HERNÁNDEZ JUÁREZ: EL LARGO MANTO DE SALINAS

 

 

Por Francisco Cruz Jiménez

 

Los “grandes” líderes sindicales de México son lo que parecen y lo que aparentan: viejos dictadores, caciques depredadores, el club de la eternidad. Una relación perversa con el poder les ha permitido forjar una gerontocracia tan profundamente antidemocrática que se han convertido en representantes emblemáticos del régimen antiguo; no admiten la crítica, ni ejercen la autocrítica, son adaptables a cualquier escenario, situación o ideología; y un despotismo ilustrado caracteriza su comportamiento; empero, el fraude radica no en engañar a sus representados, sino en que han traicionado sus principios. Sólo la muerte o la cárcel son capaces de arrancarles su liderazgo.

En su más reciente libro, Los amos de la mafia sindical, que empezó a circular en estos días, Francisco Cruz Jiménez rescata ocho historias de larga duración –una de ellas la de Francisco Hernández Juárez que a continuación presentamos– que muestran no sólo a los ocho dirigentes más poderosos del país, sino las perversiones y deformaciones de una burocracia sindical que se queda con la enorme fortuna de las cuotas de sus agremiados, sobre las que no hay transparencia ni control, y pintan la triste y compleja historia de una realidad. [Fragmento de Los amos de la mafia sindical, de Francisco Cruz Jiménez, Temas de hoy, publicado con autorización de Editorial Planeta].

 

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Conocido por sus colaboradores como “Juárez”; Pancho, así, a secas, entre familiares y amigos cercanos; Paco-Francisco, para las operadoras que lo encumbraron; el cacique de Telmex, según sus detractores; o visionario, como se autodefinió alguna vez, Francisco Hernández Juárez representa una figura ambigua y polémica, marcada por profundas contradicciones, que sirve para reseñar, de carne y hueso, la historia del sindicalismo mexicano durante las últimas cuatro décadas.

Bajo cualquier nombre, mote o apelativo, referirse al término de “líder sindical” remite, en primera instancia, a una serie de virtudes públicas, pero escasas en el México actual: guía demócrata, dirigente carismático, hombre sensible, idealista o baluarte del sindicalismo moderno. Y, como descarado contrapunto lleno de fantasmas, nos enfrentamos también una telaraña de vocablos de inconmensurable cercanía: populista, déspota sindical, grillo mediatizador, modelo del neocharrismo y monstruo salinista.

Toda esta gama de conceptos, tanto los positivos como los negativos, envuelven el aura de poder que desde 1976 forma gran parte de la vida de Juárez. Pancho-Paco-Francisco es responsable del destino laboral de 32 mil 500 trabajadores en activo —62 por ciento de la planta de Telmex, que representa ocho por ciento del total de los empleados del Grupo Carso, uno de los mayores conglomerados de México que controla gran variedad de empresas de los ramos industrial, de consumo, inmobiliario y deportivo, propiedad del magnate Carlos Slim Helú—, así como de 18 mil jubilados del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

El equipo telefonista parece cohesionado en torno a la figura híbrida de Pancho, pero de una de esas dimensiones paralelas también emergen imputaciones o vicios privados difíciles de ocultar: complicidad para no cubrir, desde la privatización de la empresa en 1990, miles de plazas vacantes; explotación de trabajadores sindicalizados; nepotismo; represión; negociaciones en lo oscurito para reducir el monto de las pensiones; y hasta denuncias judiciales por malversación de fondos —como aquella que se presentó durante el movimiento de marzo de 1982 ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, contra Hernández Juárez y algunos de sus allegados, por disponer de 500 millones de pesos de las cuotas obreras.

Para nadie es secreto que su cercana relación con el entonces presidente Carlos Salinas le permitió sacar ventajas en el proceso de modernización de Teléfonos de México, conocida más por su acrónimo Telmex, y la venta posterior de la empresa a Slim, porque obtuvo garantías de que no habría despidos. Y así pasó, aunque el desencanto llegó pronto —y para quedarse— porque, hasta hoy, al menos, están vacantes 9 mil 500 plazas sindicalizadas. Tampoco hay certeza sobre las 12 mil que quedarán desocupadas en los siguientes cuatro años por igual número de telefonistas en posibilidad de solicitar su jubilación.

Cualquier etiqueta que se le ponga contiene una verdad: en 37 años al frente del sindicato, Hernández Juárez ha sido un hombre muy moldeable, siempre tranquilo con su chamarra de piel, como lucen los obreros que han conseguido un buen pasar gracias a que ha sabido adaptarse a cualquier escenario político, ideología o partido que le permita mantenerse en primer plano. Como si el tiempo se suspendiera, en la historia de ese mundo paralelo que es el sindicalismo aflora un alud de suspicacias, conjeturas, sospechas, morbo y críticas que se levantan desde el flanco mismo de los trabajadores de la empresa telefónica mexicana.

En efecto, Hernández Juárez se mantiene firme en la Secretaría General del STRM desde hace cuatro décadas a través de antiguos métodos del sindicalismo que incluyen represión, despido, hostigamiento a opositores, suspensión de derechos, nepotismo, destitución de delegados, negativa a tramitar prestaciones contractuales y sindicales, así como pago del anticipo por antigüedad para deshacerse de los oponentes internos.

La historia de Pancho, Paco, Francisco o Juárez se remonta a abril de 1976, cuando, siendo prácticamente desconocido accidentalmente, y con un golpe de suerte, se coloca al frente del descabezado y caótico movimiento democratizador o revuelta fratricida del viejo Telmex o monopolio gubernamental telefónico, a través del llamado Movimiento Democrático 22 de Abril. Tal revuelta había iniciado un año antes en el Departamento de Centrales Mantenimiento para derrocar el grotesco e impúdico liderazgo que, desde 1970, estaba bajo resguardo del charro Salustio Salgado Guzmán o Charrustio, como lo llamaban los trabajadores.

