violencia y desigualdad.
La
corrupción es toda conducta contraria a la ética y las normas para favorecer
intereses particulares o de grupo en perjuicio del interés común de la
sociedad. La impunidad es la ausencia de castigo para un acto de corrupción.
Visto así, ambas se complementan.
El
tercero de los flagelos citados, la violencia, es el uso intencional de la
fuerza contra otra persona, grupo o comunidad para provocarle lesiones, muerte,
daños psicológicos o trastornos de desarrollo.
Desigualdad
social es la situación inequitativa en que se encuentran las personas por
cuanto al acceso a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad valora:
económico, cultural y educativo. México es el país con mayor porcentaje desigual
de todos los integrantes de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues los ingresos
de las mayorías no alcanzan ni para obtener los alimentos y satisfactores más
elementales.
La
denuncia pública ha dejado al descubierto la corrupción que priva en los tres
poderes del gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Una corrupción que les
impide estar a la altura de la crisis por la que actualmente la sociedad está
atravesando. La prensa internacional ha llegado al colmo de calificar a Enrique
Peña Nieto como un Presidente que no entiende que no entiende, para referirse
con tal sarcasmo a su irresponsabilidad junto con los miembros de su gabinete.
La
violencia se instaló con mayor rigor desde que Felipe Calderón decidió combatir
la violencia del narcotráfico con violencia a partir de la implementación de
los falsos positivos, es decir, presentar a los civiles muertos como miembros
de grupos armados. Su empeño por justificar los equívocos de las fuerzas
armadas, le hacían caer en el gazapo de re-victimizarlos con la falsa etiqueta
de que se trataba de personas con ligas a la delincuencia organizada.
En
la ejecución de los 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya estado de México y
de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos en
Iguala, Guerrero, inicialmente se quiso aplicar la misma estrategia. Aquéllos,
presentados como una banda de secuestradores, y los estudiantes como un grupo
filtrado por el cartel de Los rojos.
El
fracaso ha sido rotundo. El hartazgo ya le ha impedido al gobierno seguir
manejando los mismos garlitos, provocando incluso un escándalo no sólo en lo
interno, sino incluso allende las fronteras.
Ahora
la Procuraduría General de la República se ha negado a tipificar el caso
Ayotzinapa como desaparición forzada. Y esto se debe a que es de urgencia para
el gobierno federal cerrar el caso; y de tipificarlo como tal –desaparición
forzada- éste no prescribirá en tanto no
aparezcan las personas ausentes.
El
gobierno federal navega por las procelosas aguas de la incredulidad, la
simulación y la desconfianza. ¿Habrá la suficiente inteligencia para llevar al
país a buen puerto?
