viernes, 8 de febrero de 2013
El 6 de febrero de 2007 la indígena náhuatl de 73 años, originaria de la sierra de Zongolica, Veracruz, fue violada y asesinada por varios militares del ejército. El suceso alcanzó resonancia mundial, afectando no sólo a los gobiernos municipal y estatal, sino incluso al federal.
La SEDENA y Felipe Calderón aducieron que su muerte había sido por causa natural, atribuído a una úlcera gástrica. Sin embargo, el médico forense, a pesar de las presiones que ejercieron para que modificara el certificado de defunción, siempre sostuvo que la indígena había sido víctima de una violación múltiple y asesinada.
Las consecuencias para el médico no se hicieron esperar y desde esa época ha sufrido una serie de agravios; a pesar de los cuales, sigue manteniendo su postura altamente ética.
En el número 1892 del semanario Proceso del 3 de febrero de 2013, el multicitado médico hace una denuncia pública en la sección "Palabras de Lector" sobre las amenazas que aún sobre él siguen ejerciendo.
A continuación, se transcribe la denuncia citada:
EL MÉDICO LEGISTA DEL CASO ASCENCIO SE DICE AMENAZADO POR AUTORIDADES.
Señor director:
Me dirijo a su atención para solicitarle de la manera más atenta publique en la sección Palabra de Lector de su prestigiada revista la carta abierta que envié al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a la opinión pública.
viernes, 1 de febrero de 2013
Más de lo mismo
Francisco RIVAS LINARES
"Que todo cambie para que nada cambie" Giuseppe Tomasi di Lampedusa: El Gatopardo.
Un secretario de educación más.
Es el segundo en este retorno del PRI al gobierno del estado. Y otra vez la
misma retórica. Calcas declarativas de todos los anteriores. Sólo eso. En
Michoacán lo único que cambia en cuestiones educativas es la persona y el
nombre del que se apoltrona en las oficinas sin trascender más allá de lo
establecido.
Jesús Sierra Arias no será la
excepción. Sus primeras declaraciones, idénticas, repetitivas de quienes le
antecedieron, denotan su ser. Porque hablar es ser. No ofrece novedad alguna
que nos permita albergar esperanzas para salir de la mediocridad en el servicio
educativo. Tal parece que ni él sabe para qué llegó ahí, salvo para mantener el
statu quo.
Frases hechas. Respuestas
hueras. Expresiones que por ya dichas se tornan necedad. Así, (refiriéndome a
todos los secretarios anteriores incluyendo al actual) cuando se les ha
preguntado definir el trato que darían a las diversas expresiones
magisteriales, que no son pocos por cierto, aseguran no hacer distinciones y
conceder la misma asistencia para todos. Se presumen pues, a sí mismos, de
igualitarios. Todos son apostadores del diálogo, aunque finalmente se quedan
varados en sus soliloquios.
Siempre nos aseguran el
estricto cumplimiento del calendario escolar, bajo el argumento muy válido de que
nadie tiene derecho de atentar contra los derechos de los niños. Más cuando las
suspensiones arbitrarias rebasan sus declaraciones, no aplican la normatividad,
fingen demencia y se asumen como tolerantes. Y en ocasiones hasta las
justifican a priori, como lo declaró el
actual secretario al aseverar que las manifestaciones obedecen a dos motivos:
que tienen la razón y que no han sido debidamente escuchados y atendidos. Por
cierto, hoy se encuentran en suspensión de labores varios centros educativos,
bajo el pretexto de tomar acuerdos de resistencia a la Reforma Educativa. ¿Será
por alguno de los dos motivos ya expuestos? Lo dudo. De manera que aseverar el
“estricto cumplimiento del calendario escolar”, no resulta más que ser una
perogrullada.
Por otra parte se inician las
preinscripciones al nivel básico. Tanto en pre-escolar como en primaria (y en
la secundaria, posterior al examen de admisión) las asociaciones de padres de
familia suelen fijar una cuota de ingreso acordada por lo regular con los
directivos de las escuelas. Aunque dicha cooperación se le dé un tinte de
voluntarismo, lo cierto es que tiene el carácter de obligatoriedad.
Ello obedece a la falta de recursos para dar mantenimiento a los edificios escolares. La Secretaría de Educación es demasiado lerda en brindar atención a dicho requerimiento; y de hacerlo, la cantidad de los materiales que proporciona es insuficiente además de pésima calidad.