Apoyado por la anarquía del movimiento —en el que participaban grupos de todas las corrientes y tendencias internas, incluidas las de izquierda, radicales y moderados—, así como la furia de las explotadas y ninguneadas operadoras, el destino puso a Pancho-Paco y sus amigos Mateo Lejarza —quien más adelante sería el ideólogo del sindicato— y Rafael Marino en el lugar indicado a la hora correcta. Ninguno tenía experiencia sindical. Los tres formaban parte del Ateneo Lázaro Cárdenas, un grupo de estudio, integrado por alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional, tutelado por un periodista español que prestaba servicios profesionales al gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez.

Astuto como era y con su característica intuición de depredador político, Echeverría le dio el visto bueno a la naciente dirigencia sindical juarista. Entrado el último año de su gobierno, vio y aprovechó la oportunidad de contar con un nuevo aliado con el que pretendía ampliar su esfera de influencia en la administración siguiente, que recaería en su amigo del alma y subordinado José López Portillo y Pacheco —Jolopo, como se le conocía—, al que esperaba manejar como muñeco de trapo.

A Hernández Juárez nadie, ni aliados ni enemigos, le regatea lo suertudo ni su éxito; menos, su agudo sentido del oportunismo y la oportunidad. Pero tampoco él puede negar ninguna de las versiones que registran la cercanía con sus tres grandes protectores: los ex presidentes Echeverría y Salinas, así como el extinto y, paradójicamente, inmorible e insustituible líder obrero Fidel Velázquez Sánchez, quien lo introdujo en las intrincadas redes del poder.

LA GENERACIÓN GERBER

Una vez que Hernández Juárez se posicionó al frente de los telefonistas, tuvo fuerza para aplastar a los grupos de la izquierda sindical, a los remanentes del charrismo impuesto por Salgado Guzmán y a grupos empresistas como el de Rosina Salinas —quien contaba con el apoyo de la diputada Concepción Rivera, representante del Congreso del Trabajo—. Con este movimiento estratégico, el líder sindical pasó a formar parte de la amplia y compleja telaraña de maniobras que, desde el inicio del sexenio de Echeverría en 1970, operadores políticos presidenciales tejían a fin de controlar a todos los obreros del país.

Los siguientes cuatro años fueron tortuosos para Paco, Pancho. Aun así, en un camino empedrado y cuesta arriba, porque se había ido su protector Echeverría —cuyo sexenio terminó el 30 de noviembre de 1976—, maniobró para que la III Convención Nacional Democrática del sindicato telefonista aprobara una sugerente propuesta del Departamento de Programación y Recepción de Equipo: “Por esta única vez y sin que cause precedente”, el secretario general podría participar como candidato para dirigir al STRM por otros cuatro años.

Hernández Juárez tomó entonces tiempo para cortejar a algunos de sus adversarios, emprendió una campaña de persecución contra otros, manipuló para que la empresa se deshiciera, vía despido fulminante, de otros más; en fin, hizo lo imposible y consiguió poderes especiales para manejar el sindicato y sentó las bases de un esquema de permanencia indefinida en la Secretaría General, a través de un cambio de estatutos que instauraron lo que originalmente no existía y contra lo que luchaban los juaristas: la reelección. Si nada se interpone en su camino, aquella cláusula especial —“por esta única vez”— sentó precedentes porque, en abril de 2016, Pancho-Paco-Francisco completará su novena reelección consecutiva y 40 años como dirigente sindical. Apenas llegó a los 63 años de edad, pero, desde hace tiempo, Francisco Hernández Juárez forma parte de la gerontocracia sindical mexicana. Desde sus oficinas en la calle de Villalongín, en el Distrito Federal, ha visto pasar a seis presidentes: José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón; siete si se toman en cuenta los últimos siete meses de Echeverría, y ocho, con Enrique Peña Nieto.

LA MINIDICTADURA, “POR ESTA ÚNICA VEZ”

Titubeante e inseguro por el repentino e inesperado ascenso, Pancho poco a poco se acogió a la sombra de las frases pintorescas de Fidel —“llegamos con la fuerza de las armas, y no nos van a sacar con los votos”, o “el que se mueve no sale en la foto”—. Se unió a la veneración a un hombre que concibió la gerontocracia cetemista como eterna, al grado que alguna vez llegó a creer que se le había pasado la muerte. Agachó la cabeza cuando los secretarios del Trabajo se convirtieron en modernos capataces de los obreros que redujeron el papel de los sindicatos a meros organismos de la defensa del empleo.

El acercamiento entre Velázquez y Juárez fue normal e inevitable; aquel hombre de 76 años de edad era un almanaque y un compendio de la historia sindical del país a partir de la segunda mitad de la década de 1920. Aceptó al naciente líder porque se lo impuso Echeverría o, de plano, Pancho le cayó bien, aunque al principio —entre 1976 y 1982— le tenía desconfianza porque no acababa de amarrar todas las piezas del rompecabezas del sindicato telefonista.

Tres meses después de asumir el inesperado cargo y cuando el torbellino de la revuelta contra el charrismo no se apagaba, Pancho tuvo una serie de traspiés que pudieron ser fatales para él y para todo su movimiento. No era que lo exhibieran sus indecisiones o algunos de los opositores de la dirigencia anterior —quienes aún controlaban secciones sindicales foráneas, como Guadalajara, Puebla y Monterrey—, sino lo errático de sus posicionamientos.

Los recelos del viejo Fidel tenían otras razones. La oposición interna, o los democráticos, como se les identificaba entre los telefonistas, a través de Línea Democrática y otros grupos que se inclinaban en forma abierta por el sindicalismo independiente, presionaban al bisoño Paco para romper cualquier tipo de alianza con el gobierno federal, renunciar públicamente al PRI y a la CTM; y, lo más grave, desligarse del Congreso del Trabajo, estas dos últimas organizaciones controladas por Fidel Velázquez. Ello era el equivalente a un pecado mortal. Todavía, todos los mexicanos nacían católicos y priistas.

