lunes, 2 de febrero de 2015

Los flagelos que inciden en la ingobernabilidad en México





Francisco RIVAS LINARES


Cuatro flagelos  inciden en la presunción de ingobernabilidad que priva en gran parte del territorio nacional: corrupción, impunidad, violencia y desigualdad.

La corrupción es toda conducta contraria a la ética y las normas para favorecer intereses particulares o de grupo en perjuicio del interés común de la sociedad. La impunidad es la ausencia de castigo para un acto de corrupción. Visto así, ambas se complementan.

El tercero de los flagelos citados, la violencia, es el uso intencional de la fuerza contra otra persona, grupo o comunidad para provocarle lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos de desarrollo.

Desigualdad social es la situación inequitativa en que se encuentran las personas por cuanto al acceso a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad valora: económico, cultural y educativo. México es el país con mayor porcentaje desigual de todos los  integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues los ingresos de las mayorías no alcanzan ni para obtener los alimentos y satisfactores más elementales.

La denuncia pública ha dejado al descubierto la corrupción que priva en los tres poderes del gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Una corrupción que les impide estar a la altura de la crisis por la que actualmente la sociedad está atravesando. La prensa internacional ha llegado al colmo de calificar a Enrique Peña Nieto como un Presidente que no entiende que no entiende, para referirse con tal sarcasmo a su irresponsabilidad junto con los miembros de su gabinete.

La violencia se instaló con mayor rigor desde que Felipe Calderón decidió combatir la violencia del narcotráfico con violencia a partir de la implementación de los falsos positivos, es decir, presentar a los civiles muertos como miembros de grupos armados. Su empeño por justificar los equívocos de las fuerzas armadas, le hacían caer en el gazapo de re-victimizarlos con la falsa etiqueta de que se trataba de personas con ligas a la delincuencia organizada.

En la ejecución de los 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya estado de México y de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos en Iguala, Guerrero, inicialmente se quiso aplicar la misma estrategia. Aquéllos, presentados como una banda de secuestradores, y los estudiantes como un grupo filtrado por el cartel de Los rojos.

El fracaso ha sido rotundo. El hartazgo ya le ha impedido al gobierno seguir manejando los mismos garlitos, provocando incluso un escándalo no sólo en lo interno, sino incluso allende las fronteras.

Ahora la Procuraduría General de la República se ha negado a tipificar el caso Ayotzinapa como desaparición forzada. Y esto se debe a que es de urgencia para el gobierno federal cerrar el caso; y de tipificarlo como tal –desaparición forzada-  éste no prescribirá en tanto no aparezcan las personas ausentes.


El gobierno federal navega por las procelosas aguas de la incredulidad, la simulación y la desconfianza. ¿Habrá la suficiente inteligencia para llevar al país a buen puerto?

Legitimidad cuestionada




Francisco RIVAS LINARES


La estadística resulta demasiado cruel. En un lapso de siete años, periodo en que ha perdurado una guerra por el control del mercado de las drogas, su saldo trágico se sienta en las siguientes cifras: Más de 120 mil personas asesinadas, 23 mil personas desaparecidas, 257 mil familias desplazadas y más de 25 mil huérfanos.

La crisis humanitaria es evidente. Principiando por quienes desde el ejercicio del poder su indolencia manifiesta ante el sufrimiento de sus gobernados denota sus equívocos funcionales, pues lejos de otorgarnos la seguridad que por ley y ética política están obligados, se han convertido en contribuyentes de las estadísticas citadas.

La legitimidad que debería ser base y sustento de todo gobierno, ha venido acentuando fisuras que obviamente le debilitan su aceptación social, tales como la credibilidad en sus dichos, los conflictos de interés que se hacen evidentes, la corrupción que corre al galope de la impunidad con que blindan a miembros de sus “camarillas”, los tropiezos declarativos en asuntos hipersensibles como Tlatlaya y Ayotzinapa; todo ello, cual caldo de cultivo, hace que se dude del estado de derecho que tanto invocan.

Repartir culpas y apostarle al olvido, parecen ser los últimos recursos de que se valen. Y la reacción tardía ante los acontecimientos que reclaman transparencia y claridad, es solventada con discursos anodinos y propios para ingenuos. Ello constituye un insulto a la inteligencia de los mexicanos, lo que aviva la indignación y el resentimiento social.

Votar… ¿para qué? ¿Para encumbrar a “chapulines” ñoños que se han convertido en auténticos agresores de sus representados? ¿Para que nos nieguen la participación en la toma de decisiones que repercuten drásticamente en nuestra seguridad física, en la administración de la economía, en nuestro bienestar social? ¿Para que se sigan hinchando de dinero mal habido? Los errores se contabilizan y se cobran y ha llegado el momento de cobrarles su traición a la sociedad.

Ya estamos hartos de su comportamiento mezquino de total desprecio a nuestra dignidad. La consolidación de la democracia no se puede lograr sin una ciudadanía fuerte, informada y con capacidad de exigir cuentas, debatir y deliberar; y ustedes, los políticos, adolecen de facultades propias para consolidarla, pues tiene una concepción larvaria de la democracia. Además,  la inteligencia es el menor de sus atributos.