El propio secretario reconoce
la insuficiencia financiera para dar atención pronta a tales demandas. Más aún,
cuando se arrastra un déficit equivalente a siete mil millones de pesos, según
su dicho. Luego entonces, ¿para qué mentir a la sociedad de que se procederá
enérgicamente contra las escuelas que hagan obligatoria dicha aportación,
cuando de antemano sabemos que no será así? Año tras año son las mismas
expresiones declarativas, amenazantes, sin concreción alguna.
Pero las cuotas no sólo se
aplican al inicio del año escolar, sino se repiten durante el transcurso del
mismo. Muchas veces disfrazadas con actividades como los mercaditos, las
mañanadas o tardeadas, rifas, etc.
Ya para curarse en salud, Sierra Arias lanza el
exhorto para que sean los padres de familia quienes denuncien –aún en su mismo despacho- el cobro
de las cuotas de marras. ¿Acaso ignora que cada nivel de educación básica tiene
un cuerpo de supervisores responsables de vigilar el cumplimiento de sus
ordenamientos? ¿Quiere que los padres de familia se metan a ese enredo kafkiano que prevalece en las oficinas
centrales?
Más pronto que tarde
conoceremos de qué está hecho este secretario. Por lo pronto su insuficiente
claridad en las ideas que expone, adolecen de una falta de perfección lógica,
mejor conocida como razonamiento.
lunes, 28 de enero de 2013
Fausto y su política de impunidad
Francisco Rivas Linares
Próximo a cumplir el primer año
de gobierno del lic. Fausto Vallejo Figueroa, percibimos que uno de los
factores que le han caracterizado hasta este instante, es la tendencia a
conceder impunidad. Desde su arribo al Solio de Ocampo ha estado denunciando la
debacle financiera que heredó de los gobiernos emanados del PRD. No hay día en
que en términos declarativos citen cifras que oscilan entre 25 mil 376 millones
de pesos hasta 40 mil millones de pesos, provocando la confusión ciudadana a
tal grado que comienza a generarnos dudas sobre la autenticidad de lo que se
cita.
Lo que no se ha explicado con
claridad meridiana es el por qué no hay responsables específicos. Siempre los
señalamientos se dirigen en términos genéricos, pues son referidos al gobierno
de Leonel Godoy Rangel. Y hasta ahí llega su denuncia. Los exfuncionarios
perredistas siguen navegando entre su falsa honestidad y honradez, lo que deja
mucho que desear de la actual administración.
¿Por qué tanta complacencia? ¿Qué
arreglos están operando en los concordatos sotaneros que impiden dar
cumplimiento al ejercicio de la denuncia penal o administrativa? ¿Acaso el lic.
Fausto está dispuesto a transitar toda la ruta de su gobierno con este fardo de
expoliación financiera?
La impunidad y la corrupción
son dos formas de comportamiento que asumen y ejercitan nuestros políticos, un
ejercicio crónico que nos quieren endilgar como un mal tolerable en nuestro
corrupto sistema. Así, cuando la ciudadanía reclama la omisión de los
gobernantes para proceder conforme los dictados de las leyes, suelen
respondernos que no aplicarán una cacería de brujas ni politizarán el problema.
Los sospechosos potenciales, a su vez, expresan sus propias frases exculpatorias:
Se trata de revanchismos políticos, cortinas de humo para ocultar fallas
actuales o, ya en el delirio, ponen acento en el show mediático.
Juan Sabines en Chiapas,
Humberto Moreira en Coahuila, Fidel Herrera en Veracruz, Ulises Ruíz en Oaxaca,
Amalia García en Zacatecas, Andrés Granier en Tabasco, Ángel Aguirre en
Guerrero, Mario Marín en Puebla y, por supuesto, Leonel Godoy en Michoacán.
Todos enredados en saqueos a las arcas públicas y regodeándose en la impunidad
por la omisión de quienes les siguieron.
Carlos Fuentes en su novela “La
Muerte de Artemio Cruz”, pone en boca del personaje Gamaliel Bernal las
palabras siguientes: “…desventurado país
que cada generación tiene que destruir a
los antiguos poseedores y sustituirlos por nuevos amos, tan rapaces y
ambiciosos como los anteriores…” Y así ha sido siempre en nuestro México
tan depauperado. En cada proceso electoral creemos destruir la corrupción y el
cinismo. Caemos en las trampas demagógicas de quienes demandan nuestro sufragio
y caemos por igual en el mismo fango.
Un año… un año de auditorías,
arqueos, investigaciones y muchas faramallas declarativas, pero nada en
concreto. Y cuando un gobernante dilata la justicia pierde su legitimidad y el
apoyo de sus gobernados.