Los enjuiciamientos a Hernández Juárez y su grupo —comandado por Lejarza y Marino— llegaban casi a diario y por todos los flancos. Jesús Sosa Castro, responsable de la Comisión Sindical del Partido Comunista Mexicano (PCM) —que había logrado conjuntar una pequeña y muy aguerrida fuerza de telefonistas reagrupada en el Frente Democrático de los Telefonistas—, acusó: “El actual secretario general del STRM cree que la manera de consolidar sus triunfos debe partir de estar bien con el gobierno. […] Considera que salvaguardar al sindicato de las acechanzas del enemigo y consolidar la organización de telefonistas en sus propósitos político-sindicales podrá lograrse en la medida en la que se establezcan alianzas con el gobierno”.

Por si le hicieran falta problemas, el 19 de noviembre de 1981 los departamentos de Centrales Manutención Matriz y Centrales Automáticas Foráneas redefinieron y entraron en una novedosa etapa de lucha a través de ausentismo colectivo. La protesta se generalizó y justo la víspera de Navidad se reportó la segunda protesta, otro ausentismo colectivo. El año siguiente fue un caos entre paros pequeñitos —de 45 minutos a tres horas— y el ausentismo colectivo programado. Lo mismo se reportó en las instalaciones de San Antonio Abad, Casa Matriz, Vallejo o Zaragoza en la Ciudad de México, que en Poza Rica, Veracruz; Oaxaca; Ciudad Guzmán, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.

La generalización de los problemas, sin embargo, no fue suficiente para derrotarlo en las elecciones internas de 1980. Pancho, Paco Francisco, quien a esas alturas era ya un superhombre para la operadoras de Telmex, encontró siempre la fórmula para caer de pie. Por ejemplo, aún no terminaba de sentarse en la silla que antes fue de Salustio Salgado Guzmán cuando tuvo la ocurrencia de proponer que se redujera de cuatro a dos años el periodo de la dirigencia sindical. Sólo él sabe quién lo hizo cambiar de opinión, pero casi de inmediato dio marcha atrás y él mismo tiró su propuesta.

Tampoco desatendió a Fidel. Ya se descubriría que en aquellos días aciagos conocidos como la crisis de marzo de 1982 —del 3 al 19, cuando incluso algunos contingentes lo desconocieron, con todo y su Comité Ejecutivo Nacional, y tomaron el edificio sindical—, Pancho se resguardó en las oficinas del Congreso del Trabajo, controlado, como hasta su muerte en 1997, por Fidel Velázquez.

LO INOLVIDABLE… QUE NUNCA SE OLVIDARÁ

Poderoso uno, ambicioso el otro, la relación Velázquez-Juárez se consolidó. De la mano de Fidel, los nuevos colegas, el gobierno y las autoridades del Trabajo recibieron al joven audaz y ambicioso David que había derrotado, a pesar de la mano negra, al charro Salustio Salgado Guzmán, a los embates de una parte del oficialismo de la empresa a través de Rosina y, por si fuera poco, había nulificado el “bipartidismo” interno y expulsado de Telmex al ala izquierdista. Si bien no era una apuesta a ciegas, Pancho parecía dispuesto a arriesgarlo todo para ganarlo todo.

En un abrir y cerrar de ojos, Pancho se encontró bajo la larga sombra protectora que proyectaba ese monstruo de colmillos tan largos como retorcidos que conocía cada palmo de las entrañas del poder. La interlocución de Fidel brindó a Pancho y a sus telefonistas fortaleza para aguantar, a pie firme, los ataques que salieron desde las oficinas de los presidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid, de 1977 a 1988.

Gracias a su dominio del sistema político y al control que ejercía del movimiento obrero organizado, en 1985 Velázquez impuso su voluntad y llevó a Hernández Juárez a la Vicepresidencia del Congreso del Trabajo. Dos años más tarde, en 1987, el líder de los telefonistas llegó a la Presidencia de ese organismo, desde donde se dio el lujo, nacido más de la inexperiencia, de enfrentarse con más de un funcionario federal. Al secretario del Trabajo, por ejemplo, el durísimo Arsenio Farell Cubillas, lo llamó mentiroso.

Pancho, Paco, Francisco no era más aquel jovencito lustrador de calzado. Nadie tampoco recordaba los tiempos aquellos del “lidercito” de Telmex que aprovechaba cada fiesta sindical, y vaya si eran famosas, para bailar, valga la palabra, con todas las operadoras que con él querían bailar cuando era un héroe. Tampoco tenía rastros del panadero que pudo ser, ni del aprendiz de mecánico y del Departamento de Centrales Telefónicas Automáticas que llegó a la empresa a los 16 años de edad. Había cortado la melena estudiantil. Poco a poco la memoria colectiva olvidó aquel viejo y destartalado Volkswagen que se le conocía y que, consolidado en la dirigencia, cambió por un Corsar. Y sí, con todo y chofer.

Las lecciones de Fidel fueron provechosas. Todavía hay quienes recuerdan el fastuoso arranque, en el auditorio de la CTM, con todo y acarreados, de la Octava Convención Nacional, el 19 de septiembre de 1983 —cuando madrugó a sus rivales y puso los cimientos para la segunda reelección—, inaugurada por un invitado especial: el presidente Miguel de la Madrid, un tecnócrata enemigo de los sindicatos, sin importar sus etiquetas: independientes y oficialistas.

Más recordado —en el pueblo dirían “de aquellas cosas inolvidables que nunca se olvidarán”— sería el discurso que pronunció el 1 de octubre de 1984, a propósito de su segunda reelección —si se toma en cuenta que la de 1976 que propició el derrocamiento de Charrustio Salgado Guzmán fue una elección limpia—: “Ésta es una magnífica oportunidad para expresar un especial agradecimiento a una organización ejemplar y a un hombre de distinguidas y trascendentes dimensiones sociales. Me refiero a la Confederación de Trabajadores de México y a su secretario general, el compañero Fidel Velázquez, que con su apoyo han fortalecido nuestras luchas. Hay intereses que se beneficiarían si nosotros nos alejamos de la CTM y del Congreso del Trabajo”.

LA MODA DEL NEPOTISMO

Francisco Hernández Juárez es capaz de convencer a sus críticos de que ya quiere retirarse y está listo para hacerlo, que no es un cacique ni pertenece a la gerontocracia sindical mexicana. Su imagen, sin embargo, queda maltrecha por la realidad. La disidente Corriente Nacional de Telefonistas por la Democracia ha documentado cómo, bajo el liderazgo de Pancho, “el sindicato ha perdido 50 por ciento de su materia de trabajo, pues la empresa la ha trasladado a empleados de confianza; compañías filiales y Grupo Carso —Telcel, Cycsa, Sanborns, Imtsa, Telcorp, Comertel Argos, Teckmarketing o Contelmex—; contratistas; proveedores como Alcatel, Ericsson, Nec o Philips, y personal eventual sin contrato y sin prestaciones. Telmex, arguyen, se desarrolla y crece, mientras el sindicato se reduce”.

Y para algunos de sus más acérrimos críticos, como José Antonio Vital, de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, Hernández Juárez fracasó en dirigir a los trabajadores organizados del país en los últimos 20 años. Igual que Fidel Velázquez no pudo avanzar a un movimiento de representación nacional y se quedó en un esquema de control hacia los trabajadores sin pensar en el país ni en los intereses de la clase laboral, constituyendo un “nuevo feudo con los vicios que combatió”.

No se trata de ninguna broma ni de palabras a la ligera. La imagen de sindicalista independiente de Pancho se daña un poco más cuando se especifican algunos casos concretos. Ejemplos sobran y asustan, como lo pone en contexto la disidencia. Si bien los términos de la jubilación no han sufrido cambios desde la privatización, las condiciones reales en que se jubilan los trabajadores significan, hoy, la reducción de los ingresos a la mitad, porque, según la Cláusula 149 del Contrato Colectivo de Trabajo, se concede con 30 años cumplidos de servicio, pero el monto de la pensión jubilatoria contractual se calcula tomando como base al salario de nómina, eliminando, en el cálculo final, los incentivos y prestaciones que representan hasta 50 por ciento de los ingresos de un trabajador en activo.

El martes 3 de octubre de 2007, aprobada ya una reforma que garantizaría en 2008 otra reelección de Pancho, Paco, Francisco, una nueva bomba estalló. Algunos jubilados que habían pertenecido al sindicato, así como la Red Nacional Telefonista, que aglutinaba a poco más de 8 mil trabajadores y tenía presencia en siete estados, entregaron a la prensa un documento que mostraba un desconocido lado oscuro e, irónicamente, humano de Pancho: alcanzada la cumbre y la estabilidad en la dirigencia sindical, jamás olvidó ni desamparó a su familia entera.

Nadie podría considerarlo entre esos personajes que pueden separar su vida pública de la privada. La Red y los jubilados entregaron una lista con nombres y apellidos de familiares de Hernández Juárez que laboraban en o para el STRM. En otras palabras, aunque no siempre se puede juzgar a un líder por su parentela, en 31 años había consolidado el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato como un negocio de familia. El documento incluía hermanos, hijos, cuñados, sobrinos, yernos y nueras en distintos puestos de la organización. Entre ellos destacaban sus hermanas Ana María, como contralora en caja; Margarita, secretaria privada; y Teresa, comisionada en la Coordinación General Comercial. Para esa época, los comisionados nacionales, además de cobrar su sueldo íntegro, con todo y el bono de productividad, más los dos salarios mínimos de ayuda estatutaria, obtenían un viático que llegó a promediar 22 mil pesos mensuales, libres de polvo y paja.

Ni Pancho ni el sindicato desmintieron la información. El documento incluía a sus hermanos Jesús, Rafael y María Luisa. El primero, en la Comisión Obrero Patronal, encargada de las negociaciones con las empresas Telmex, CTBR (bienes raíces), Tecmarketing y Limsa.

El Teto Rafael, técnico en telecomunicaciones, asesor, responsable de la agenda del STRM, y comisionado del Comité Ejecutivo Nacional con la más alta categoría salarial. Y, finalmente, María Luisa, contralora de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, conocida sarcásticamente entre los trabajadores como BanJuárez.

En la genealogía de Juárez involucrada con el sindicato fueron incluidos sus hijos Noé y Claudia Hernández Castro. Con un sueldo de 50 mil pesos mensuales, Noé en el manejo del personal del STRM, así como todas las concesiones de las máquinas de café y refrescos pertenecientes al gremio a nivel nacional; además de prestar servicios en el área de Oficialía Mayor. Por su parte, Claudia fue nombrada coordinadora del Sistema de Información Sindical, desde donde se controlan los trámites de los trabajadores, así como toda la información al interior de la organización.

Ejemplos abundan sobre cómo se levantó un nuevo feudo con todos los vicios del pasado.

EL PRECIO DE LA TRAICIÓN

A pesar de todo y contra todo, la mancuerna Fidel-Francisco o Francisco-Fidel se mantuvo firme hasta que Pancho se encontró providencialmente, a principios de 1988, con su segundo Echeverría en la figura del cuestionado y vituperado Carlos Salinas de Gortari. Uno, el líder sindical telefonista, ambicionaba más, mucho más. Al otro, más conocido como el mandatario del fraude de julio de 1988, además de legitimación, le urgían recursos para consolidar el régimen neoliberal impuesto por su antecesor, Miguel de la Madrid.

No importa quién buscó a quién. Como pasó con Fidel, el encuentro fue natural. Y sirvió para escribir una pequeña novela de ambición, celos y poder que permitió a Salinas llevar un proceso sin sobresaltos que culminó con la venta de Telmex, una empresa paraestatal rentable, al empresario Carlos Slim, en 1990; mientras a Pancho le dio la oportunidad de deshacerse —encaja bien la palabra traicionar— del viejo Fidel.

La medida salinista fue audaz. Lleno de ambición, Pancho cayó en las redes del poder. El oportunismo jamás le habría dejado rechazar un llamado presidencial. Menos, de un priista “encantador” como Salinas, quien llegó a Los Pinos y a Palacio Nacional con la espada desenvainada. Al dirigente telefonista se le puede acusar de muchas cosas, menos, así lo demuestra la historia, de torpeza. Tampoco le ha faltado suerte.