Finalmente, el día de ayer
trascendió la noticia de que el PRI promoverá el iva para alimentos y
medicinas. Al efecto el partido de marras modificará sus documentos básicos
para promover dicho gravamen, además de aceptar una mayor inversión privada en
Petróleos Mexicanos. Lástima, los priístas no han entendido aún el significado
de ser solidarios con el pueblo.
viernes, 4 de enero de 2013
Impuestos: el empacho del poder
Francisco RIVAS LINARES
Las declaraciones reiterativas
del director de la paramunicipal Ooapas, en el sentido de la urgente necesidad
de aumentar el costo tarifario al consumo del agua potable, encontró su
consumación en un incremento equivalente al 8%. Así, quienes se dicen gobernar
para el pueblo, aplican la verticalidad del lenguaje.
Sólo él poder habla, sólo el poder
dicta; y a los usuarios pretenden reducirnos al silencio y la obediencia pues
de lo contrario de no acatar el incremento de marras se correrá el riesgo de
que, al dicho de ellos, “…empecemos a
tener menos agua por los problemas que enfrenta el organismo para operar”.
La imposición de la cultura
recaudatoria que tanto gusta a quienes arriban al poder, contrasta con la
reducción de los servicios que obligadamente debería proporcionar el
Ayuntamiento. Así tenemos, por ejemplo, que la recolección de la basura se
concesionó a organizaciones que exigen pagos no sujetos a control, quedando
cautivos los habitantes del municipio a un cobro plegado al dicho “según el
sapo es la pedrada”.
El costo del alumbrado público
ya lo asumimos mediante un encaje que se nos endosa en el recibo de la Comisión
Federal de Electricidad, no obstante su inconstitucionalidad. Mucho se ha debatido
en torno a este asunto; sin embargo, los gobernantes deciden y no hay manera de
hacerlos retroceder.
Al respecto en la Jornada de
Michoacán del 23 de septiembre pasado, se publicó un exhorto del director de
alumbrado público dirigido a la ciudadanía para que no tramitáramos ningún
amparo que nos eximiera del impuesto correspondiente a este servicio; y al
reconocer que 50 personas ya no lo pagaban por tener tal beneficio del
multicitado amparo, aseguró que la mayoría de tales personas corresponden a
empresas trasnacionales. ¿No sería justo que nos diera a conocer cuáles son
esas empresas trasnacionales a las que todos nosotros les estamos pagando el
disfrute del alumbrado público? ¿Por qué el funcionario no hace el exhorto a
dichas empresas para que renuncien a los beneficios del amparo que les fue
concedido?
Pero volviendo al asunto del Ooapas,
su situación de quiebra técnica se debe atribuir a la pésima administración de
un personaje que gozaba de la simpatía política de las dos administraciones
anteriores. No obstante que se le demandaba al licenciado Fausto Vallejo que
removiera al señor Juan Luis Calderón de la dirección del organismo, hizo mutis
y no procedió así, tal vez buscando el afecto y la voluntad hacia el municipio del
señor Felipe Calderón, entonces presidente de la república y hermano del
personaje que citamos.
Lo que llama la atención es que
bajo parecidos argumentos que se esgrimieron para desaparecer Luz y Fuerza del
Centro, culpando a los trabajadores de dilapidación de recursos públicos, ahora
se enfilan las baterías en contra de las prestaciones logradas por los obreros
del organismo, como si la cancelación de las mismas fuera la panacea para
superar el escollo.
Si hay crisis en las empresas
es por culpa de los trabajadores. Si hay crisis en los fondos de pensiones es
por culpa de los pensionados. Si hay crisis en los gobiernos es por culpa de
los empleados. Bonita ecuación encontraron nuestros políticos para seguir
sometiéndonos a la “jodienda”
Nada bien nos pinta el año con
estos gobiernos. Si el incremento al salario mínimo fue de 3.9% y al agua le
suben 8% y el pago por trámites y servicios tendrán un incremento de 4%, pues
ya anularon de hecho el aumento miserable del salario mínimo.
Tal parece que las únicas
funciones que tiene el gobierno es la de agredir y ejercer en exclusividad la
autoridad, cuyo propósito es oprimir a sus gobernados. Tal parece que su
esencia es la dominación o al menos su tendencia. El establecimiento y
recolección compulsiva de impuestos constituye una agresión permanente de los
gobiernos hacia los ciudadanos. Sólo están pensando en imponer cobros bajo
argumentos tan abstractos como el desarrollo y el progreso sociales.
viernes, 28 de diciembre de 2012
jueves, 27 de diciembre de 2012
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