En esas condiciones y con esos “atributos”, cuando el país literalmente ardía en 1988 por las sospechas de fraude electoral, en septiembre de ese año Pancho terminaría por legitimar a Salinas, invitándolo como testigo de honor a la XII Convención Nacional del STRM, en la que rendiría su informe anual de labores como secretario general. El líder sindical consintió, apapachó y entregó su destino político-sindical al candidato presidencial priista y se dio tiempo para decirles a los telefonistas: “El proceso que se definió el 6 de julio nos beneficia a todos. […] Podemos comprobar lo acertado de haber planeado, desde el inicio, que lo más conveniente para los telefonistas era concertar con quien más posibilidades tenía de llegar a la primera magistratura del país”.

Los encuentros Salinas-Pancho se hicieron tan frecuentes que se convirtieron en una rutina. Desde el inicio de su administración, el 1 de diciembre de 1988, Salinas tenía claro el papel que jugaría el sindicato de Telmex para consolidar el neoliberalismo mexicano. Le eran familiares las formas para ganarse la lealtad y hasta la sumisión de sus allegados. Mantuvo al líder telefonista pegadito a él. Éste se rindió a los hechizos y aceptó gustoso el llamado meloso presidencial. Bastaba que le dieran guías de la postura que debía adoptar. Pancho se había convertido en el más ferviente impulsor de la privatización de Telmex. A su manera, dejó testimonios de esa cercanía, recogidos algunos en 1995 por el periodista Rafael Rodríguez Castañeda en el libro Operación Telmex, contacto en el poder.

En una visita a Washington, Salinas le dijo a Enrique Iglesias, director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “Éste es mi amigo Francisco Hernández Juárez, espero que puedan ayudarlo”. Y lo ayudaron. Ya privatizado Telmex, los trabajadores telefonistas se quedaron con un paquete de las acciones de la empresa por unos 324 millones 953 mil 222 dólares, que se liquidaron a través de un fideicomiso de Nacional Financiera (Nafinsa) por 325 millones de dólares. Las acciones terminarían más tarde en manos de Slim porque los trabajadores sindicalizados descubrieron muy pronto que su dirigencia usaba el reparto de los beneficios como una forma de chantaje y se hizo casi imposible que los recibieran quienes no colaboraban con la empresa.

Palabras más, palabras menos que recoge Rodríguez Castañeda, Hernández Juárez fue muy elocuente y lengua suelta con algunos periodistas. Durante el último día de una gira de trabajo en la que acompañó al presidente Salinas a Washington dijo: “Necesito ir a un centro comercial a comprar unos pinches tenis porque Claudio X, González —el magnate— quiere que vaya a correr con él […] Y para comprarle cosas a mis hijas. Además, en el avión [presidencial] me dieron este fajote de dólares —eran billetes de 100— y mejor me los gasto, no vaya a ser que me los pidan al regreso”. Y se los gastó, según se pudo constatar al día siguiente allí mismo en Washington.

 

La reforma energética... ¿va?

Francisco RIVAS LINARES


El martes de la presente semana, el diario El Universal publicó a ocho columnas la apertura a la IP del sector eléctrico por cuanto a la construcción y operación de líneas de transmisión.

 

En la Columna Política anterior, traje a la memoria la concesión que Carlos Salinas de Gortari les entregó a los particulares para que construyeran plantas generadoras de energía eléctrica, asegurándoles la compra de su producción a través de la CFE. Ahora con la reforma, ya no se concretarán a producir, sino incluso a construir y operar líneas de transmisión y operación,  por lo que se infiere que a mediano plazo tendremos varias compañías que ofertarán el servicio.

 

La competencia es buena siempre y cuando las opciones que se ofrezcan a los consumidores para adquirir servicios o productos, se den a partir del binomio calidad/precio; pero ha quedado demostrado que dicha competencia no es más que una simulación, pues se unifican en un solo propósito: Lucrar.

 

Visualizando el horizonte, tal vez en esto encontremos la razón por la que lenta y discrecionalmente nos estén instalando nuevos medidores que se identifican como  “medidores de energía con sistema de medición inteligente de autogestión” y que funcionarán de la siguiente manera:

 

A todos se nos entregará una tarjeta de compra de energía. Con ella iremos al punto más cercano a nuestro domicilio para comprar la cantidad en kilowatts hora o en pesos que sea nuestro deseo adquirir y nos cargarán la tarjeta. De regreso a nuestro domicilio, la multicitada tarjeta la pondremos frente a nuestro medidor para que descargue el saldo. Se activará de inmediato el servicio eléctrico y empezaremos a consumir la cantidad adquirida. Cuando el saldo esté por agotarse, el medidor nos avisará mediante una alarma luminosa a fin de que volvamos a cargar la tarjeta, pues de lo contrario la corriente eléctrica se nos cortará en automático.

 

Los costos se van a disparar, ni duda cabe, pues lo que se nos subsidia, y en el recibo se especifica, se cancelará. Se entregarán sectores a la IP para que vendan al público la energía y la CFE poco a poco irá disminuyendo su participación en el mercado.

 

Del petróleo, ni se diga. Reporte Índigo dio a conocer cómo aún sin aprobarse la Reforma Energética, ya la casta política y empresas trasnacionales se frotan las manos por los buenos negocios que se avecinan.

 

La fuente citada publicó el 15 del presente mes cómo “exfuncionarios del gobierno federal, relacionados con miembros del gabinete de la actual administración, participan en la mayor inversión privada que ha realizado Pemex”.

 

La referencia es el gasoducto de Los Ramones (en Nuevo León), considerado como el más importante del país, con una extensión de 852 kilómetros y dividido en dos tramos: El primero, de 112 kilómetros, estará a cargo de Pemex con un costo de 1,141 millones de dólares; y el segundo, con 740 kilómetros con un valor estimado en 2 mil 150 millones de dólares y que será entregado a inversionistas particulares. Es en éste donde se coluden empresas extranjeras con personajes destacados de la política nacional.

 

Tres días después de esta publicación, el diario La Jornada publicó el descubrimiento de una tesorería paralela de Pemex creada por Felipe Calderón donde se depositaban las ganancias de las empresas filiales a Pemex, obteniendo un ingreso de 434 mil millones de pesos que no fueron reportados al erario nacional.

 

No... pues con estos datos que poco a poco se van descubriendo, podemos inferir que el patrimonio de la nación fue y sigue siendo saqueado; y ahora se pretende darle apertura al reparto de las ganancias a empresarios extranjeros, como si no tuviéramos memoria sobre el comportamiento explotador y lucrativo que siempre han tenido.

 

¿Y Usted qué dice? La reforma... ¿va?

 

POR LOS DESAPARECIDOS DE MICHOACÁN: ¡VIVOS SE LOS LLEVARON! ¡VIVOS LOS QUEREMOS!

Costará 28 mil millones de pesos echar a andar la reforma educativa

Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Laura Poy

 Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013

Las tres leyes reglamentarias con las que se pretende echar a andar la reforma educativa tendrán un costo promedio de 28 mil millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de impacto presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), es decir, casi el doble del presupuesto anual que se debería destinar al crecimiento de la cobertura en educación superior.  

Un eje central en las normas del Servicio Profesional Docente, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y la reforma a la Ley General de Educación (LGE), es la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE).

Su organización y aplicación estará a cargo del INEE, no de la dependencia federal, y para el nuevo organismo se contemplan nuevas facultades, entre ellas diseñar las evaluaciones de docentes y alumnos, así como un sistema de indicadores educativos.

También se destaca que a fin de fortalecer la gratuidad de la educación, el cobro de cuotas estará prohibido.

Los recursos públicos que se deberán canalizar para aplicar las leyes secundarias contemplan que de 28 mil 305 millones 551 mil 416 pesos, al menos 8 mil millones 466 mil se destinen al retiro voluntario de docentes, otros 905 millones a la jubilación; en ambos casos el requisito serán 30 años de servicio.

Para la figura de asesores técnicos pedagógicos, que se convierte en una promoción inicial para docentes frente a grupo, se destinarán 15 mil 256 millones, pues se considera asignar uno por cada 200 alumnos, y 4 mil 129 millones de pesos para quienes se desempeñen como tutores, ya que se pretende asignar uno por escuela.

Asimismo, se faculta al INEE para determinar los niveles mínimos para el ejercicio de la docencia y las funciones de dirección y supervisión en la educación básica y normal, a fin de buscar su idoneidad.

El instituto deberá presentar un informe anual ante el Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el sistema educativo nacional.

Se crea el Sistema de Información y Gestión Escolar, que tendrá entre sus competencias regular y operar un nuevo padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, así como un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos, con el fin de establecer un sistema nacional de información educativa.

Con la reforma a la LGE se buscará el impulso a la autonomía de la gestión escolar, la apertura paulatina de escuelas de tiempo completo, con jornadas de seis a ocho horas, así como la creación de microempresas destinadas al suministro de alimentos sanos en las escuelas, para evitar la venta y consumo de comida chatarra, para lo cual se emitirán nuevos lineamientos.

Debido a las nuevas competencias que se le otorgan al INEE como responsable del SNEE, la Secretaría de Educación Pública propone modificar la ley del sector para establecer que es al instituto al que corresponden las atribuciones para coordinar y evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo del país.

Cambian leyes secundarias régimen jurídico y laboral de los maestros

Laura Poy, Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013

Las iniciativas de leyes secundarias para la reforma educativa, presentadas por el Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, establecen un cambio en el régimen jurídico y laboral de maestros, directores y supervisores, desde prescolar hasta bachillerato, quienes podrán ser despedidos de no aprobar las evaluaciones de desempeño, sin responsabilidad para el Estado.

En el caso de profesores activos, se establecen nuevos mecanismos de evaluación para su desempeño y en caso de no aprobarlos en tres oportunidades serán reasignados o podrán solicitar el retiro.

Para los trabajadores de reciente ingreso hay nuevas reglas: evaluación permanente y periodos de inducción de dos años, con apoyo de tutores, figura de nueva creación, equivalente a un capataz, y de no aprobar esta etapa, saldrán del servicio magisterial.

Se incluye la creación de un Servicio Profesional Docente, el cual en un plazo no mayor de mes y medio, luego de la entrada en vigor de la ley respectiva, contará con un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al que se facultará para vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

A pesar de que estas propuestas han desatado el rechazo del magisterio disidente en todo el país, y de una convocatoria de la Secretaría de Gobernación para realizar foros de consulta donde se escucharían los planteamientos de los profesores, los nuevos marcos normativos establecen profundas modificaciones a las bases y procedimientos del desarrollo profesional docente, con funciones directivas y de supervisión en la educación básica y media superior.

Entre las medidas que podrían aprobarse en el próximo periodo extraordinario de sesiones de ambas cámaras, del 21 al 23 de agosto, está el diseño de nuevos perfiles, parámetros e indicadores de la labor docente, así como el impulso a una nueva política administrativa de control de plazas.

Con la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente se determinan ascensos por concurso de oposición para directores y supervisores, y un nuevo programa de estímulos económicos, que sustituirá a la Carrera Magisterial.

Además, habrá nuevas sanciones para quienes incumplan con la obligatoriedad de participar en los procesos de evaluación, en los periodos de inducción y programas de regularización y formación docente, que llegan a la pérdida de la plaza de base, sin responsabilidad para la autoridad y sin necesidad de que exista resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades.

En las otras dos iniciativas, la Ley General de Educación y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los maestros en servicio sólo podrán garantizar su permanencia siempre y cuando se sujeten a los procesos de evaluación de desempeño, que se aplicarán por lo menos una vez cada cuatro años.

Los profesores deberán someterse además a una evaluación interna, que estará a cargo del director de la escuela y los profesores, la cual deberá ser permanente, aunque no tendrá sanción ni consecuencias administrativas o laborales.

También se prohíben los cambios de adscripción voluntaria durante el ciclo escolar, a fin de impulsar un reordenamiento de las plantillas docentes en las escuelas, y su reasignación donde estén incompletas.

El eterno retorno de lo idéntico

Francisco RIVAS LINARES

 

“¿Dónde está la valentía? En ustedes no está”

(Yaa Asantewaa. Reina de Ghana

Cita de Eduardo Galeano en “Espejos”)

 

Nos abruman los acontecimientos. No salimos del asombro que nos ocasiona uno cuando ya tenemos el siguiente. Así pasamos de la exoneración de Raúl Salinas de Gortari por el origen ilícito de su patrimonio desproporcionado a la liberación del capo de capos, Rafael Caro Quintero; de la crisis de inseguridad que se vive en las comunidades indígenas de Michoacán a los desplazamientos masivos del estado de Guerrero; de la reforma energética profusa, confusa y difusa, a las amenazas del magisterio de iniciar un paro indefinido. Y a esto se le agrega el espectáculo tenebroso de los decapitados, encobijados, colgados, destazados. El miedo de salir y no regresar.

 

Una sensación de enojo se mantiene latente en nuestro existir cotidiano. ¿Cómo entender este desorden? ¿En qué punto perdimos el rumbo? Ya no sabemos dónde estamos parados. Hemos perdido el norte.

 

Las notas son tendenciosas y a conveniencia. Discursos amañados que se hilvanan con criterios falsos. La mentira como factor que nos determina. Para posicionar la reforma energética, nos imponen la misma ilusión. No se molestan en darnos argumentos. Sólo explotan los deseos. Así han funcionado siempre: mentira tras mentira, la falta de respeto hacia el ciudadano, el insulto a nuestra inteligencia, la apuesta a la desmemoria colectiva.

 

¿Recuerdan los horizontes promisorios que nos pintaban con la reforma laboral? ¿Y sobre la privatización del sistema de pensiones? Sus resultados han sido un desastre.

 

Permítanme esbozar algunas ideas en torno a la Reforma Energética, la cual se centra fundamentalmente en el petróleo (Pemex) y la electricidad (CFE). Sobre ésta última, expongo:

 

En 1992 Carlos Salinas de Gortari en el marco del Tratado de Libre Comercio, modificó la ley secundaria del artículo 27 constitucional denominada Ley del Servicio Público de Energía, a fin de concesionar a particulares la generación de electricidad, garantizándoles que toda su producción sería comprada por la CFE, a la que se le ordenó bajar su capacidad productiva.

 

La propaganda embustera con la que el gobierno invade los espacios de los medios masivos de comunicación, pretende ocultarnos los altos precios que la CFE tiene que pagar a las compañías trasnacionales en la compra que le hacen, la que al revendérnosla a nosotros, los consumidores finales, los precios son mucho más elevados. Se habrán fijado ustedes que en nuestros recibos, aparece una cantidad que supuestamente es el subsidio que nos concede el gobierno, anticipándonos que al momento de retirarlo, la cantidad a pagar será de miles de pesos.

 

Actualmente ya son cinco trasnacionales que operan en el país: Las españolas Iberdrola y Unión Fenosa, la italiana Enel, la francesa EDF y la estadounidense AES. Todas, en conjunto, generan actualmente hasta el 60% de energía eléctrica. A lo anterior, habrá que agregarle la entrega concesionaria que el sexenio pasado les hizo a las empresa Cannon Power Group, Iberdrola Renovables, Renovalia y Grupo Bimbo para la generación de la energía eólica, afectando tierras cultivables.

 

Las ganancias están garantizadas. Teniendo la compra segura por parte de CFE y libres de la obligación de distribuir, transmitir y comercializar la electricidad, la bonanza trota en caballo de hacienda.

 

Al gobierno únicamente le interesa cumplir con lo pactado con las empresas extranjeras. Nuestros gobernantes se ajustan a los dictados de los organismos financieros internacionales, están al servicio de una oligarquía ambiciosa. Todas las reformas que se han aprobado y que se encuentran en el umbral de la aprobación, nunca han redituado ni redituarán en favor del pueblo.

 

Más empleos, cobros menores por consumos de gas y energía eléctrica, inversión empresarial creadora de círculos virtuosos, mejoría nacional, mayor desarrollo social, mayor dinamismo económico… la misma sonajera con la que siempre nos han engañado, el eterno retorno de lo idéntico.  Hemos sido víctimas del bullyng demagógico de unos políticos enriquecidos por la corrupción y el entreguismo. Unos políticos tercos de entendimiento. Políticos convertidos en instrumentos burocráticos de la oligarquía.

 

¿Y dónde está nuestra valentía? El epígrafe no da la respuesta.

 

POR LOS DESAPARECIDOS DE MICHOACÁN: ¡VIVOS SE LOS LLEVARON! ¡VIVOS LOS QUEREMOS!

Michoacán y el síndrome de Beccaria

Cesare Beccaria

 

Francisco RIVAS LINARES

 

Al encender el televisor, en un noticiero de difusión nacional escuché de su conductor un comentario sobre los acontecimientos violentos que estamos padeciendo en nuestro estado. Lo citaré de memoria procurando rescatar lo sustantivo del mismo.

 

No obstante la violencia en la que se encuentran inmersos los michoacanos, decía el comentarista, se empeñan en afirmar que en el estado se respira tranquilidad y que sólo en puntos geográficos específicos se libra el combate extremo a la delincuencia, dando por resultado los muertos y heridos que la prensa magnifica. Si la realidad nos dice lo contrario, entonces podemos afirmar preguntando ¿será que los michoacanos ya se acostumbraron a cohabitar con un poder paralelo que es el que impone la delincuencia? Y dejando abierta la pregunta, dio paso a otro género de noticia.

 

Sin lugar a dudas el desvarío del comentarista de marras denota su ignorancia supina sobre lo que supone –y supone mal- el “cohabitar” de los ciudadanos delincuentes con los ciudadanos no delincuentes. Ignora también lo que se conoce como el Síndrome de Beccaria. Me explico para darme a entender:

 

Cesare Beccaria fue un filósofo jurista italiano del siglo XVIII. En esa época los procesos penales en Europa se hacían mediante denuncias secretas haciendo que la aplicación del derecho fuera sumamente irracional, lo que se traducía en castigos de extrema crueldad.

 

Beccaria publicó un breve escrito titulado “De los delitos y las penas”, en el que se pronunciaba por la igualdad de nobles y plebeyos ante la ley, la abolición de la pena de muerte y la aplicación proporcional del castigo de conformidad al daño social ocasionado por el delito cometido,  cuyas penas deberán ajustarse al principio de legalidad. Las leyes dejaron de ser injustas y perjudiciales.

 

Pues bien. En la República Dominicana un grupo de abogados  que se calificaron como los continuadores de Beccaria, fueron más allá de los pronunciamientos originales; y enarbolando la bandera de un falso humanismo, llegaron a proponer un Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica a partir del considerando la libertad como un bien absoluto. La dignificación de la ejecución penal deberá encontrarse en la posibilidad de hacer cohabitar a la ciudadanía no delincuente con la ciudadanía delincuente, ras con ras.

 

Sustentar que la privación de la libertad debe ser excepcional, dejaría en estado de indefensión a los ciudadanos que se apegan a los valores de la sociedad, frente a los ciudadanos que optaron por violentarlos. Mantener en libertad a los delincuentes como correctivo disuasorio, para que cohabiten con el resto de la sociedad, nos obligaría a soportar los ataques de la delincuencia; y esto, en lenguaje claro sería una aberración, una aberración que ya se conoce como el Síndrome de Beccaria.

 

Quien prendió la pregunta afirmativa “¿será que los michoacanos ya se acostumbraron a cohabitar con la delincuencia?" nos ubica en el plano de la jungla, donde la ley de la selva impera y con ella la sociedad michoacana estaría enferma del Síndrome de Beccaria.

 

Es una pena que comunicadores con alcance nacional y aún allende las fronteras, sean tan ligeros de cascos para construir y emitir opiniones, y que aprovechando la amplitud de la cobertura del medio, genere ideas equivocadas en torno a nuestra dignidad de michoacanos.

 

POR LOS DESAPARECIDOS DE MICHOACÁN: ¡VIVOS SE LOS LLEVARON! ¡VIVOS LOS QUEREMOS!

PRI-PAN: El delirio reformista

Francisco RIVAS LINARES

El Partido Revolucionario Institucional regresó al poder bajo la égida declarativa, sólo declarativa, de ser un partido diferente al que nos gobernó durante más de 70 años. Para probarlo enarboló su demagogia tradicional, aplicó sus procedimientos fraudulentos tradicionales e hizo destacar la presencia de sus políticos tradicionales. (Ironizo)

 

Regresó el PRI, aunque no el mismo, pues el actual es más intrincado y perverso.

 

De manera que el cuento premonitorio de Augusto Monterroso se cumplió: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Aunque si bien es cierto que este partido de marras nunca se fue de los dominios territoriales de la política, casos emblemáticos Ulises Ruíz, Mario Marín, Humberto Moreira, Fidel Herrera, Tomás Yarrington y su sucesor Eugenio Hernández, abusó ahora de la candidez que se engendra en la pobreza, esa pobreza que estimula el imaginario con una suma de creencias. Una pobreza creada exprofeso por sus iguales: El Partido Acción Nacional.

 

Ahora quedamos atrapados en un alud reformista. Y ya sabemos, por experiencia, que las reformas que promueven los políticos siempre van en beneficio de quienes ostentan el poder económico y en detrimento de las mayorías.

 

Expresiones tan trilladas como las que encierran la idea de modernización, desarrollo y  empleo, ya son tan primitivas que nadie las cree, salvo aquéllos que aún se encuentran inmersos en la ignominia y el rastrerismo.

 

Las reformas se justifican en esos conceptos tan abstractos. Una modernización que no encuentra puerta de entrada en tanto la corrupción siga en el trono de la impunidad. Un desarrollo que no tiene bases sólidas por la falta de transparencia y claridad en la información. Y una generación de empleos que ya encontró canceladas sus posibilidades con la reforma laboral que Felipe Calderón nos endosó en las últimas horas de su desgobierno.

 

Tenemos en puerta la reforma energética. El discurso es el mismo desde los tiempos de Salinas de Gortari: “Es necesario ejecutar reformas estructurales para conformar el México moderno”. Y con tal garlito, aceleró las privatizaciones ya iniciadas con el tecnócrata Miguel de la Madrid.

 

Y así se entregó al capital privado la telefonía, las comunicaciones viales (lo que antes fue Caminos y Puentes Federales), las aerolíneas, la petroquímica, el ramo siderúrgico (Altos Hornos de México), las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, dando lugar a TvAzteca) y la banca, quedando sólo Banorte con capital mexicano.

 

Ahora les urge entregar cabalmente Pemex y la CFE. Y los legisladores, como las mulas de noria, siguen con la misma cantaleta: Modernización, desarrollo y mayores y mejores empleos.

 

Suelen compararnos con otros países. Obviamente son comparaciones truculentas, pues las establecen a modo para justificar sus traiciones al pueblo. Nos dicen que tomemos ejemplos de Cuba y Dinamarca que ya tienen abierta la inversión privada en asuntos petrolíferos, pero callan los índices de corrupción que tienen dichos países, y que comparados con el nuestro, México está purulento. De conformidad con el último informe de Transparencia Internacional, de los 174 países que son evaluados con una escala de 0-100, Dinamarca es de los menos corruptos al lado de Finlandia y Nueva Zelandia con 90 puntos y Cuba ocupa el lugar 58 con 48 puntos, en tanto que México se ubica en el lugar 105 con 34 puntos y es líder en América Latina, junto con Bolivia, en este tópico vergonzante.

 

Ya es tiempo que los políticos reciban una lección, demostrándoles que sus estratagemas verbales están muy trilladas y que su retórica institucional ya es caduca. De la CFE hablaré en mi próxima colaboración.

 

POR LOS DESAPARECIDOS DE MICHOACÁN: ¡VIVOS SE LOS LLEVARON! ¡VIVOS LOS QUEREMOS!